Migración, Reproducción de la Vida y Fascismo
Por Ignacio Muñoz
Pobladores[1] y migrantes en la crisis estructural del sistema-mundo
Vivimos un tiempo en que la migración ha dejado de ser tratada como un fenómeno social complejo para convertirse en dispositivo político central. En el contexto de crisis estructural del sistema-mundo, los desplazamientos humanos masivos —provocados por guerras, colapsos económicos, sanciones, extractivismos y devastación ecológica— son reconfigurados por los Estados y las derechas autoritarias como problema de seguridad, como amenaza, como desorden. La figura del migrante se vuelve así una herramienta privilegiada para producir miedo, justificar políticas de excepción y reorganizar el consenso social en torno al castigo, el cual termina recayendo sobre el conjunto de los sujetos populares y trabajadores de clase media, actualmente muy pauperizada.
Chile no es una excepción, sino un caso particularmente elocuente de este proceso global. La llegada masiva de población migrante —y en particular venezolana— se da en el mismo ciclo histórico en que se profundiza la crisis del neoliberalismo, se agota el relato democrático-liberal de la postdictadura y emerge con fuerza una ultraderecha que hace del orden, la frontera y la represión sus ejes articuladores. En este cruce, la migración se convierte en campo de disputa estratégica, tanto para el poder como para los movimientos antisistémicos populares.
Migración y crisis estructural: el contexto de larga duración
Desde la perspectiva del análisis de sistemas-mundo, las migraciones contemporáneas no pueden entenderse como decisiones individuales ni como fallas morales de los Estados periféricos. Son expresión directa de la polarización estructural del sistema: mientras en el centro global la población envejece y se contrae, en la periferia y la semiperiferia se expande una población joven empobrecida, expulsada de sus territorios por el colapso de economías locales, la violencia política y la devastación ambiental. Esta polarización demográfica acompaña y profundiza la polarización socioeconómica, generando flujos masivos sur-norte y sur-sur.
Desde la filosofía descolonial de la liberación, este proceso debe leerse además como efecto histórico del comunitaricidio: la destrucción sistemática de modos de vida, economías locales y tramas comunitarias que, durante siglos, sostuvieron la reproducción material y simbólica de los pueblos. El capital no incorpora simplemente “fuerza de trabajo”: incorpora trabajo vivo desde la exterioridad, arrancándolo de sus condiciones de existencia y subsumiéndolo en relaciones de explotación, precariedad y desposesión.
En este sentido, la migración no es un “problema” que aparece de pronto: es un síntoma central del colapso civilizatorio. Y es justamente por eso que, en tiempos de crisis estructural, el fascismo reaparece como patología recurrente: no para resolver la crisis, sino para administrarla mediante la violencia, produciendo chivos expiatorios y enemigos internos.
Migración como arma geopolítica y securitización del habitar
En tiempos de crisis estructural del sistema-mundo, los Estados y las derechas autoritarias no solo narran la migración como amenaza, sino que la utilizan como dispositivo geopolítico interno para reconfigurar legitimidad y reorganizar la convivencia desde el miedo. La figura del migrante, lejos de ser una presencia huérfana en el espacio social, es producida como amenaza por discursos mediáticos, plataformas digitales y prácticas estatales que articulan pobreza, irregularidad y delincuencia en un mismo imaginario, promoviendo una política de seguridad que se vuelve el eje organizador del Estado. Esta lógica no solo se concentra en los flujos fronterizos, sino que se entrelaza con otras políticas de control social y de orden público, como las que penalizan distintos modos de ocupación del espacio urbano y los vínculos sociales tensos que emergen en las periferias.
En Chile, este uso político de la migración se cruza con una ley de ocupación de inmuebles —conocida en la arena pública como “Ley Anti-Tomas”— que regula y endurece los delitos de ocupación ilegal de terrenos y viviendas. Esta Ley (N° 21.633) modifica el Código Penal para sancionar distintas formas de usurpación, amplia las penas y faculta expresamente a la detención por flagrancia y a la restitución anticipada de inmuebles, incluso antes de una sentencia judicial clara. Además, incorpora mecanismos que facilitan el desalojo con el auxilio de la fuerza pública, reduciendo garantías procedimentales y extendiendo la capacidad de represión estatal sobre quienes ocupan tierras o viviendas por necesidad habitacional.
