Así lo denuncia la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) que denuncia que la norma aprobada el miércoles 9 de julio dejará sin justicia más de 150 sentencias y 600 procesos judiciales.

La norma “borra décadas de lucha por justicia y verdad”  y cientos de procesos “están en riesgo”, comentó tras la aprobación de la iniciativa legal.

La Cnddhh, articulación que ha acompañado y denunciado varios casos de abusos durante el conflicto interno remarca que “esta ley viola sentencias internacionales y protege a violadores de derechos humanos, no a la democracia”.

Recordó que en las últimas décadas se sancionó a los integrantes del grupo militar encubierto Colina, responsables de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, casos por los cuales el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado por abusos a los derechos humanos.

También el exministro Daniel Urresti fue condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y el exmilitar Telmo Hurtado sentenciado por la matanza de Accomarca, en la que fueron asesinadas 69 personas, entre ellas 22 niños.

“Con la entrada en vigencia de esta ley, todos ellos podrían quedar en libertad”, advirtió la Cnddhh en un comunicado compartido en su cuenta de X. 

La Cnddhh convoca para el jueves 10 de julio a las 10 a. m. a una conferencia de prensa en su sede institucional para pronunciarse y alzar su voz y la de los familiares víctimas del conflicto armado interno. La cita es en el Jr. Pezet y Monel 2467, Lince, en Lima.

La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) se pronunció rechazando la aprobación de la Ley de Amnistía y sostiene que “no puede haber reconciliación sin sanción a los responsables”.

Exige al Ejecutivo y al Tribunal Constitucional frenar la barbarie legal y al Ministerio Público y el Poder Judicial “inaplicar esta ley en base a los convenios internacionales de Derechos Humanos y la jurisprudencia existente”.

También solicita a la comunidad internacional y a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos actuar conforme a sus facultades “para impedir esta afrenta a la justicia”.

Con 16 votos a favor, once en contra y cero abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso de la República ratificó la primera votación realizada en junio pasado y quedó lista para su promulgación por el Ejecutivo.

La aprobación se produjo a pesar de la controversia por el alto número de militares y policías procesados por presuntos abusos a los derechos humanos cometidos en los años del combate al terrorismo.

El autor del dictamen aprobado es el parlamentario Jorge Montoya, un exjefe de las Fuerzas Armadas que pertenece a la bancada ultraconservadora de Honor y Democracia, y el encargado de sustentarlo fue el parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi.

Durante la primera votación, Rospigliosi sostuvo que se propone amnistiar a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000.

Además, incluye a los que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años.

La ley no será aplicable “a los denunciados o imputados por terrorismo o por delitos de corrupción de funcionarios, quienes deben ser objeto de los procesos penales correspondientes, de conformidad con las normas pertinentes”.

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