Revelan uso de prisión como castigo a Indígenas
Tribunal de Oaxaca verá este 20 de febrero caso de defensor indígena Miguel Ángel Peralta . Imagen: Natalia Ramírez (IPRI) / composición
Prisión, tortura y fabricación de pruebas son castigo por defender la autonomía de pueblos. Defensores indígenas tras las rejas, como Miguel Peralta, siguen esperando justicia.
Así lo denuncia Indigenous Peoples Rights International (IPRI) mediante un nuevo informe que identifica el encarcelamiento como respuesta del Estado al autogobierno y la libre determinación de los pueblos.
A partir del análisis de tres casos, la organización identifica patrones compartidos de detención arbitraria, tortura, fabricación de pruebas, ausencia de debida diligencia, racismo estructural y negación sistemática de los derechos indígenas en el sistema judicial.
El impacto del encarcelamiento de una persona indígena afecta a toda su comunidad, somete a presión la autonomía e interrumpe la autodeterminación, destaca IPRI.
La investigación aborda el caso de Miguel Ángel Peralta Betanzos, un defensor mazateco de la comunidad Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, la que ha enfrentado ataques a su autonomía, violencia y despojo de recursos.
Tras denunciar el cacicazgo local y la explotación ilegal del río Xangá Ndá Ge, el defensor enfrentó una detención arbitraria, tortura, la fabricación de testimonios y un acoso judicial que lo llevaron a recibir una sentencia de 50 años.
Este viernes 20 de febrero, un Tribunal de Oaxaca resolverá el amparo directo del caso de Miguel Peralta, quien fue detenido en 2015 y ha enfrentado más de 10 años de criminalización y encarcelamiento.
La investigación de Indigenous Peoples Rights International revela la forma en que “el sistema penal y la cárcel han operado como instrumentos de castigo colectivo contra un pueblo que defendió su territorio y su sistema normativo”.
Con preocupantes similitudes se presenta el caso de Juana Ramírez Villegas, mujer ayuujk (mixe) de San Juan Guichicovi (Oaxaca), criminalizada tras las protestas contra el megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Ramírez, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) fue denunciada en 2023 junto a otra decena de personas por el delito de ataques a las vías generales de comunicación
En su proceso, se vio presionada a aceptar un acuerdo para no volver a protestar en vías contra el megaproyecto que afecta a sus derechos colectivos y el medio ambiente.
El racismo judicial se aplicó también contra Joel Sánchez Cruz, rarámuri de Uruachi (Chihuahua), quien cuenta con una sentencia firme de 50 años y otra pendiente de resolverse con la misma pena.
Acusado de un secuestro atribuible a un grupo armado, en 2019 Sánchez fue detenido por agentes armados (que revelaría una posible cercanía entre agentes estatales y redes criminales de Chihuahua) y fue sometido a actos de tortura.
Sánchez, cuya familia fue víctima de desplazamiento forzoso por grupos armados vinculados al crimen organizado, fue sentenciado en 2023 tras un proceso plagado de irregularidades.
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