Organizaciones y movimientos sociales han denunciado que esta legislación no solo criminaliza la pobreza y la precariedad habitacional, sino que en los hechos habilita la intervención policial directa sin mediación judicial y ampara prácticas de desalojo sumario que impactan especialmente a pobladores, comunidades mapuche y familias migrantes sin derechos de propiedad claros. Las protestas registradas en diversas regiones contra esta ley muestran que su controversia trasciende la mera “seguridad” y entra directamente en la disputa por el derecho a la tierra, la vivienda y la reproducción social en los territorios populares.
De manera paralela, Chile aprobó una ley conocida en el debate público como “gatillo fácil” (Ley Naín-Retamal), que amplía las circunstancias en las que las fuerzas policiales pueden hacer uso de sus armas y establece presunciones procesales que favorecen la legalidad del empleo de fuerza por parte de agentes del Estado. Aunque hubo negociaciones parlamentarias para matizar algunos de sus puntos, la esencia de la norma fue aprobada con amplio respaldo transversal, y con ella se fortalece institucionalmente la noción de que orden público y violencia letal pueden ser herramientas legítimas de control social en contextos de “alta conflictividad”.
Estas dos políticas legales —la penalización de la ocupación de tierras y la extensión del uso de la fuerza— no son iniciativas aisladas. Son parte de un mismo arco normativo que responde a la gestión de crisis desde la securitización del habitar, donde el Estado despliega su monopolio de la violencia para proteger la propiedad y el orden más que la vida y los derechos. Eso implica que el discurso de la “inseguridad ciudadana” ya no se limita a la migración, sino que se interpenetra con políticas que criminalizan a pueblos originarios y a quienes habitando precarizadamente buscan vivienda digna.
Esta convergencia de dispositivos —que convierte el miedo en norma jurídica— es un claro ejemplo de cómo, bajo la lógica fascista contemporánea, el enemigo interno se produce como categoría relacional: no solo como individuo sospechoso, sino como colectivo que disputa la reproducción de la vida misma. La respuesta no puede limitarse a una crítica moral de estas leyes; hay que integrarlas en un diagnóstico relacional de cómo los Estados en crisis estructural reconfiguran las relaciones de propiedad, de espacio y de fuerza para sostener un orden que ya no ofrece futuro ni cuidado.
Chile: migración, securitización y administración del miedo
Chile experimenta en la última década un crecimiento acelerado de su población migrante, que hoy bordea el 10% del total nacional. El grupo más numeroso es el de origen venezolano, que representa cerca del 40% de la población extranjera residente. Este dato, por sí solo, no dice nada políticamente relevante. Lo decisivo es cómo este fenómeno ha sido gestionado y narrado.
Durante los gobiernos de Sebastián Piñera se observa una política ambivalente: por un lado, discursos “humanitarios” selectivos hacia la migración venezolana, presentados como gesto político contra el gobierno Bolivariano de Venezuela; por otro, un endurecimiento progresivo de los mecanismos de ingreso, regularización y permanencia, que genera cuellos administrativos, irregularidad forzada y vulnerabilidad social. Esta combinación —apertura discursiva y cierre material— produce el escenario perfecto para la securitización posterior y la ley del garrote que chorrea sobre todos los sujetos populares y los movimientos sociales.
La ultraderecha, y particularmente el proyecto del reciente electo presidente, José Kast, capitaliza este escenario. La migración es presentada como causa de la “inseguridad ciudadana”, confundiendo deliberadamente tres planos distintos: pobreza, irregularidad administrativa y crimen organizado. La existencia real de organizaciones criminales transnacionales —como el Tren de Aragua— es utilizada para estigmatizar al conjunto de la población migrante, habilitando un clima social favorable a la represión, las deportaciones y la suspensión de derechos.
Aquí opera una lógica fascista clásica: convertir un fenómeno estructural en culpa moral, y una culpa moral en justificación de violencia estatal. El migrante no es visto como sujeto de derechos ni como trabajador, sino como cuerpo excedente, potencialmente peligroso, descartable.
Venezolanos, antichavismo y derecha: una distinción necesaria
Un punto delicado —y que debe abordarse sin eufemismos ni esencialismos— es la heterogeneidad política de la migración venezolana. Una parte significativa de quienes migran lo hacen desde posiciones abiertamente antichavistas, e incluso desde identidades políticas de derecha o ultraderecha, marcadas por el rechazo al bolivarianismo y al socialismo como horizonte histórico. En la cultura política venezolana, estos sectores han sido llamados “escualidos”.
