Panamá, 17 de junio de 2025 | Redacción Noelia Carrazana

La crisis social y política en Panamá se profundiza. Este martes se confirmó el fallecimiento de una persona en el área de Rambala, provincia de Bocas del Toro, durante las intensas manifestaciones contra el gobierno. Las autoridades afirman que “nadie sabe cómo ocurrió” el hecho, pero desde las comunidades se cuestionó con firmeza esta versión oficial y se exige claridad e investigación.

Mientras tanto, los educadores han ratificado la huelga indefinida que ya suma más de 54 días y reiteran su compromiso de lucha en defensa de la seguridad social y los derechos del pueblo.

La indignación nacional ha dado paso a una nueva Jornada Nacional de Protesta, convocada para este miércoles 18 de junio, con movilizaciones, cierres y concentraciones en todo el país.

La situación en Bocas del Toro es particularmente crítica. La provincia cumple cuatro días bajo la llamada “Operación Omega”, con el despliegue de 1,353 unidades de fuerzas de seguridad. La represión ha incluido el retiro violento de bloqueos, decomisos de galones de combustible y artefactos incendiarios, y múltiples enfrentamientos con la población.

Se han denunciado ataques aéreos y terrestres contra manifestantes, así como el uso de clavos y objetos punzantes en las vías, lo que ha elevado la tensión. Hasta el momento, se contabilizan al menos 34 personas detenidas y varios heridos, según reportes de los mismos manifestantes.

Pese a la represión, se mantienen 22 puntos de cierre en Bocas del Toro y otras regiones del país. La exigencia central sigue siendo la derogación de la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social, y el rechazo al memorando de entendimiento entre el gobierno y el Ejército de Estados Unidos, la reactivación minera, el embalse de un río, y otras políticas consideradas lesivas a la soberanía y al bienestar del pueblo.

El gobierno sostiene que el uso de la fuerza ha sido “mínimo y proporcional”, pero los hechos en el terreno, incluyendo la víctima fatal de hoy, contradicen esa narrativa.

Por otro lado, el dirigente Francisco Smith, uno de los impulsores de la recién sancionada Ley 471 (régimen especial para trabajadores bananeros), enfrentó este martes una audiencia de garantías en el Sistema Penal Acusatorio de Changuinola. Smith es acusado de apología del delito y de presuntas afectaciones por los cierres.

Con un país al borde de una crisis humanitaria y social más profunda, todas las miradas están puestas en lo que ocurrirá mañana, cuando miles de panameños saldrán a las calles en defensa de su dignidad, salud, territorio y derechos.

Fuente: FRENADESO y el Siglo

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