Liderazgo indígena en mercados de carbono

A medida que los mercados de carbono se expanden, intensifican la presión sobre los territorios y plantean nuevos desafíos para la protección de los derechos comunitarios. En lugares como el norte de Kenia, las comunidades están respondiendo mediante la organización colectiva, la defensa de sus derechos y el fortalecimiento de su capacidad para negociar acuerdos justos. Su experiencia refleja un creciente movimiento global que busca situar el liderazgo comunitario en el centro de los mercados de carbono.

Por Elijah Lempaira, Erin Kitchell y Dominique Calañas*

Debates Indígenas, 8 de julio, 2026.- Los mercados de carbono están intensificando la presión sobre los territorios, especialmente en lugares donde los derechos colectivos sobre la tierra son débiles o carecen de reconocimiento formal. Esto ha generado la preocupación generalizada de que los proyectos de créditos de carbono puedan derivar en acaparamientos de tierras o excluir a las comunidades de la toma de decisiones.

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“Sinceramente, no entiendo muy bien cómo funcionan estos proyectos de carbono. Nos dicen que la tierra ahora está “almacenando carbono” y que eso tiene valor en algún lugar lejano. Pero aquí seguimos haciéndonos la misma pregunta: ¿cómo ayuda eso a mi familia hoy?”

Bulari Lolki, de Sesia, en el norte de Kenia

Sin embargo, muchas de las comunidades con las que trabajamos ven con buenos ojos los ingresos que los proyectos de carbono pueden generar para apoyar los medios de vida locales y los esfuerzos de conservación siempre y cuando puedan establecer las condiciones bajo las cuales estos proyectos avanzan.

En la práctica, que las comunidades puedan establecer las condiciones de los proyectos de mercado de carbono sigue siendo difícil. Entre los desafíos más frecuentes se encuentran:

● Lenguaje altamente técnico. Los proyectos de carbono suelen involucrar conceptos jurídicos, financieros y científicos complejos: la contabilidad del carbono (es decir, el proceso de medir y registrar cuánto carbono es almacenado o reducido por un proyecto), así como los derechos legales sobre las remociones y reducciones de emisiones derivadas de sus actividades. Esto dificulta que las comunidades comprendan plenamente los términos, riesgos y beneficios de los proyectos, limitando su capacidad para tomar decisiones informadas.

● Falta de transparencia. Las comunidades suelen tener un acceso limitado a información clara, oportuna y completa sobre los acuerdos del proyecto, los flujos de ingresos y las salvaguardas existentes. La falta de divulgación plena durante las etapas de diseño e implementación genera incertidumbre y puede conducir a la desconfianza o a procesos de consentimiento insuficientemente informados.

● Desequilibrios de poder en las negociaciones. Los desarrolladores de proyectos y los inversionistas suelen contar con recursos, conocimientos técnicos y apoyo legal significativamente mayores que las comunidades con las que interactúan. Muchas de estas comunidades se encuentran en zonas remotas y desatendidas, y han sido históricamente marginadas por los gobiernos, con acceso limitado a servicios básicos. Esto dificulta enormemente que puedan negociar en condiciones de igualdad con los desarrolladores.

Como resultado, las comunidades se encuentran en una encrucijada: buscan los beneficios económicos que prometen los proyectos de carbono para mejorar sus medios de vida, al tiempo que procuran mantener la autonomía sobre sus territorios y recursos. En un contexto de protección jurídica desigual de los derechos comunitarios, enfrentan presiones para aceptar condiciones desfavorables y, con frecuencia, encuentran dificultades para negociar acuerdos justos.

En los Pastizales del norte de Kenia se encuentra el mayor proyecto de carbono de suelo del mundo, que incluye a Sesia, una comunidad pastoralista samburu. Inicialmente, la población tuvo dificultades para relacionarse con los promotores del proyecto en condiciones de igualdad. Si bien la primera década trajo numerosos beneficios, entre ellos la mejora de las tierras de pastoreo y la generación de más de 14 millones de dólares en ingresos para las comunidades, persistían preguntas e inquietudes sobre su funcionamiento. Las comunidades reclamaban una transparencia total sobre los ingresos generados y una mayor autonomía para decidir cómo utilizar los recursos que les correspondía.

