Argentina: ataques a la memoria, verdad y justicia
Foto: Mónica Paz (LatinContent via Getty Images)
Expertos de la ONU llaman a que autoridades argentinas cesen en desmantelamiento de la justicia transicional. Llaman a detener discursos de odio y negacionismo.
Al conmemorarse 50 años del inicio de la dictadura militar en el país, los expertos expresaron su preocupación por las medidas regresivas y el desmantelamiento de instituciones dedicadas a la memoria que se vienen registrando.
El grupo de especialistas recordó que el Estado argentino tiene la obligación de garantizar la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y la no repetición.
«Instamos a las autoridades a restablecer sin demora las instituciones y políticas desmanteladas y a cesar las acciones que erosionan el legado histórico», señalaron.
Ante rumores sobre posibles indultos a militares condenados por crímenes, los expertos urgieron al Gobierno a no tomar ese camino.
«Los indultos por graves violaciones de los derechos humanos están estrictamente prohibidos por las normas perentorias del derecho internacional», advirtieron.
El grupo, conformado por relatores especiales y grupos de trabajo, reconoció que desde el retorno a la democracia, en 1983, Argentina se consolidó como “un referente mundial en materia de justicia transicional»:
«Durante décadas el país avanzó enormemente en la lucha contra la impunidad y en garantizar los derechos a la verdad y a la memoria. […] hoy estamos observando un rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina en este ámbito», subrayaron.
En esa línea, recordaron la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), del Banco Nacional de Datos Genéticos o la restitución de la identidad de niños desaparecidos.
También destacaron medidas como el juicio a las Juntas Militares, el enjuiciamiento de más de mil perpetradores de crímenes de lesa humanidad y el establecimiento de decenas de sitios y políticas de memoria.
Sin embargo, desde 2024, el Gobierno argentino ha retrocedido en estos avances históricos.
Así se demuestra en el debilitamiento de mecanismos de reparación y apoyo a víctimas, la reducción del papel del Estado en la promoción de investigaciones penales por crímenes contra la humanidad o la obstrucción del acceso a los archivos de la dictadura.
También se han desmantelado instituciones dedicadas a la memoria, la búsqueda de personas desaparecidas, la conservación de archivos y la promoción de los derechos humanos.
«Estas medidas socavan los cimientos de la justicia transicional, la democracia y el Estado de derecho, a la vez que debilitan las garantías de no repetición», advirtieron.
Asimismo, expresaron su preocupación por el negacionismo, la glorificación de las violaciones de derechos humanos de la dictadura, los discursos estigmatizantes contra víctimas y organizaciones de derechos humanos, y las descalificaciones de las políticas de justicia transicional.
«Las autoridades deben abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio en relación con estos crímenes y sus víctimas. Intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas o revisionistas constituye otro retroceso alarmante y una violación de los derechos humanos», afirmaron.
«Argentina no puede cometer el mismo error otra vez. Por el contrario, debe consolidar y construir sobre su exitoso legado de justicia transicional para garantizar una reconciliación efectiva y la no repetición», agregaron.
El grupo de expertos estuvo conformado por
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