Policías y militares no podrán ser investigados por la justicia ordinaria por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

Servindi, 20 de julio 2026.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) expresó su rechazo ante la aprobación de la ley que amplía las competencias del fuero militar policial, para que militares y policías no sean alcanzados por la justicia ordinaria.

La organización considera que la norma contraviene el marco internacional de derechos humanos, que establece que las violaciones de derechos humanos deben ser investigadas y juzgadas por la justicia ordinaria, y no por una jurisdicción excepcional.

“Rechazamos la aprobación de la ley que amplía las competencias del fuero militar policial, impulsada por Fuerza Popular y aprobada con el respaldo de diferentes bancadas de un Congreso que culmina su mandato con niveles históricos de desaprobación ciudadana”, expresó la Cnddhh.

La Coordinadora indica que la ampliación de facultades del Fuero Militar Policial crea un marco legal que favorece el uso indebido de la fuerza e impide que quienes cometan graves violaciones de derechos humanos sean juzgados por la justicia ordinaria.

En consecuencia, se restringe las posibilidades de que las víctimas accedan a una investigación independiente. Lo más preocupante es que la norma, ordena el archivo de investigaciones que aún se encuentran en trámite, consolidando escenarios de impunidad.

“No se puede seguir legislando para proteger a los responsables en lugar de garantizar los derechos de las víctimas. Exigimos que el Estado peruano cumpla sus obligaciones constitucionales y garantice el acceso a la justicia” instó la Cnddhh.

La norma cuestionada fue promulgada por el fujimorista Fernando Rospigliosi en su calidad de presidente del Congreso, luego que no fuera observada ni promulgada por José María Balcazar, quien ostenta el cargo de presidente.

De esta manera, no se podrá seguir de manera simultánea procesos penales en la justicia ordinaria y justicia militar policial contra los mismos militares o policías investigados o procesados.

La normativa también incorpora la pena de cadena perpetua para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que colaboren con bandas u organizaciones criminales.

La ley fue promulgada a pesar que en junio de este año Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, exhortó al Estado peruano no aprobar el proyecto de ley, señalando que favorecía la impunidad e iba contra la investigación contra violaciones de derechos humanos.

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Fuente: www.servindi.org

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