Por Noelia Carrazana

Una jornada nacional de protesta con más de 100 cortes simultáneos en distintas provincias volvió a poner en evidencia la creciente tensión social en Argentina. Más de 70 organizaciones sociales, piqueteras y de la economía popular bloquearon rutas y accesos clave, con epicentro en Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA), en rechazo a la decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar el programa “Volver al Trabajo”.

Según información difundida por ANRed, la medida impactará de forma directa en unas 950.000 personas, en su mayoría trabajadores desocupados, informales y mujeres que sostienen comedores y merenderos en barrios populares.

Un ingreso mínimo que desaparece

El cierre del programa fue anunciado por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, y dejará de percibirse a partir del 9 de abril.

Aunque el monto, 78.000 pesos mensuales, es decir aproximadamente 60 dolares, se encontraba congelado desde 2023 y resultaba insuficiente frente a la inflación, representaba un ingreso básico para cientos de miles de hogares. En ese sentido, su eliminación implica la pérdida de un “colchón” económico en un contexto marcado por el desempleo, la informalidad y el pluriempleo.

Además del impacto individual, organizaciones sociales advierten que el recorte afectará el entramado comunitario construido alrededor del programa, especialmente cooperativas, comedores y redes de asistencia territorial.

En la Ciudad y el conurbano bonaerense se registraron múltiples focos de protesta. Solo en CABA hubo al menos seis puntos de concentración, a los que se sumaron bloqueos en accesos estratégicos desde la provincia.

La jornada estuvo atravesada por momentos de tensión y episodios de represión en el marco de un amplio operativo policial desplegado para aplicar el protocolo antipiquetes.

Cambios en la asistencia: vouchers en lugar de programas

El Gobierno plantea reemplazar el programa por un esquema de vouchers orientados a la capacitación laboral. Sin embargo, organizaciones sociales cuestionan la efectividad de esta transición en el corto plazo, especialmente para sectores que dependen de ingresos inmediatos para subsistir.

También advierten que el nuevo esquema podría debilitar formas de organización colectiva que funcionaban en torno al programa, afectando no solo a los beneficiarios directos sino también a las economías locales en barrios populares.

Los más de 100 cortes en todo el país reflejan un escenario de creciente conflictividad social en Argentina. La combinación de ajuste fiscal, pérdida de ingresos, aumento del costo de vida y cambios en la política social configura un contexto inestable, con impacto directo en las calles.

Con nuevas medidas en marcha y acciones judiciales anunciadas por las organizaciones, el conflicto por la asistencia social y el rumbo económico promete seguir escalando en las próximas semanas.

Fuente: Anred, El Destape

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