La captura estatal en la batalla fiscal de los multimillonarios
Una plutocracia compró los mecanismos del Estado para perpetuar una era de privilegios feudales (El Tábano Economista)
Cualquier
debate que pretenda ser serio sobre la arquitectura del capitalismo en el siglo
XXI debe, por necesidad ineludible, contener en su núcleo una discusión frontal
sobre la fractura central de nuestra época: la que separa de manera profunda a
los ricos de los pobres.
Esta
no es una división natural o un mero resultado de diferencias de talento o
esfuerzo; la concentración extrema de ingresos y riqueza que define nuestro
tiempo no es un subproducto accidental del crecimiento económico, sino el
resultado deliberado de decisiones políticas e institucionales tomadas durante
décadas de ofensiva ideológica. Un proyecto de ingeniería social a la inversa,
cuyas herramientas maestras han sido la desregulación financiera desbocada, una
globalización asimétrica diseñada para el capital y no para el trabajo, y la
construcción paciente de un sistema fiscal que, lejos de ser progresivo, opera
como un mecanismo de redistribución inversa, succionando recursos del conjunto
de la sociedad para depositarlos en los bolsillos de una minoría ya
obscenamente acaudalada.
La
imagen de los multimillonarios conspirando en una sala oscura es un simplismo
que oculta una realidad mucho más insidiosa y poderosa. Ellos no necesitan
manejar los Estados desde las sombras porque, simplemente, han logrado algo más
profundo y duradero: ejercen una influencia sistémica, estructural, sobre las
propias reglas del juego económico y político.
Su
poder no reside en violar las normas, sino en escribirlas. Esta captura del
Estado, un fenómeno documentado y no una mera teoría de la conspiración,
permite a las corporaciones y a los magnates que las controlan financiar
candidatos para influir directamente en la composición misma de los gobiernos,
obteniendo a cambio un acceso privilegiado y constante a los procesos
ejecutivos, legislativos, judicial y regulatorios.
Para comprender la magnitud de este fenómeno es
imperativo comenzar por el principio, por el flujo de capital que lubrica toda
la maquinaria. Los multimillonarios siguen inundando la democracia
estadounidense, y por extensión la de muchos otros países, con un diluvio de
dinero que convierte la igualdad política formal en una farsa. Un dato, frío y
elocuente, basta para ilustrarlo: tan solo 100 familias en los Estados Unidos
han invertido una cifra récord de 2.600 millones de dólares en
las elecciones federales de 2024, lo que representa uno de cada seis dólares
gastados en total.
Esta astronómica cifra duplica la cantidad donada por
los multimillonarios estadounidenses en las elecciones presidenciales de 2020.
Y representa un aumento de casi 160 veces en el gasto político desde que la
infame ley Citizens United de la Corte Suprema de
2010 abrió las compuertas al permitir las donaciones ilimitadas a las campañas,
equiparando el dinero con la libertad de expresión y transformando la política
en un mercado de influencias.
La
gran mayoría de este oro negro político apoyó a candidatos republicanos. Los
100 principales donantes de familias multimillonarias destinaron el 70 % (1.840
millones de dólares) de sus donaciones a comités que respaldaban a candidatos
republicanos, mientras que el 23 % (594 millones de dólares) se destinó a
entidades que respaldaban a candidatos demócratas, lo que revela una clara
preferencia por un partido históricamente más alineado con la desregulación y
los recortes fiscales para los más ricos.
El caso de Elon Musk es paradigmático: se erigió en el
mayor inversionista político del ciclo electoral de 2024, aportando más de 278 millones de dólares a candidatos republicanos,
casi la totalidad en apoyo directo a la reelección presidencial de Donald
Trump. Es conmovedor notar que sus contribuciones de campaña fueron cuatro
veces superiores a lo que Musk pagó anualmente en impuestos federales sobre la
renta entre 2013 y 2018, un dato que encapsula a la perfección la perversa
ecuación del poder contemporáneo: la influencia política se compra con lo que
se ahorra en impuestos.
La conquista del Estado no es, insistimos, una
fantasía conspirativa; es un fenómeno estudiado y denominado «captura regulatoria«, un proceso donde los medios de difusión, cada vez
más concentrados, y las redes sociales, controladas por estos mismos intereses,
tienen el dominio casi absoluto de la narrativa pública. Los laboratorios de
ideas (Think
Tanks), generosamente financiados por estas
élites producen un flujo constante de investigaciones seudocientíficas que
legitiman políticas favorables a los ricos —como rebajas de impuestos para las
grandes corporaciones o la desregulación de sectores claves—, presentándolas
ante la opinión pública como medidas «técnicamente necesarias» para el
crecimiento económico, un mantra que esconde una transferencia masiva de
recursos hacia arriba.
Sin
embargo, ¿cuáles son los beneficios concretos, la hoja de ruta de esta captura
estatal? Estos van desde la puerta giratoria —donde altos funcionarios pasan a
trabajar para las empresas que antes regulaban y viceversa— y el lobby
descarado, hasta el financiamiento de campaña que hemos descrito. No se trata
de una conspiración secreta, sino de un proceso sistémico y abierto cuyo
objetivo final es asegurar que las personas que toman las decisiones clave en
el Estado sean permeables o directamente aliadas de sus intereses corporativos.
