Por David Vigario

Las explotaciones agrarias, objeto de deseo de grandes patrimonios y el capital riesgo. En una década, los fondos internacionales enfocados en el sector se han triplicado de 70 a 220

Las explotaciones agrarias se han convertido en la última época en objeto de deseo de grandes inversores, tanto nacionales como extranjeros. Los grandes fondos de capital de inversión y capital riesgo invierten cada vez más en operaciones de compraventa y alquileres de fincas que aboca a que la titularidad de los cultivos -no de grandes extensiones y donde esté asegurado el riego- esté cada vez más concentrada.

El pistoletazo de salida el año pasado lo dio Trier Capital -una gestora inmobiliaria de origen español que opera también en Estados Unidos- cerrando una operación en la provincia de Ciudad Real para quedarse con una finca de 2.000 hectáreas de olivar, pistacho y almendro. A partir de ahí, la actividad ha sido frenética, siendo los grandes protagonistas las agencias inmobiliarias, impulsadas por este incesante interés del mercado rústico.

Hasta Jesús Navas, ex futbolista internacional del Sevilla y campeón mundial, recientemente retirado, adquirió a mediados de 2024 la Hacienda Meñaca, ubicada entre Dos Hermanas, Los Palacios y Utrera (Sevilla), por un valor no revelado. Otros personajes conocidos que han caído en la tentación en los últimos meses han sido Santiago Segura,José Mota Luis Álvarez que, en colaboración con el Grupo Gestamp, compraron el histórico Castillo de Pedraza, en la villa medieval de Segovia, a tan sólo 130 kilómetros de Madrid y que cuenta con 683 metros cuadrados sobre un solar de 50.000 metros, que se vendió por 4 millones de euros, un ejemplo más de la apuesta por lo rural.

Lo confirman los datos. Si en 2010 existían poco más de 70 fondos mundiales de inversión operando, a día de hoy la cifra supera los 220. «Buscan la protección frente a la inflación y la diversificación a través de un producto tangible», explica Regino Coca, fundador y CEO de Cocampo, plataforma web especializada con anuncios para invertir en fincas rústicas.

De todas formas, según los datos oficiales del INE, en la actualidad el 93,5% de los propietarios de las producciones siguen siendo personas físicas y el 6,5% pertenezcan a empresas o entidades. Sin embargo, existe un matiz para explicar esta tendencia al alza de los grandes grupos que provoca la cada vez mayor concentración de la propiedad: de los 50,6 millones de hectáreas de suelo rústico existentes en nuestro país, 23,9 hectáreas corresponden a Superficie Agraria Útil (SAU), es decir, terrenos donde sí se puede cultivar.

El cambio de tendencia no es sólo en número, también en el modelo productivo. En 2010, el 60% de los fondos estaba especializado en agricultura extensiva (cereales y oleaginosas), pero ahora se busca el terreno fértil, donde el agua garantice la rentabilidad en cultivos permanentes o intensivos: este tipo de fincas ha pasado del 3% en operaciones al 13% y en subida constante. En esta línea, el arrendamiento sigue siendo protagonista, representando ya el 37,4% de la superficie útil con unas explotaciones de cada vez menores dimensiones (el 42,3% tiene entre 5 y 100 hectáreas).

LOS GRANDES ACTORES

Uno de los grandes actores está siendo la firma Atitlan, grupo empresarial con presencia en el sector agrícola a través de su marca Elalia, especializada en el cultivo del olivar, almendra, cítricos, granada, aguacate y pistacho, capaz de gestionar y desarrollar más de 20.000 hectáreas desde su creación. El grupo valenciano se alió el pasado mes de septiembre con el Banco Santander para la creación de Atgro, una plataforma de inversión global que adoptó la forma de sociedad de capital riesgo para el desarrollo de proyectos agrícolas.

La inversión inicial fue de 200 millones de euros por parte de la entidad presidida por Ana Botín y de otros 50 millones por parte de la firma de Roberto Centeno y Aritza Rodero. El objetivo, dar entrada a nuevos inversores para alcanzar un tamaño objetivo superior a los 500 millones de euros.

Otro de los importantes protagonistas es la firma Borges Agricultural & Industrial Nuts (Bain), un grupo de origen familiar propiedad de la familia Pont, con más de 125 años de historia dedicado al procesado y comercio de frutos secos. En la última campaña comercializó cerca de 29.000 toneladas y alcanzó una cifra de negocio de 117 millones de euros. Sin embargo, en abril de 2024 esta unidad de negocio de frutos secos cerró un acuerdo con el fondo Natural Capital Fund, gestionado por Climate Asset Management (Cam), y se desprendió de su rama agrícola, negocio que en los últimos tres años. La operación tiene un valor de entre 70 y 80 millones de euros, lo que supuso la salida de sus dos sociedades españolas, ubicadas en Extremadura y Granada, y el traspaso de 1.900 hectáreas en estas zonas dedicadas a almendras, nueces y pistachos.

INTEGRACIÓN

En este contexto, España (y Portugal) se ha visto beneficiado por diferentes olas de inversiones centradas en cultivos concretos, como olivos, almendros y cítricos y, aunque en menor medida, también en fruta de hueso, pistachos y aguacates. «Los inversores buscan cada vez más una integración vertical que pueda llegar desde el cultivo de los productos a su propia distribución», advierte Regino Coca.

«El campo se está enfrentando a un inevitable relevo generacional porque el 41,3% de los propietarios superan los 65 años», explica Regino Coca, quien añade: «En la próxima década, la propiedad de la tierra experimentará una reconfiguración significativa, en la que coexistirán grandes corporaciones con agricultores, ganaderos y propietarios de fincas de recreo o turísticas», explica este experto.

Más fincas a la venta

Las operaciones de compraventa de fincas han ido creciendo de forma exponencial en los últimos años. Hasta noviembre de 2024, últimos datos oficiales, se transmitieron 163.255 fincas por herencia, una cifra que resulta superior a las 143.496 fincas transmitidas por compraventa (un 5,4% más en comparación con los datos prepandémicos).

Mientras tanto, en los últimos tres años, el precio por hectárea de suelo agrario ha aumentado 960 euros en España, pasando de 9.007 euros en 2020 a 9.967 euros en 2023. Esto supone una revalorización de las tierras de uso agrario del 10,7%. La subasta sigue su curso.

Fuente: El mundo

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