Bolivia – Retorno del neoliberalismo y estallido social
Entre huelgas y bloqueos, varios sectores que desafían a Rodrigo Paz en Bolivia. Fuente de la imagen: RPP.
«Las peticiones de diálogos no están siendo escuchadas y las posiciones más radicales de uno y otro lado han vuelto a aflorar, desde pedidos de renuncia y “guerra civil” a traslado de la sede del gobierno a Santa Cruz de la Sierra.«Hoy el escenario es de crisis política abierta. Los llamados al diálogo no prenden. Las posiciones radicales reaparecieron: desde pedidos de renuncia hasta amenazas de “guerra civil” y propuestas de trasladar la sede de gobierno a Santa Cruz de la Sierra».
Por Leonardo Tamburini*
19 de mayo, 2026.- Los conflictos políticos en Bolivia los años pasados, sobre todo desde 2022-23, cuando se hace manifiesta la ruptura entre Evo Morales y el entonces presidente Luis Arce, estaban asociados la disputa por el control del partido MAS y la proscripción electoral del ex presidente dictada por el Tribunal Constitucional, que dividió el movimiento popular, sobre todo en la región andina.
Esa conflictividad derivó en crisis cuando el Congreso prácticamente paralizó su actividad legislativa y a lo que se sumó la crisis económica que se reflejó en las larguísimas colas para cargar combustible y la disminución de las reservas netas de dólares, que eran utilizadas fundamentalmente para comprar el faltante de gasolina y diésel a Paraguay y Argentina y venderlo subsidiado en el país.
Como muchas veces ha sucedido en Bolivia, el pueblo busca en las calles presionar, pero para decidir en las urnas; entonces llegó la completa sorpresa que fue Rodrigo Paz Pereira, hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora, de familia de izquierda y guerrillera, aunque en los 90′ dieron el famoso cruce de los “ríos de sangre», cuando el MIR se alió al partido del ex dictador Hugo Banzer, y comenzó a actuar como un partido de centro-derecha.
La votación que canalizó Rodrigo fue claramente la que quedó dispersa con la desaparición del MAS, por tanto en un gran porcentaje, de extracción popular, que nunca votaría la opción de ultra derecha representada por el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga. El actual presidente desactivó la crisis política trayendo algo de alivio a la crisis económica.
Sin embargo, muy pronto empezó a conectar un conjunto de decretos y resoluciones destinadas a desmontar lo que él mismo llamó “Estado tranca”, que en realidad se trató de medidas de favorecimiento a los sectores de poder económico de la región del Oriente, dando la espalda a su electorado en la zona andina.
Así aprobó la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, aprobó el D.S. 5503, donde a través de más de 100 artículos establecía un procedimiento “fast-track” de flexibilización en la aprobación de contratos de inversión en infraestructura y aprovechamiento de RR. NN. sin aprobación parlamentaria ni consentimiento previo indígena y elimina prácticamente en su totalidad el subsidio a los hidrocarburos líquidos, que pegan un salto en el precio del doble y el triple de su valor en gasolinas y diésel.
En los albores de su asunción, aprueba un decreto con el que elimina las atribuciones constitucionales del vicepresidente Edman Lara, un ex policía de gran aceptación popular. Sin embargo, uno de los problemas más sentidos en la población, que genera una crisis en el transporte, es el deterioro repentino de decenas de miles de vehículos originado por la gasolina y el diésel en mal estado que se comercializa ahora ya sin subsidio, afectando doblemente la economía popular.
La aprobación de la Ley 1720, con la que se pretende convertir las pequeñas propiedades en medianas a través de un trámite administrativo y otorgar una moratoria de verificación de la función económica y social de predios medianos, que tiene por objetivo beneficiar de manera directa a terratenientes del Oriente, origina el conflicto actual, con una marcha que sale de la Amazonía y concluye con la abrogación de la Ley. Sin embargo a esta movilización se articulan el sector minero, del magisterio y otros con peticiones sectoriales.
Este escenario configura una crisis política grave que el gobierno no está pudiendo afrontar y que le ha limado su gran capital político logrado con las elecciones. Las peticiones de diálogos no están siendo escuchadas y las posiciones más radicales de uno y otro lado han vuelto a aflorar, desde pedidos de renuncia y “guerra civil” a traslado de la sede del gobierno a Santa Cruz de la Sierra.
El acuerdo con los mineros parece no haber desactivado el conflicto, en tanto prometió otorgarles amplias ventajas impositivas y apertura de concesiones en áreas restringidas, aunque al otro día lo desmintió, por tanto nuevamente el sector está en pie de lucha.
Ayer 18 de mayo la ciudad de La Paz vivió la entrada de una marcha que provenía directamente del Chapare, reducto donde se refugia Evo Morales, que sembró el caos y la zozobra entre la población civil, habiendo sido atacados sus comercios e incluso personas que transitaban en buses urbanos, sin ningún motivo ni justificación más que la de sembrar temor y pro su puesto, rechazo en la población.
En la noche se reunió la “Asamblea de la Cruceñidad”, máxima instancia del Comité de Santa Cruz, instancia cívico-corporativa de los sectores de poder regional del Oriente, quienes bajo la consigna de que el presidente “aplique la Constitución” demandan en realidad la declaratoria del Estado de Excepción, figura tenebrosa del pasado que sugiere mano dura y muertos, algo que también los movilizados ya sin control ni orientación política, parece también estar pidiendo para justificar su accionar. No parece todavía verse la luz al final de túnel.
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*Leonardo Tamburini es director ejecutivo de la Organización de Apoyo Legal y Social (ORE), abogado por la Università degli Studi di Macerata (Italia) y magister en Derechos Indígenas y Desarrollo por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Bolivia).
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