La ultraderecha en el poder: Comentario rápido de una derrota anunciada
Por Pablo Parry
Luego de 4 años de un gobierno en desgaste, y casi un año de campaña, la extrema derecha chilena ha logrado hacerse con el poder con un contundente 58% de los votos, lo que a primera vista es un juicio categórico respecto del desgaste generalizado de las izquierdas chilenas tras la derrota del primer proceso constitucional de 2022.
Son varias las causales que nos llevan a la situación que hoy atravesamos: Por un lado, es una realidad que hay un juicio respecto del mandato de Boric, en tanto no se logró la implementación de los aspectos más importantes del programa de gobierno. La frustración derivada de aquel hecho inevitablemente iba a canalizarse por otras vías, en este caso, votando por aquel que interpretara mejor ese malestar. En esta vuelta, el pinochetismo se llevó el premio.
Uno puede por cierto hacer la salvedad que el gobierno partió con un congreso completamente en contra, que desde el primer momento se dedicó a torpedear la acción gubernamental, además de hacer todos los esfuerzos por desacreditar la Convención Constitucional de 2021-2022. Sin embargo, no se puede desconocer que el ejecutivo tomó decisiones políticamente muy impresentables, como lo que ha ocurrido con la aprobación de diversas leyes de claro signo anti-popular. A saber: La ley Naim Retamal, que profundizó la «legitima defensa» respecto del uso de armas de fuego por parte de agentes policiales; La ley de ISAPRES, que facilitó a dichas instituciones previsionales la posibilidad de pagar a 10 años las indemnizaciones por los perjuicios causados por el uso ilegal de tablas de factores; El TPP-11, tratado comercial en otro período criticado hasta por el propio presidente; el uso de los estados de emergencia para enfrentar problemas políticos como el conflicto con el pueblo-nación Mapuche; y algunos aspectos nocivos de la propia reforma de pensiones, que traspaso buena parte del aumento de las nuevas cotizaciones de pensiones hacia las AFP, además de limitar los requisitos para poder acceder al seguro social.
Era imposible esperar un resultado distinto, a la luz de tomar decisiones que abiertamente van en contra del propio programa gubernamental y que terminan empujando a la población a optar por opciones reaccionarias en las elecciones. Había una expectativa con el gobierno de Boric que estuvo fuertemente alimentada por las esperanzas derivadas de las movilizaciones sociales de 2019 que sencillamente no fue satisfecha. El resto es historia conocida.
Se impuso un seudo-pragmatismo por sobre el empujar las transformaciones que la sociedad mayoritariamente votó en 2021. Un «realismo político» que finalmente terminó por debilitar al gobierno, el cual termina asumiendo la política de la derecha, y que fortalece a esta última, en tanto logra apoderarse de la agenda pública e instalarse políticamente con la capacidad suficiente como para lograr el triunfo obtenido en estas elecciones.
En relación a la candidatura de Jeannette Jara, es una realidad que el impulso político logrado tras su contundente triunfo en las primarias presidenciales (con cerca del 60% de la votación), fue progresivamente desvaneciéndose a medida que se acercaba la primera vuelta presidencial. De un programa razonablemente de izquierdas, se da un giro hacia el centro. Y del centro, se termina en segunda vuelta apelando fallidamente al voto de Matthei y Parisi. Se fue desdibujando un relato político, a ratos acelerado por los propios equipos del comando presidencial, controlados en su mayoría por connotadas figuras de la antigua Concertación, que en un primer momento logró apelar a amplias capas de la población que se sintieron identificadas con la historia y propuesta política de la candidata.
Pero ello duró poco. Los sustantivos cambios al programa presidencial, en la que se pasó de plantear el fin de las AFP a solo aspirar a «implementar la reforma de pensiones», de plantear un «modelo basado en la demanda interna» a decir que eso fue una «frase desafortunada», de plantear la continuidad de los estados de emergencia en el Wallmapu y no cerrarse a usarlos para efecto de control del orden público, son algunas de las situaciones desafortunadas que se dieron a lo largo de la campaña, y que inevitablemente tuvieron costos para el éxito de esta última, habida cuenta que la propia candidatura no logró alcanzar el piso del 30% de votación en primera vuelta, quedando en una situación muy estrecha para poder obtener votos en el balotaje.
Lo ocurrido ayer en la elección es sintomático también de la crisis de los partidos y opciones de centro, en tanto fuera de proponer reformas moderadas al capitalismo neoliberal, no proponen ningún cambio sustancial al estado de cosas vigente. Es precisamente por ello que termina siendo más atractivo para amplios sectores de la población terminar votando por la extrema derecha, en tanto esta última se instala como la novedad, contraponiendose al centrismo, que solo termina por ofrecer más de lo mismo. ¿Por que la administradora pública, abogada, nacida en El Cortijo de Conchalí, que ha forjado toda su vida en base a su propio esfuerzo y capacidad, pierde frente a un abogado de la católica, formado en el Colegio Alemán de Santiago, e hijo de un empresario inmigrante alemán? Precisamente por eso.