El botín para los aportantes se materializa en un
catálogo de privilegios: la creación de leyes impositivas favorables, es decir, un código tributario deliberadamente
complejo y plagado de exenciones, créditos y deducciones para los ingresos del
capital, que tributan a tipos mucho menores que el trabajo asalariado; la imposición de leyes laborales
favorables al capital, presionando contra el aumento del
salario mínimo federal, debilitando los derechos de sindicalización y
facilitando la clasificación fraudulenta de los trabajadores como «contratistas
independientes» para eludir sus obligaciones; la omisión sistemática de regulaciones, desmantelando metódicamente las normas ambientales,
financieras o de seguridad que se consideran «barreras» para los
negocios; el
afianzamiento de monopolios y oligopolios mediante
el debilitamiento estratégico de las agencias antimonopolio, asegurándose que
las leyes de competencia no se apliquen con rigor.
Facilitar la evasión fiscal y la falta de control sobre los paraísos
fiscales, permitiendo que la riqueza se oculte en jurisdicciones opacas;
el aumento
de su colonialismo en la cadena de suministros, utilizando su poder de negociación y la
deslocalización para explotar mano de obra barata y normas ambientales laxas en
países en desarrollo; la
privatización de servicios públicos esenciales, presionando para que servicios estatales como la
salud, las prisiones, el agua y la educación se subcontrasten a empresas con
fines de lucro, transformando derechos ciudadanos en oportunidades de
negocio; la
influencia directa en la política exterior y militar, donde las industrias de defensa y energía tienen un
interés directo en las decisiones de guerra y paz; y, finalmente, la captura del sistema legal a través de la
inclusión en los tratados de comercio internacional de cláusulas de Solución de Controversias entre
Inversores y Estados (ISDS), que permiten a las corporaciones demandar a los
gobiernos soberanos ante tribunales privados si sus políticas, por ejemplo,
ambientales o sociales, afectan las ganancias esperadas.
En
este contexto, gravar a los multimillonarios y detener su concentración de
riqueza se ha convertido, en 2025, en una de las luchas políticas centrales a
nivel global. Basado en discusiones recientes en medios, académicos y tanques
de pensamiento, esta agenda gana una tracción sin precedentes como respuesta
lógica a una concentración de riqueza que, en 2025, supera los $16 billones
(casi el PIB de China) en manos de unos 3.000 multimillonarios, mientras el 50
% más pobre de la población mundial posee solo el 2 % de la riqueza global.
El
corazón del debate fiscal moderno ya no se centra solo en los ingresos, sino en
cómo abordar la riqueza acumulada y las lagunas legales que permiten
estrategias de elusión tan ingeniosas como cínicas. La iniciativa del G20 para
gravar a los súper ricos, impulsada con fuerza por la presidencia de Brasil y
apoyada por economistas de la talla de Gabriel Zucman, busca precisamente
cerrar estas brechas, proponiendo a menudo una tasa mínima del 2 % sobre el
patrimonio neto de los individuos más acaudalados. Este acuerdo histórico, aún
en gestación, busca contrarrestar la principal dimensión externa de la evasión
fiscal: la competencia fiscal depredadora entre países que anima a los súper
ricos a trasladar su residencia o sus activos a jurisdicciones con impuestos
bajos o nulos, en una carrera hacia el abismo que deja a los Estados sin los
recursos necesarios para financiar servicios básicos.
Esta
iniciativa se ve no solo como una herramienta esencial para reducir la
desigualdad, sino como un mecanismo vital para financiar las enormes
inversiones requeridas para las transiciones sociales del siglo XXI. Sin
embargo, la principal preocupación, y el talón de Aquiles de cualquier esfuerzo
de este tipo, radica en que, si el impuesto no es verdaderamente global y
coordinado, los millonarios simplemente moverán su residencia fiscal y sus
activos a países que no lo apliquen, lo que llevaría a la temida «fuga de
milmillonarios», un chantaje fiscal al que los Estados han sido históricamente
vulnerables.
Para gravar la riqueza que ya ha sido concentrada
mediante estos mecanismos, el principal instrumento propuesto es el impuesto al
patrimonio, también conocido como impuesto a la riqueza o a las grandes
fortunas. Se trata de un gravamen anual que se aplica sobre el valor neto total
de los activos de una persona, no solo sobre sus ingresos. Su virtud
fundamental es que aborda directamente la riqueza acumulada, incluyendo las ganancias no realizadas, es decir, el aumento en el valor de los activos del
titular.
En
resumen, esta lucha no es solo sobre gravar, sino sobre reequilibrar el poder:
detener la concentración que permite a multimillonarios «adueñarse» de los
Estados vía el cabildeo. Si gana terreno, podría redefinir la política
económica global en 2026.
Fuente: rebelion.org
