El Comité de Expertas Convención de Belém do Pará expresó preocupación por el acceso a justicia a niños y cuidado de su integridad en el país.
Mediante un pronunciamiento expresó su especial preocupación por el acceso a la justicia y el problema de la exposición pública de las víctimas.
El documento advierte que hechos como el cierre de fiscalías en la provincia de Condorcanqui en perjuicio de menores Awajún y Wampis víctimas de violencia sexual, envía un mensaje de desprotección y agrava las barreras estructurales que enfrentan.

Aunque las autoridades anunciaron posteriormente la reactivación de dichas fiscalías, el Comité señaló que la decisión inicial profundiza la impunidad y debilita la confianza en el sistema de justicia, en territorios con alta vulnerabilidad y limitada cobertura institucional.
Además, el Comité también rechazó la realización y difusión de una actividad en un centro de acogida donde niñas sobrevivientes de violencia sexual, obligadas a continuar embarazos forzados, fueron expuestas públicamente.
Se refiere a la exposición pública de menores en situación de vulnerabilidad que permanecen en el refugio ‘La casa del padre’, hecho que fue realizado por la congresista Milagros Jauéregui y por lo cual ha sido denunciada por el Ministerio Público e investigada en la Comisión de Ética del Congreso.

En su comunicado, el órgano técnico recordó que la Convención de Belém do Pará obliga al Estado peruano a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra mujeres y niñas, así como a adoptar medidas de protección frente a situaciones de vulnerabilidad.
Resaltó que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y que la falta de cobertura de entidades constituye una barrera, por lo que instó a asignar recursos suficientes y garantizar un enfoque intercultural en la atención a víctimas.
El Comité enfatizó que forzar a una niña a continuar un embarazo producto de una violación puede constituir una forma de violencia institucional e incluso tortura, y llamó a erradicar discursos públicos que legitimen la maternidad.
Finalmente, el MESECVI reiteró su disposición a brindar asistencia técnica al Estado peruano para cumplir con sus obligaciones internacionales y exhortó a garantizar el funcionamiento sostenido de fiscalías y servicios especializado para la niñez.
Lea el pronunciamiento completo aquí.
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