Congreso busca lavar su imagen pese a grave crisis
Diversos sectores critican oportunismo político del Congreso, también cuestionado por legislar contra derechos indígenas. Sociedad civil invoca a una renovación total. Foto: Presidencia Perú
Ley Antiforestal, de Despojo Comunal, sobre APCI o proyectos contra pueblos en aislamiento reflejan ataque sistemático contra indígenas de parte de un parlamento que busca lavarse el rostro tras la vacancia de Dina Boluarte.
Tras un acelerado proceso de vacancia, el congreso designó como nuevo máximo mandatario a José Jerí Oré, integrante de Somos Perú que ejercía como presidente de un parlamento con crisis de legitimidad.
Con una desaprobación nacional superior al 90% desde hace más de un año, el parlamento peruano también ha sido cuestionado por aprobar leyes en contra la población y los derechos humanos.
Así como se han aprobado normativas que agudizan la crisis de seguridad, el Congreso ha impulsado numerosas leyes, disposiciones y proyectos legislativos que son señalados de afectar directamente a pueblos indígenas.
Entre las recientes medidas del parlamento, se encuentra la iniciativa de eliminar la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología (CPAAAE).
Impulsada desde la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Arturo Alegría, la propuesta se encuentra en resoluciones legislativas de los reglamentos para la próxima Cámara de Diputados y de Senadores.
Especialistas, parlamentarios, organizaciones y federaciones indígenas han señalado que esta propuesta representa un “acto de invisibilización y menosprecio” y, de aprobarse, constituirá un grave retroceso.
Una de las leyes más cuestionadas por el actual Congreso es la Ley Antiforestal, que fue aprobada por insistencia en enero de 2024. Al modificar la zonificación forestal, esta norma plantea una amenaza para los bosques y territorios indígenas.
El cambio de uso del suelo de zonas forestales termina promoviendo la deforestación y permite la expansión de actividades ilegales y extractivas.
Además, expone a los territorios indígenas y la vida de las comunidades que los defienden a la presencia de agentes foráneos que atentan contra los ecosistemas y su integridad.
Esta cuestionada ley ha sido unánimemente rechazada por organizaciones indígenas, especialistas, sociedad civil, políticos e, incluso, gobiernos regionales.
En septiembre de este año, se alertó de un nuevo proyecto de ley (PL N°09653/2024-CR) que legalizaría la deforestación mediante la otorgación de títulos de propiedad y permisos para actividades económicas en zonas que ya han sido deforestadas.
En la misma línea, se encuentra la Ley de Despojo Comunal, que permite expropiar las tierras de las comunidades campesinas para beneficiar a centros poblados menores o incluso a invasores.
Los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial (PIACI) no han estado exentos de esta arremetida parlamentaria. Actualmente, se encuentran en curso dos proyectos legislativos que amenazan las vidas de estos pueblos altamente vulnerables.
Por un lado, un proyecto de ley (PL N° 12215/2025-CR) busca que se revisen, reduzcan e incluso se anulen las reservas para pueblos en aislamiento que ya han sido creadas.
Mientras que otra iniciativa (PL N° 11822/2024-CR) plantea que se habilite la extracción de hidrocarburos en todas las áreas protegidas, muchas de las cuales son también habitadas y transitadas por población en aislamiento o contacto inicial.
Estas propuestas, de parlamentarios de la bancada Acción Popular, han sido señaladas de promover un nuevo genocidio indígena, teniendo en cuenta que cualquier incursión a territorios PIACI representa una amenaza para la vida de estos pueblos.
En ese sentido, las mismas organizaciones indígenas vienen trabajando por garantizar la política de no contacto y la intangibilidad de los territorios de estos pueblos, quienes son los grupos humanos más vulnerables del mundo.
Como parte de los ataques a los derechos de pueblos indígenas, en marzo de este año se aprobó la Ley APCI (también conocida como ley anti ONG) y, en setiembre, se aprobó su reglamento.
Bajo argumentos de “transparencia”, la normativa limita la defensa legal de ONG a sectores vulnerables, afectando a casos indígenas o de otros grupos vulnerados por el Estado, han alertado organizaciones de la sociedad civil.
El carácter punitivo del reglamento, además de limitar la defensa de derechos humanos, puede llevar a limitar el activismo o la fiscalización ciudadana en casos de conflicto social o represión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha alertado que la Ley APCI “se suma a una serie de acciones impulsadas por el Congreso que podrían significar serios retrocesos en la protección de los derechos humanos en el Perú”.
En julio de 2025, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reportó que la aprobación del Congreso estaba en 3 %. En una encuesta más reciente de CPI/RPP de septiembre 2025, la desaprobación del Congreso fue 94,4 % y la aprobación fue de apenas 1,8 %.
El fujimorista Fernando Rospigliosi queda como presidente del Congreso de la República a pesar de ser un promotor de iniciativas legislativas contrarias a los derechos humanos como la Ley de Amnistía.
Juan José Jerí León, expresidente del Congreso, fue investido esta madrugada como Presidente de la República. Dirigente del partido Somos Perú tiene serios cuestionamientos jurídicos y morales.
Existe una investigación por presunta violación sexual a cargo del Ministerio Público. La Comisión de Ética del Congreso ha evaluado el caso y su patrimonio también ha sido objeto de escrutinio.
Se le acusa de no cumplir con una orden judicial que le exigía someterse a tratamiento psicológico. Su defensa argumentó que el juzgado no era competente.
Jerí ha respaldado públicamente la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la implementación de la pena de muerte, lo que ha sido criticado por organismos de derechos humanos y sectores democráticos.
A pesar de estar bajo investigación, fue nombrado secretario general de Somos Perú, lo que generó rechazo dentro y fuera de su agrupación política.
Estas controversias han aumentado la desaprobación ciudadana hacia su figura, pusieron en duda su liderazgo en el Congreso lo cual se intensificará en su nueva función de presidente de la República.
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