Noboa responde con represión al paro indígena

Organizaciones indígenas denuncian violencia desmedida hacia la población indígena que se moviliza contra el abuso de poder del gobierno.

Como reportó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la fuerza pública ha ingresado a territorios indígenas con armas de guerra y viene poniendo en riesgo la vida de la población local.

“Nuestras demandas son legítimas. No somos delincuentes ni terroristas. Somos un pueblo que día a día trabaja por sacar adelante al país. Las respuestas ante nuestras demandas no pueden ser represión, violencia ni persecución”, señaló Marlon Vargas, presidente de la CONAIE.

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La Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) también denunció represión y detenciones durante una acción comunitaria no vinculada con el paro en la comunidad Mintaro (bloque 31 del Yasuní, Orellana).

El movimiento indígena ha llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilante frente a esta violencia que buscaría perpetuar las políticas extractivas del gobierno liderado por Daniel Noboa.

La CONAIE también ha denunciado el bloqueo de las cuentas bancarias de dirigentes y organizaciones indígenas, acción que ha sido calificada como un intento de intimidación por parte del gobierno ecuatoriano.

Como se recuerda, la CONAIE convocó al paro nacional e indefinido el pasado 18 de septiembre, una medida que fue acompañada de la declaratoria de estado de emergencia en los territorios amazónicos.

El paro nacional es una respuesta al “abuso de poder” y a la “crisis multidimensional” generada por el mandatario, quien busca cambiar la constitución.

“La propuesta de una asamblea constituye una amenaza directa a los derechos conquistados con la constitución del 2008, pues pretende desmantelar los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas”, denunció la Nacionalidad Kichwa del Pastaza (Pakkiru).

Entre otras acciones cuestionadas del gobierno se encuentra la eliminación del subsidio al diésel, el impulso de medidas extractivistas y actos de persecución a opositores, como se ha denunciado en el caso de Leonidas Iza.

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