Pueblos indigenas en Argentina desalojados: Jujuy, el entramado de una red mafiosa de políticos, empresas y jueces

Por Johana Arce (SISAS)

Conversamos con Anastasia García, referente del MNCI (Mov. Nacional Campesino Indigena) de Jujuy, sobre los brutales desalojos que vienen sufriendo como parte de la lógica extractivista que arrasa la provincia.

En el contexto de la entrevista un nuevo desalojo ilustra ferozmente lo que la referente nos venía describiendo y nos obliga a un paréntesis. A solo unos pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy las topadoras avanzan nuevamente, esta vez sobre la comunidad de Guerrero (1) del pueblo Kolla, que vive allí ancestralmente.  

Contrahegemoniaweb: Desde el MNCI vienen denunciando una serie de desalojos ilegales y sumamente violentos que se han dado en la provincia, le sumamos ahora lo que está ocurriendo en la comunidad de Guerrero. Por nombrar solo un caso más, en el que vos misma pusiste el cuerpo frente a las topadoras, podemos mencionar el caso de Tusca Pacha y en particular la familia Maraz.

Anastasia García: Los desalojos no vienen siendo aislados, sino que tiene que ver con la coyuntura que estamos viviendo a nivel provincial y nacional y cómo avanzan con  legislación contra las familias campesinas e indígenas y arrasan con sus territorios. Como bien decís, venimos denunciando una serie de desalojos. Ya no se sabe ni cuál fue el primero, pero uno de ellos es el desalojo a cinco familias de la comunidad de La Quiaca Vieja, en el norte de la provincia, donde la Provincia es la actriz principal, que intenta instalar una zona franca en este territorio, con base en un territorio relevado por esta comunidad. Las familias desalojadas quedaron por un tiempo en la vera de la ruta nacional número nueve denunciando esta situación.

Otro de los casos, como ya mencionaste, es el caso de la Comunidad Tusca Pacha de Los Alisos en Palpalá. Esta comunidad está directamente vinculada con el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Somos parte de esta comunidad.

Me tocó estar ahí cada vez que avanzó la máquina de la empresa Sucre, que es propiedad de la familia González, Alfredo González, que es el presidente de la Cámara Expendedora de Combustibles en la provincia y otro socio de la empresa Sucre, Javier Gronda, es el actual Secretario de Justicia de la Provincia. Funcionario provincial que hace uso del poder que tiene para manejar la Justicia, poder judicial que ha sido construido por Gerardo Morales cuando asumió la gobernación, una estructura que sigue vigente hasta el día de hoy.

En el caso de la Comunidad del Margen del Río Los Alisos de Palpalá, la Comunidad de Tusca Pacha Los Alisos, son tres las familias que están siendo acosadas judicialmente por la empresa Sucre. Dos están con juicios civiles.

Y la tercera, fruto de los acosos desde mediados de agosto hasta la actualidad, donde avanzaron de hecho con destrozos, las pérdidas están calculadas en 5 millones de pesos, porque la familia perdió tanques de agua, mangueras, una cisterna, un invernadero, plantaciones, pircas de piedra, la cocina, el fueguero de la familia.

Bueno, ante el acoso de hecho que ha sufrido desde mediados de agosto, que tuvo como partícipe a la Policía de la Provincia, que estuvo presente en cada una de las actuaciones de la empresa, que nunca se presentó con ningún papel, con ninguna orden judicial.

También tuvo la complicidad de la Fiscalía, del Fiscal General Leo Sánchez y cada uno de los fiscales que forman parte de esta institución, que cada vez que se presentaba  la empresa a hacer destrozos de hecho, no contestaba el teléfono, no se hacía presente y nunca respondieron a las denuncias de destrozos realizados hacia la comunidad.

A raíz de estos acosos policiales y de la justicia penal es que la familia se ve empujada, digamos acorralada, a firmar un convenio de usufructo vitalicio que firmó la dueña del predio, la hermana miembro de la comunidad, que ya no aguanta su cuerpo, no aguanta una mujer de 74 años que estaba con un cuadro psicológico y un problema físico que la llevó a terminar firmando con la empresa Sucre un convenio de uso vitalicio.

Ella va a usar la tierra, una porción pequeña, la familia y la comunidad ocupaban 3 hectáreas y medio originalmente y hoy por hoy se firmó un comodato para que ella pueda vivir en 2 .000 metros cuadrados hasta que se vaya de este mundo.

