Amazonía asediada por economías ilícitas
Informe de Amazon Watch muestra que las economías ilegales y las respuestas de los gobiernos amenazan a los pueblos indígenas.
Se trata de actividades como la minería ilegal del oro y el narcotráfico que operan como sistemas interconectados, se integran en los mercados globales y reconfiguran las dinámicas de poder, control y seguridad en la región.
Sin embargo, el informe cuestiona que esta expansión de economías ilícitas solo se está entendiendo como un problema de criminalidad y seguridad pública, sin considerar que amenaza la existencia de los pueblos indígenas.
El documento analiza cómo en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, estas actividades debilitan tanto los sistemas de gobernanza estatal como los comunitarios, e imponen mecanismos de control social y económico sobre las poblaciones locales.
“Las redes criminales restringen el acceso a los recursos naturales, presionan o cooptan liderazgos, sabotean los procesos de titulación de tierras y obligan a las comunidades a reorganizar la vida cotidiana bajo regímenes de miedo, vigilancia y dependencia”, señala el informe.
El informe se basa en testimonios de líderes indígenas recogidos durante el Encuentro Internacional de Defensores realizado en Pucallpa, Perú, a inicios de este año, donde más de 60 líderes de la Amazonía occidental denunciaron cómo las economías ilícitas y el crimen organizado.
El informe reconoce la necesidad de la intervención estatal, pero concluye que los gobiernos continúan priorizando estrategias reactivas centradas en la militarización de los territorios.
Raphael Hoetmer, director del Programa de la Amazonía Occidental en Amazon Watch, resaltó la necesidad de incorporar enfoques interculturales en las políticas de seguridad y controlar las cadenas de suministro que conectan estas economías con los mercados globales.
Amazon Watch y organizaciones indígenas piden a la comunidad internacional, en particular a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y a los Estados parte de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, intervenir.
La finalidad es que estas organizaciones reconozcan la amenaza que las economías criminales representan para los territorios y derechos indígenas, así como el papel vital que desempeñan los pueblos indígenas en la protección de la naturaleza y la paz social. Este reconocimiento debe traducirse en un mayor apoyo político y financiero, así como en mecanismos de participación vinculante.
Asimismo, solicitan el desarrollo de un protocolo internacional sobre delitos ambientales que reconozca su carácter transnacional, fortalezca la cooperación y aborde sus vínculos con las cadenas de suministro globales.
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