Publicado el 11 de febrero de 2026
Guillermo Folguera advierte que redefinir lo que se considera un glaciar o ambiente periglacial dejaría desprotegidos a numerosos cuerpos de hielo que son fundamentales para el ciclo hídrico. El investigador enfatiza que estas reformas no responden a una necesidad científica, sino a una presión económica que pone en riesgo las reservas de agua dulce en un contexto de crisis climática global, afectando la estabilidad de los ecosistemas de montaña. Por su parte, Claudia Huircan, desde la Red Iglesias y Minería, aporta una visión centrada en los territorios y las comunidades que dependen directamente de estas fuentes de agua. Subraya que el agua es un bien común y un derecho humano que debe prevalecer sobre los intereses corporativos, denunciando que las modificaciones legales suelen hacerse sin una consulta real a las poblaciones locales. Ambos coinciden en que la protección de los glaciares es una cuestión de soberanía y supervivencia, alertando que permitir la actividad minera en zonas periglaciales tendría consecuencias irreversibles y catastróficas para el abastecimiento de agua en gran parte del país.

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