El gobierno de Santiago Peña aprobó decretos que permiten vender energía eléctrica por debajo del costo a grandes corporaciones electrointensivas, mientras millones de usuarios enfrentan un sistema eléctrico frágil y sin tarifa social ampliada. 

En este episodio de Enfoque, la periodista Alejandra Patrone entrevista a la Ex VIceministra de Minas y Energía de Paraguay, Mercedes Canese,, Ingeniera Industrial, docente y Máster en energía., sobre el impacto de esta situación en las tarifas, la soberanía energética y el desarrollo nacional. «El Poder Ejecutivo está lanzando una tarifa reducida, que nosotros llamamos tarifa regalada, para las corporaciones electrointensivas muy vinculadas con los interese norteamericanos”, dijo Canese. “Es una pérdida para el sistema eléctrico como mínimo de 50, 60, inclusive hasta 70 dólares por megawatt hora, que tendremos que absorber nosotros, el resto de los usuarios de la ANDE (Administración Nacional de Electricidad). Y en contrapartida, mientras le da esta tarifa regalada a estas electrointensivas por 15 años, a los usuarios comunes no les da ninguna flexibilidad, como se había prometido», agregó. Lo que hoy se decide sobre la electricidad define quién paga, quién gana y qué modelo de país se construye. Esta «energía regalada» para corporaciones electrointensivas causarán pronto un tarifazo para las familias y la industria nacional. «El año pasado presentamos una iniciativa popular para ampliar la tarifa social de la energía eléctrica para las juntas de saneamiento, que son unas organizaciones comunitarias que proveen agua potable para las MIPIMES, para los adultos mayores, para los indígenas, y el mismo cartismo que está en el poder, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, tiene mayoría absoluta, no movió ese decreto», destacó Canese. «Entonces, para que las familias humildes puedan disfrutar de la energía hidroeléctrica tan abundante que tiene nuestro país, la respuesta del Gobierno es no. Pero para estas electrointensivas multinacionales, que además son parte del extractivismo, no generan nada de empleo, ni desarrollo, ni valor agregado nacional, para ellos sí, tarifas regaladas», subrayó la ingeniera industrial. Las campañas Itaipu Causa Nacional e Itaipú, exigen al gobierno de Santiago Peña la inmediata derogación de los Decretos 5.306/26 y 5.307/26 publicados el pasado 16 de enero, que consideran ilegales y que permiten tarifas inferiores al costo para empresas “convergentes” y “energía en X”.

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