Por Claudia Castro
En medio de empujones y reclamos por el respeto a la ley electoral, el Ministerio Público de Guatemala decomisó, este sábado, varias cajas que contenían actas con los resultados de las elecciones de la primera y segunda vuelta, según informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Este sábado 30 de septiembre miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Guatemala sacaron de la sede del Tribunal Electoral las actas de las elecciones presidenciales de este año, con el apoyo de la Policía Nacional Civil de Guatemala, quienes formaron un vallado humano para poder retirar las cajas de la sede.
Los empujones ocurrieron cuando empleados e incluso algunos magistrados intentaron impedir que se llevaran los documentos porque aseguran que la ley electoral le delega al TSE la exclusiva custodia del material electoral.
“Bastaba con que nos pidieran las certificaciones de todos estos documentos”, dijo a periodistas Blanca Alfaro, magistrada del TSE.
Entre lágrimas indicó, “dejaron documentos importantes que pertenecían a las cajas”, además denunció que la tiraron y a los magistrados los golpearon. “Ellos pusieron en el acta todo lo que quisieron, nadie intervino, nadie evitó absolutamente nada”.
En este contexto, invitó a los periodistas a pasar a las instalaciones para dar testimonio de cómo había quedado todo luego del allanamiento que duró alrededor de 15 horas.
Alfaro remarcó “nosotros no somos garantes de ningún acta, se llevaron todas las cajas con todos los resultados”, y subrayó que al salir de la institución, “nosotros no sabemos qué pueden hacer con ellos” a pesar de que sean devueltos.

El allanamiento inició el viernes con el fin de buscar evidencias para fortalecer una investigación en curso por posibles irregularidades en el proceso electoral, de acuerdo con el Ministerio Público.
El Tribunal Supremo Electoral condenó este allanamiento y consideró que es una muestra del interés de algunos grupos de desestabilizar y deslegitimar el proceso electoral.
Los miembros del Ministerio Público abrieron cajas y dejaron en las oficinas documentos que estaban ordenados y clasificados en cada una de las cajas y zona del país al que pertenecía. “Estaban dentro de cada caja, y esto tenían bolsas que estaban debidamente identificadas, así que señores lo lamentamos mucho, pero como Tribunal Supremo Electoral tenemos que ser responsables en decir que dónde vamos a colocar eso, si eso devenía de una caja debidamente identificada que ahora se han llevado”, dijo Alfaro en declaraciones a la prensa.
El Ministerio Público asegura que se ha decomisado evidencia en un caso que tiene reserva, pero aclaró que está relacionado a los últimos allanamientos que realizó en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, donde abrió cajas electorales e hizo recuento de votos, a partir de una denuncia ciudadana, sin que hasta ahora se conozcan más detalles.
A raíz de este nuevo allanamiento, el TSE interpuso la noche del viernes dos recursos ante la Corte de Constitucionalidad porque denuncian que se realizó sin haber exhibido una orden judicial que respalde ese acto para incautar las actas 4 y 8, que contienen los resultados electorales y son documentos únicos e irrepetibles, cuyo debido resguardo corresponde al TSE.
Los hechos ocurridos esta semana han provocado una nueva ola de condenas internacionales y llamados a que se respete la voluntad de los electores.
Estas acciones realizadas dirigidas por Rafael Curruchiche, son respaldadas por la fiscal general, Consuelo Porras, y los allanamientos han sido autorizados por el juez Fredy Orellana. Los tres son considerados por Washington como personajes “corruptos” y “antidemocráticos” y han sido también duramente criticados por el secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Además, el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, criticó en las redes sociales el operativo.
Cabe recordar que el Ministerio Público ya había intervenido con allanamientos a mediados de septiembre, donde el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el rompimiento del diálogo con el gobierno saliente de Alejandro Giammattei, suspendiendo la fase de transición ante el accionar de la fiscalía, donde relacionó a la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, calificandolos de emprender una “asociación perversa”.
En este contexto, el fiscal Rafael Curruchiche dijo en su momento, que el allanamiento e inspección de las cajas se dio tras la denuncia de un ciudadano por supuestas anomalías en las elecciones de primera vuelta en Guatemala y agregó que no había “ninguna implicación directa al partido político Semilla para que se quieran victimizar e ir a organismos internacionales o a gobiernos extranjeros. No hay ninguna relación por el momento. Estas diligencias las vamos a realizar estos días verificando los hechos denunciados por una persona”.