Avance de grupos armados y criminales amenaza a candidatos y derechos políticos de la población. Uno de cada tres municipios colombianos enfrenta riesgos por proceso electoral. 

En medio de denuncias sobre la expansión y fortalecimiento de grupos armados y organizaciones criminales, la CIDH resalta que la situación constituye una barrera para el ejercicio de los derechos políticos de la población civil.

Los reportes de amenazas y hechos de violencia alcanzan a los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Ante este escenario, el organismo invoca al Estado a adoptar medidas para garantizar el desarrollo de la fase final de las elecciones presidenciales, particularmente la seguridad de candidatos.

Entre los hechos reportados se registra el secuestro de Aida Quilcué, candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico, y el atentado contra el senador Alexander López, tres participar en una actividad política junto a Iván Cepeda.

Además, la CIDH da cuenta del asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar y Fabián Cardona, integrantes del equipo de campaña del movimiento Defensores de la Patria que lidera Abelardo de la Espriella.

De acuerdo a datos de la Misión Electoral de la OEA, 386 municipios del país presentan riesgos para el desarrollo de las elecciones. 139 enfrentan un riesgo extremo, 122 un riesgo alto y 125 uno medio.

El Cauca y Antioquia albergan el mayor número de municipios en situación de riesgo extremo, seguidos de Arauca, Cesar, Caldas y Chocó, detalla el organismo.

Si bien el Estado colombiano ha implementado planes de seguridad y personal para la protección de candidatos, la CIDH resalta la necesidad de adoptar medidas de prevención, protección e investigación ante hechos de violencia política. 

Estas medidas deben de estar acompañadas de políticas públicas integrales que promuevan la desmovilización de grupos armados y organizaciones criminales, resalta la entidad.

 

 

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