“Seguimos poniendo los muertos”: asesinan a dos campesinos en el Bajo Aguán en medio de desalojos, inacción estatal y exclusión política de candidaturas vinculadas a movimientos que llevaron a LIBRE al poder
Por Redación Mink’a Comunicación
Más de 180 campesinos asesinados durante el gobierno de Xiomara Castro.
Ramón Rivas Baquedano y su hijo Carlos fueron asesinados a balazos el pasado 17 de julio en la comunidad de La Aurora, departamento de Colón. Ambos pertenecían a las empresas campesinas La Aurora y Gregorio Chávez, integrantes de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán. Se dirigían a sus parcelas cuando fueron emboscados por hombres armados. Este doble crimen forma parte de una crisis estructural de violencia contra las comunidades campesinas del Bajo Aguán, zona históricamente disputada entre empresas agroindustriales, grupos criminales y el propio Estado. Según registros de organizaciones de derechos humanos, más de 180 campesinos han sido asesinados en esta región en las últimas dos décadas. La Plataforma Agraria informó que solo en lo que va del 2025 se han contabilizado al menos 17 asesinatos de campesinos en el Aguán. “Con este nuevo hecho ya suman cuatro víctimas mortales en los últimos 30 días. Este hecho de violencia es producto de la impunidad y de las operaciones que desarrollan los grupos criminales en la región del Bajo Aguán para continuar con el despojo continuado de las tierras de la reforma agraria”, subraya el comunicado de la Plataforma Agraria, que aglutina a labriegos organizados. Desde 2010, se calcula que al menos 200 campesinos han sido asesinados y 2.470 personas criminalizadas en Honduras por defender su derecho a la tierra. La mayoría de estos crímenes permanece en la impunidad, con escasas o nulas investigaciones oficiales. En este contexto, el Ministerio Público hondureño reconoció la existencia de una banda criminal conocida como “Los Cachos”, implicada en múltiples ataques, amenazas y el desplazamiento forzoso de al menos 460 familias campesinas entre diciembre de 2024 y febrero de 2025. Aunque se presentaron 15 requerimientos fiscales contra sus miembros, no se ha logrado detener a ninguno de sus principales operadores, denuncian líderes campesinos. El patrón de violencia no es nuevo ni aislado: los Rivas eran familiares directos de Santos Hipólito Rivas y Javier Rivas, también asesinados en 2023 bajo circunstancias similares. “Ya no soportamos tanta injusticia. La familia Baquedano somos los que estamos poniendo los muertos”, denunció Medarda Rivas, hermana de Ramón e Hipólito, en una declaración pública que evidencia la herida abierta que atraviesan estas comunidades.
Las organizaciones que impulsaron a LIBRE hoy son víctimas: Acuerdos incumplidos y militarización creciente
Además de los asesinatos, se suman los desalojos violentos ejecutados por fuerzas estatales contra cooperativas campesinas como Isletas, Camarones, El Chile y Gregorio Chávez, donde más de 100 familias han sido expulsadas en operativos que favorecen a empresas agroindustriales, principalmente Dinant, propiedad de la familia Facussé. La militarización en el Valle del Aguán no ha cesado con el cambio de gobierno; por el contrario, ha aumentado. A pesar del acuerdo tripartito firmado en febrero de 2022 entre el gobierno, la Plataforma Agraria y COPA, los compromisos no se han cumplido y la comisión investigadora prometida nunca funcionó. Las políticas públicas siguen priorizando el control territorial por sobre la justicia agraria.
Paradójicamente, muchas de las organizaciones que hoy sufren abandono y violencia fueron actores fundamentales para el ascenso del Partido LIBRE y la llegada de Xiomara Castro al poder, mediante trabajo político y comunitario sostenido durante más de una década. Jaime Cabrera, de la Plataforma Agraria, expresó: “El gobierno que ayudamos a construir hoy nos da la espalda. Nos matan y además nos silencian políticamente.”
La exclusión también se manifiesta en el ámbito electoral. El pasado 2 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó más de 20 candidaturas independientes, muchas provenientes de movimientos sociales, campesinos y populares. Entre ellas, la del abogado y defensor de derechos humanos Víctor Fernández, conocido por su trabajo con el equipo legal del COPINH tras el asesinato de Berta Cáceres. Fernández, candidato a alcalde en San Pedro Sula, denunció que el CNE actuó con “autoritarismo jurídico” al invalidar su postulación sin fundamentos técnicos claros, calificando la medida como “una nueva forma de fraude electoral.”
Una fuente cercana a las organizaciones sociales advirtió: “La exclusión política de candidaturas como la de Víctor Fernández y Albertina López (en Tela) muestra que no basta con haber construido el camino hacia el poder: si no formás parte del sistema tradicional, te cierran las puertas.” A pesar de las fracturas internas entre sus consejeros, el CNE logró una resolución unánime para excluir las voces independientes, lo que alimenta sospechas sobre pactos entre partidos para blindar el control institucional.
Mientras en el Bajo Aguán las comunidades continúan pagando con sus vidas, el Estado los despoja no solo del derecho a la tierra y a vivir con seguridad, sino también del derecho a participar políticamente.
Aquí dejamos un video como es la lucha del pueblo Garifuna también en Honduras:
