Bolivia: ¿Firma de acuerdo pondrá fin a protestas?
El acuerdo fue firmado por Paz y el máximo representante de la COB, el minero Mario Argollo, después de una reunión realizada a puertas cerradas entre una delegación de la entidad sindical y cinco ministros del gobierno en la Casa Grande del Pueblo.
El acuerdo llega tras casi dos meses de cierres en las principales rutas del país, en medio de una movilización contra el Gobierno de Paz que generó interrupciones de suministros y escasez.
Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en la noche del viernes aún se registraban 42 puntos de bloqueo en la red vial principal, reportó Telesur.
No obstante y luego de suscrito el acuerdo el presidente Rodrigo Paz anunció el sábado 20 de junio a todo Bolivia un estado de excepción “para liberar las carreteras del país».
“Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad», indicó el mandatario en una alocución televisada.
La Federación de Campesinos de La Paz “Túpac Katari” mantiene su presión sobre el Gobierno con un pliego de cinco exigencias consideradas irrenunciables. Los dirigentes advierten que, de no ser atendidas en un plazo inmediato, los bloqueos en las 20 provincias paceñas se masificarán.
Las cinco demandas centrales son:
Control de combustibles: Creación de una comisión para verificar la calidad de la gasolina y el diésel en fronteras, denunciando la circulación de “gasolina basura”.
Alivio económico por seis meses: Suspensión de intereses, multas y cargos por mora en créditos de transportistas, gremiales, artesanos y productores.
Abrogación de decretos supremos cuestionados: Rechazan normas que, según la Federación, facilitan minería en áreas protegidas, privatizan parcialmente combustibles y concentran poder político.
Amnistía presidencial: Liberación y reparación para dirigentes y familias afectadas por los conflictos recientes, incluyendo heridos y fallecidos.
Derogación de la Ley 1740 (Estados de Excepción): Consideran que habilita la intervención militar en conflictos internos y piden investigar grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista.
La Federación acusa al Gobierno de Rodrigo Paz de traicionar a las bases campesinas al firmar un acuerdo con la COB sin atender estas demandas.
De otro lado “se ha determinado radicalizar los piquetes de huelgas de carreteras”, dijo Antonio Mallku, dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Cabe mencionar que las exigencias de la Federación Túpac Katari se alinean en gran medida con las de otros sectores campesinos e indígenas, especialmente en la defensa de recursos naturales y la oposición a la militarización.
Sin embargo, su énfasis en la calidad de combustibles y la exigencia de respuestas inmediatas marcan un perfil propio más radical y territorial.
Organizaciones como la CONAMAQ y la CIDOB también han cuestionado los decretos que habilitan la actividad minera y de hidrocarburos en áreas protegidas sin consulta previa.
Además, la exigencia de consulta y consentimiento es un punto común en casi todas las organizaciones indígenas.
El acuerdo entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) contiene una amplia agenda de trabajo orientada a consolidar la pacificación del país, atender demandas sociales y económicas de distintos sectores.
También se contemplan medidas orientadas a recuperar la actividad productiva tras semanas de conflictividad y bloqueos.
El acuerdo denominado “Puntos de acuerdo al planteamiento para la pacificación y la recuperación del país entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana”, establece compromisos conjuntos en materia económica, laboral, social e institucional.
Su objetivo es restablecer la normalidad, garantizar el abastecimiento de productos, combustibles y generar condiciones para la reactivación económica.
Entre los principales puntos consensuados figura la conformación de mesas técnicas de trabajo para dar seguimiento a las demandas planteadas por la COB, además de mecanismos de coordinación permanente entre el Gobierno y la COB para evaluar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
La agenda también contempla acciones orientadas a fortalecer la estabilidad económica, proteger el poder adquisitivo de la población y promover medidas que contribuyan a preservar el empleo y la actividad productiva en el país.
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