«El resguardo de la honra de un Lonko no responde a la protección de un cargo civil, político o transitorio», subraya la carta. «El Lonko detenta una investidura permanente de carácter espiritual, político y social.» Las comunidades concluyen: «Exigimos que el Ministerio Público se constituya en un garante de la paz social y no en un actor de la guerra contra el pueblo mapuche».

Cinco pueblos originarios, 643.000 hectáreas en Salta y una condena histórica al Estado argentino por violar el derecho al territorio comunitario indígena, al ambiente sano y a la alimentación. A seis años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los gobiernos nacional y provincial demoran el cumplimiento del fallo y el reclamo indígena sigue en pie. Cronología de un caso emblemático.

Evalúan la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas naturales protegidas y reservas indígenas.

Organizaciones civiles y víctimas de desplazamiento forzado y despojo territorial denunciaron una presunta estrategia de criminalización contra comunidades indígenas integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) que defienden su territorio en los municipios de Chilón, Ocosingo, Salto de Agua y Teopisca en Chiapas, al sur de México.

Comunidades acusan racismo institucional y persecución política detrás del juicio

Un hecho que marcará la historia judicial ocurrió este martes, cuando el lonko Florentino Curican, del territorio pewenche de Lonquimay, declaró como testigo de la defensa en mapuzungun, lengua materna, con traducción de la Defensoría Penal Pública Mapuche y la propia Fiscalía—un hito inédito en años de persecución a autoridades ancestrales, consagrado en el Convenio 169 de la OIT y en leyes nacionales.