Reconocer esta realidad no equivale a estigmatizar a un pueblo, ni mucho menos a justificar políticas xenófobas. Implica comprender que la migración no es políticamente homogénea, y que los sujetos migrantes llegan a los territorios de destino con trayectorias ideológicas, afectivas y de clase diversas. Encuestas recientes sugieren que el electorado migrante —y en particular el venezolano— muestra una inclinación relativa hacia candidaturas de derecha en Chile. Esto ayuda a explicar tanto la reciente cautela discursiva de Kast en su campaña presidencial (“invitarlos a irse” en lugar de hablar de expulsión directa) como la deseabilidad de esta mano de obra precarizada por el empresarido chileno, o mas bien dicho, lumpenempresariado.
Pero esta dimensión política no agota la experiencia migrante. La posición estructural de la mayoría de los migrantes en Chile no es la del poder, sino la de la precariedad: empleo informal, arriendos abusivos, hacinamiento, exclusión de derechos sociales, y exposición cotidiana a la violencia institucional y social.
Pobladores y migrantes: unidad en la reproducción de la vida
Es aquí donde aparece el núcleo antisistémico más fértil —y menos explorado— del escenario actual: la convergencia entre movimientos de pobladores y población migrante. Los campamentos, tomas y asentamientos precarios se han convertido en espacios donde esta unidad deja de ser consigna y se vuelve práctica cotidiana. La gran toma de San Antonio es un ejemplo paradigmático: allí, chilenos y migrantes comparten no solo carencias, sino trabajo colectivo, organización territorial, cuidado mutuo y defensa del derecho a habitar.
Cuando se amplía el concepto de trabajo más allá del empleo asalariado, emerge la centralidad del trabajo comunitario, reproductivo y autogestionario. En estos territorios se trabaja para construir viviendas, organizar servicios básicos, cuidar niños y ancianos, asegurar alimentación, resolver conflictos. Ese trabajo —invisibilizado por la economía política dominante— es el que sostiene la vida allí donde el Estado y el mercado fracasan. Las comunas venezolanas, y la red nacional de comunas en Venezuela, bien puede considerarse la máxima expresión actual de un tal habitar autogestionario.
En contextos de desindustrialización y precarización, el poder del trabajo se desplaza desde el lugar de producción hacia la organización comunitaria. Y cuando esa comunidad está atravesada por migraciones internacionales, surge una base material para formas transnacionales de poder asociativo, no por ideología, sino por experiencia compartida de exclusión y de hábitat en común.
En Nuestramerica/Abya Yala, las y los pobladores ayer fueron migrantes campesinos e indígenas transitando del campo a la ciudad; hoy se suman migrantes del sur global que habitan las ultraperiferias urbanas del sistema. Pobladores y migrantes comparten una identidad relacional fundada en el habitar precarizado, no en la nacionalidad.
Fascismo, reproducción y ética del habitar
El avance del fascismo no se explica solo por discursos de odio, sino por el agotamiento de la reproducción social. Cuando la vida se vuelve invivible —cuando no hay vivienda, salud, trabajo, tiempo ni futuro— el miedo se vuelve organizador del convivir. El fascismo promete orden allí donde el sistema ha destruido las condiciones materiales del cuidado.
Por eso, la respuesta antifascista no puede limitarse a la denuncia moral ni a la disputa electoral. Debe anclarse en la reorganización consciente de la reproducción de la vida. Producción sin reproducción conduce al agotamiento; reproducción sin poder popular queda expuesta al aplastamiento. La tarea histórica es sostener integradas ambas dimensiones.
Un proyecto antisistémico que no incorpore a migrantes y pobladores como sujetos centrales —no como “beneficiarios”, sino como protagonistas— está condenado a reproducir la lógica de exclusión que dice combatir. Al mismo tiempo, reconocer las tensiones políticas internas (incluida la presencia de identidades de derecha entre migrantes) es condición para construir alianzas reales, no imaginarias.
Desde una ética del habitar, la pregunta decisiva no es quién pertenece y quién no, sino cómo se sostiene la vida sin sacrificar a nadie en nombre del orden. En tiempos de crisis estructural, la unidad poblador-migrante no es un gesto humanitario: es una estrategia histórica de supervivencia y de transformación.
[1] En Chile, a los habitantes pobres de las zonas urbanas periféricas se les llama pobladores. La historia de Chile está atravesada por las luchas sociopolíticas de los movimientos urbano-populares, también conocidos como movimientos de pobladores/as.
