El pedido principal es que el Poder Judicial admita la demanda de amparo que les permita restituir sus tierras ancestrales despojadas por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.
Se trata de casi 10 mil hectáreas despojadas de forma fraudulenta por empresas vinculadas al Sodalicio, entidad que ha sido disuelta por la Iglesia Católica por sus irregularidades.
Las poblaciones afectadas agrupadas en el Frente de Defensa de los Pueblos del Km 980 pidieron a viva voz se respete su derecho al territorio, el agua y a la vida, menoscabado por el proceder delincuencial de las empresas del Sodalicio.
Se trata de 9,985.25 hectáreas de territorio comunal, apropiadas ilegalmente y repartidas entre diversas empresas, una de estas la Asociación San Juan Bautista, estrechamente vinculadas al Sodalicio.
La demanda fue dirigida a la Dirección Regional de Agricultura (DRA) de Piura, a la Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural y Estatal del Gobierno Regional y a la Zona Registral N. ° 1 de la Superintendencia de los Registros Públicos (SUNARP).
Asimismo, la demanda alcanza al menos a una decena de empresas que se habrían dedicado al tráfico de tierras.
La comunidad advierte que el Estado peruano ha incumplido el deber de titular su territorio ancestral y permitido que empresas privadas las registren como propias, a través de una serie de maniobras.
En la demanda, la comunidad invoca su derecho a la propiedad comunal, reconocido en la Constitución y en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, así como el derecho a la restitución de su territorio.
Este procedimiento fue presentado con el apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)..

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