CH. El entramado que venís nombrando muestra como los intereses de las empresas, el poder político y el poder judicial se tejen visiblemente en la provincia en manos de algunas familias

A.G.: La justicia viene haciendo caso omiso en todas las denuncias que se hacen ya sea las comunidades indígenas o las familias campesinas. La justicia de Jujuy está siendo totalmente parcial a favor del empresariado jujeño que entre sus negocios incluye, bueno, lo que te decía de la Quiaca Vieja donde está directamente la Provincia involucrada en la instalación de una zona franca o los negocios inmobiliarios en Palpala, que el negocio ahí es que la empresa Sucre busca ampliar la venta de lotes para la instalación o para ampliar el parque industrial que está aprobado por la Municipalidad en esta zona. Ahí también podemos mencionar la complicidad del municipio de Palpala que ha aprobado un proyecto de parque industrial sobre tierras de ocupación históricamente comunitarias por familias campesinas indígenas.

Otro negocio que avanza y donde también está involucrada la Provincia es en el Ingenio La Esperanza, porque el Ingenio era propiedad de la provincia y Gerardo Morales se la ha vendido al grupo Budeguer, que se llama Empresa Productora del Noroeste, que se encuentra usufructuando el Ingenio desde hace varios años. Se dice que la vendió por dos pesos, pero además lo vendió con todas las familias campesinas que viven en el monte, en las tierras aún no desmontadas. Son 20 familias campesinas que se dedican a la producción de ganado.

En este último año ya se ha desalojado a tres de estas 20 familias, dos han sido totalmente desalojadas, las familias han sido detenidas, y las máquinas topadoras pasaron por todo su acto posesorio, por su propiedad. Y una de las familias ha sido parcialmente desalojada porque le han quitado y le han desmontado toda la zona de producción donde tenían su corral para los animales, y ha sido acorralada en dos hectáreas donde mantiene su casa y las producciones más cercanas como gallineros y corrales de chanchos, pero todo el monte que la circundaba fue destrozado y hoy es tierra arrasada.

Tenemos otro caso en el departamento que incluye a la ciudad capital, pero en la localidad de Yala, que es una familia campesina que ha iniciado una prescripción adquisitiva contra Wenceslao Snopek, que es de las familias políticas de acá de Jujuy.  Hoy es el heredero de Wenceslao Snopek, el que está haciendo partícipe de esta prescripción adquisitiva, pero bueno, ahí el conflicto mayor se generó con Carlos Haquim, que es el ex vice gobernador de Gerardo Morales, que es vecino a esta propiedad que está siendo prescripta, que tiene la prescripción adquisitiva y Carlos Haquim en complicidad con el heredero de Wenceslao Snopek y la Inmobiliaria Roca están haciendo un desarrollo inmobiliario en la zona de Yala y lo que hicieron fue cortarle el acceso vehicular a la familia Velázquez, quitarle el acceso al agua para el desarrollo de la ganadería que tiene la familia Velázquez en la zona y detener irregularmente a Facundo Velázquez durante tres meses, acusándolo de usurpador.

Finalmente la Justicia declaró que el no es usurpador, le devolvió la libertad, pero el acceso vehicular y el acceso al agua para los animales no ha sido habilitado por la familia Haquim, por Carlos Haquim y no lo han podido recuperar hasta el día de hoy.

En otra localidad, Los Nogales, en Yala, también departamento de Gral. Belgrano, cuatro familias fueron desalojadas, ahí quien interviene es la familia de Martiarena, ex diputado nacional de la provincia de Jujuy, también un desarrollo del negocio inmobiliario. Aquí la irregularidad es que la abuela de la familia tiene ganada una prescripción adquisitiva de 100 hectáreas y alrededor de la casa de la abuela de la familia Canchi sus hijos se fueron  haciendo sus casas.

La justicia desalojó a estas cuatro familias que son familiares de doña Canchi, que tenían ganada la prescripción adquisitiva y los desalojaron como usurpadores desconociendo la prescripción adquisitiva ganada por la señora Canchi.

A la única que no llegaron a desalojar  es a la señora Canchi. Al resto, a todos los hijos, sí, los desalojaron totalmente.

Después en Jujuy hemos sufrido también el desalojo de ocho familias que no se dedicaban a la producción, no son familias campesinas, pero son ocho familias que fueron desalojadas de los alrededores de las vías de tren, en el barrio Radio estación de Tilcara y el objetivo de estos desalojos es el desarrollo turístico que la provincia está haciendo a lo largo de las vías de la zona de la Quebrada.

