La citada norma concede amnistía a todos los miembros de las fuerzas armadas, la policía y los comités de autodefensa “denunciados, investigados o procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en los años 1980 y 2000”.

“Se trata de una medida de impunidad general, indiscriminada e incondicionada contraria al derecho nacional e internacional” asevera el IDEHPUCP en un pronunciamiento público.

La medida “constituye un serio atropello contra los miles de familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, quienes un cuarto de siglo después de finalizado el periodo de violencia todavía esperan justicia”.

La norma fue aprobada por 16 votos de miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la República que sesiona durante los períodos de receso parlamentario y en otras situaciones específicas.

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