Ya dicho lo anterior, no es novedad para nadie que lo que empezará ahora es un nuevo proceso de repliegue de la izquierda chilena, frente a lo que evidentemente empezará a ocurrir desde el próximo 11 de Marzo en este pedazo de tierra llamado Chile. Por lo pronto, hay que observar que ocurrirá con las primeras medidas de lo que se ha denominado como un «Gobierno de Emergencia». En el ámbito económico, es una realidad que los recortes fiscales que dicho gobierno pretende implementar (que ya cierto desafortunado senador electo nos dijo que no podemos saber que se va a recortar, por que eso implicaría protestas), va a producir una respuesta popular importante en el corto plazo, que debe ser organizada inteligentemente habida cuenta del probable intervencionismo que se producirá en contra de sindicatos y organizaciones sociales en el futuro próximo.
En el tema migratorio, no está para nada claro que ocurrirá con las eventuales deportaciones planteadas por el presidente electo, ni que ocurrirá cuando el nuevo gobierno entrante empiece a «invitar a salir» a los migrantes que no cuenten con carta de nacionalización. A favor del pueblo, podemos decir que ni Carabineros ni las policías fronterizas tienen de ninguna manera capacidad técnica o de dotación para poder sacar a los 300.000 extranjeros que se encuentran en dicha situación. Para nuestra fortuna, aquí no hay tal cosa como un ICE estadounidense con la fuerza suficiente para perseguir migrantes a diestra y siniestra. Entonces aquí las preguntas que hay que hacerse son: ¿Que piensa hacer el gobierno para sacar a los migrantes? ¿Acaso van a empezar a sacar a Carabineros y PDI de sus tareas de orden público para destinarlos a expulsar migrantes? ¿Como pretenden que se pueda expulsar por aire o por tierra a migrantes extranjeros? ¿Con que recursos? Y sobre todo, ¿Se han pensado en los conflictos étnicos que se pueden producir producto de las expulsiones?
Por el lado policial y militar, es esperable un continuismo con profundización en lo que ocurre tanto en el Wallmapu como en la frontera respecto del uso de las FFAA en dichos sectores del país. Hay una certera probabilidad que se podría volver a situaciones como las ocurridas en el 2018 con el tristemente célebre «Comando Jungla», responsable del magnicidio del joven Camilo Catrillanca, lo que debe movilizar también a las organizaciones de DDHH que también serán objeto de ataque por su trabajo de protección de los derechos esenciales de la población.
En relación a este punto, también habrá que ver que pasará con los eventuales indultos a criminales de lesa humanidad o criminales de otros delitos como violadores, cuestión que también originará un punto de conflicto en tanto puede significar un retroceso completo de los avances conquistados en materia de verdad y justicia por los hechos acaecidos en la última dictadura militar.
Sin embargo, todos los puntos anteriores también encuentran su techo en las reales condiciones de fuerza que tiene el pinochetismo que este 11 de Marzo vuelve a asumir el poder. Si bien la extrema derecha controla el ejecutivo, no tiene control absoluto de todos los otros poderes del Estado. En el congreso tiene mayoría relativa en la Cámara de Diputados, pero no suficiente para obtener el 50+1% de los votos para aprobar leyes, con lo que tendría que recurrir a los partidos más pequeños, como ocurre con el Partido de La Gente en específico, que es un partido que cuenta con diversas facciones dentro de sí. En el Senado, el escenario es muchisimo más estrecho, dado que hay casi un empate entre las fuerzas de izquierda, centro y derecha.
Por otro lado, respecto del poder judicial, la futura elección de la presidencia de la Corte Suprema puede implicar un clivaje desfavorable al gobierno de Kast, además de lo que pueda ocurrir a nivel del Tribunal Constitucional. Sin embargo, queda el Ministerio Público, actualmente dirigido por un fiscal nacional cuestionado por sus vínculos con Luis Hermosilla, y la Contraloría, encabezada por una contralora que, cuanto menos, ha tenido el beneplácito de la extrema derecha.
En suma, será esperable que varias de las decisiones que tome el nuevo gobierno pinochetista, además del rápido rechazo popular que van a empezar a producir, no van a ser aceptadas sin entrar en directo conflicto con el resto de los poderes del Estado. Conflicto que puede entrañar en el mediano plazo la semilla de una nueva crisis constitucional que podría llevar a un nuevo cuestionamiento de la Constitución Política de 1980.
Fuente: revistadefrente.cl