Estas familias tenían por lo menos una ocupación veinteañal y también hay una situación irregular porque se desconocen todos los derechos de estas ocho familias desalojadas.

Y el último desalojo del que tenemos registro sucedió hace unos días en el departamento General Begrano, en la localidad de Guerrero, fue en contra de la comunidad indígena de Guerrero.

Cinco familias fueron desalojadas, en este caso por la familia de Guillermo Jenefes, que fue vicegobernador del exgobernador Fellner. El desarrollo también es un negocio inmobiliario para la venta de lotes del estilo de barrios privados y ahí lo que se desconoce es la existencia, la preexistencia de una comunidad indígena, la preexistencia de un relevamiento catastral y con carpeta técnica que tenía la comunidad y actualmente ya le han pasado la topadora a la casa, ya le han sacado todos los animales y ahora están queriendo sacar los restos del abuelo de la familia que están ahí en esa tierra.

CH: En qué sentido el RIGI puede profundizar esta situación ya de enorme despojo que viven las comunidades campesinas e indígenas

A.G.: El RIGI forma parte del entramado legal que se viene sumando a la Reforma de la Constitución de la provincia, a la Ley base, al intento de desconocer la ley 26160 de las comunidades indígenas. Bueno, yo entiendo que es una ingeniería, tanto en el gobierno provincial de Jujuy, que viene siendo de algún modo laboratorio para lo que hoy se está nacionalizando, que también está pensando en un entramado legal que incluye el RIGI y que va generando toda una estructura de despojo a los territorios campesinos, a los territorios indígenas, pero  que también incluye todo el despojo a los derechos de los y las trabajadoras, de la organización en general, de la organización sindical, de las organizaciones sociales, de las organizaciones campesinas indígenas.

La verdad que es una importante ingeniería, podríamos decir que es una revolución contra los derechos lo que estamos viviendo, ¿no? Que incluye la persecución de los dirigentes, el sembrar el miedo en las calles con la represión, incluye el despojo a los territorios, incluye masivos despidos.

Bueno, esto es una ingeniería muy bien pensada y yo creo que estamos viviendo una revolución de derecha sin que el pueblo todavía se pueda acomodar y organizar la resistencia, ¿no?

CH.: Dentro de las políticas nacionales inconstitucionales, contra los derechos de las comunidades, se menciona la intención de la derogación del registro de comunidades indígenas por el INAI…

A.G. Bueno, la derogación que vos decis ahí del registro de comunidades indígenas todavía está en proyecto. No está hecho decreto aún, pero de hecho ya el INAI está inactivo, igual que el INAFCI, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, son dos instituciones hoy muertas, los pocos técnicos que quedan a cargo están atados de manos, no tienen ni recursos, ni políticas, ni permisos para actuar. Así que el registro de comunidades está parado de hecho, aunque aún no de derecho. También es un proyecto de ley que no incluye dejar de frenar los desalojos en comunidades indígenas y empezar a desconocer las carpetas técnicas ya hechas por las comunidades y las propiedades indígenas, las propiedades comunitarias que han ido surgiendo de esas carpetas técnicas.

CH.: Desde el MNCI qué perspectivas ven frente a este contexto?

A.G.: Bueno, en principio como Movimiento Nacional Campesino Indígena, no estamos fuera de lo que nos está pasando como sociedad, digamos, como cualquier otra organización en este momento ha sufrido un cimbronazo, está bastante desestructurada, nos han cambiado las reglas de juego.

Y bueno, lo que nos viene ordenando es el conflicto, la reacción al conflicto. Lo que estamos intentando, quienes nos mantenemos activos, activas, es ordenar un poco la información, hacer prensa, tratar de poner el cuerpo donde lo podemos poner y mantener funcionando nuestros emprendimientos productivos, los que tienen algún rédito económico, porque la situación económica en la mayoría de los compañeros es compleja.

Tratando de hacer uso de la experiencia de organización para contener la desorganización, y tratando de coordinar con otras organizaciones, con otros actores que están en la misma situación, tratando de reorganizar, tratando de reestructurarse ante esta nueva realidad que nos están haciendo vivir.

Referencias

1. Conferencia de Prensa de la comunidad de Guerrero del pueblo Kolla, en Buenos Aires sobre el despojo realizado el 15 de octubre sobre sus territorios, aun cuando cuentan con personería jurídica y se encuentra sobre un cementerio comunitario y con restos arqueológicos. Fuente: Sisas medio

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