A tres años de la masacre en Puno, la herida sigue abierta ante un Estado que, lejos de asumir su responsabilidad, ha perpetuado un manto de impunidad sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante las protestas sociales. Aquel 9 de enero de 2023 quedó marcado por el uso desproporcionado de la fuerza estatal contra ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta, resultando en una tragedia que hoy, sin sentencias ni justicia efectiva, se transforma en una denuncia permanente. La memoria de las víctimas exige que el aparato estatal rinda cuentas por crímenes que no pueden quedar en el olvido, mientras los pueblos originarios continúa señalando que el derecho a la verdad es innegociable frente al abuso de poder.

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