En 2023, comunidades pastoralistas maasái, samburu, turkana, rendille y borana comenzaron a organizarse colectivamente en toda el área del proyecto, que abarca 2.000.000 de hectáreas. Por primera vez, los comités comunitarios de gestión de tierras lograron acceder al acuerdo de implementación del proyecto, que establecía las normas de manejo de los pastizales, las estructuras de gobernanza y los mecanismos de distribución de ingresos. De manera conjunta, elaboraron una serie de demandas compartidas para negociar un nuevo acuerdo con los responsables del proyecto.

La presentación de estas demandas dio inicio a un proceso de renegociación del acuerdo de implementación del proyecto que continúa en curso e impulsó la renovación del proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

Entre sus principales demandas figuraban el acceso a los registros financieros y a los contratos con las empresas comercializadoras de créditos de carbono; la creación de una cuenta bancaria específica del proyecto, con las comunidades como firmantes autorizadas y en la que se depositaran todos los ingresos; y un nuevo esquema de distribución de beneficios que otorgara a las comunidades la mayor parte. Asimismo, propusieron una nueva estructura de gobernanza que incluyera representantes de todos los comités comunitarios de gestión de tierras y de las áreas de conservación involucradas.

La presentación de estas demandas dio inicio a un proceso de renegociación del acuerdo de implementación del proyecto que continúa en curso e impulsó la renovación del proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), con una amplia participación de la población sobre la aprobación de los términos del nuevo convenio. De este modo, Sesia y las comunidades vecinas demuestran que los proyectos de carbono pueden representar una oportunidad, siempre que sus derechos estén plenamente protegidos y que el proyecto se ajuste a su propia visión de futuro.

Las herramientas que utilizaron las comunidades pastoralistas del norte de Kenia para superar estos desafíos compartidos reflejan algunas de las principales lecciones que hemos aprendido de las comunidades de primera línea en decenas de países. En conjunto, estas estrategias pueden ayudar a las comunidades a participar desde una posición de mayor fortaleza, al tiempo que refuerzan luchas más amplias por la autodeterminación, los derechos territoriales y la justicia climática.

1. Desmitificar la ley

Antes de relacionarse con los promotores de un proyecto, las comunidades deberían conocer los derechos que les reconocen las leyes nacionales sobre tierras. Las políticas de conservación y los marcos jurídicos que regulan el comercio de carbono también pueden incluir salvaguardas para proteger los derechos comunitarios. Si los derechos territoriales de una comunidad no cuentan con reconocimiento formal, los proyectos de carbono pueden implicar riesgos significativos y dificultar la negociación de acuerdos justos. Además de la legislación nacional, los estándares de carbono suelen exigir salvaguardas que las comunidades pueden utilizar para protegerse: el derecho a acceder a información, a otorgar o negar el consentimiento y a recibir beneficios de inversiones externas.

2. Realizar una investigación exhaustiva

Existen varios aspectos que las comunidades deben evaluar: el tipo de proyecto propuesto; los antecedentes de la entidad promotora; los impactos sobre el uso de la tierra, los ecosistemas locales y los medios de vida comunitarios; los posibles efectos sobre lugares de importancia cultural o espiritual; y los ingresos potenciales. La entidad promotora está obligada a compartir esta información como parte del proceso de CLPI. Se puede solicitar la información a la entidad promotora por escrito, formulando pedidos lo más específicos posible, y consultar registros nacionales e internacionales, como los administrados por Verra, una de las organizaciones que establece estándares para los proyectos y emite créditos de carbono. En este punto, existen dos documentos importantes: a) el Documento de Diseño del Proyecto y b) los informes de monitoreo y verificación.

3. Utilizar la negociación colectiva

La mayoría de los proyectos de carbono afectan a varias comunidades. Esto crea una oportunidad para construir poder colectivo. Las comunidades se encuentran en una posición más sólida cuando negocian juntas y actúan como un frente común. Hemos observado dos prácticas particularmente eficaces: a) formar un equipo negociador que represente los intereses colectivos de la comunidad o de las comunidades involucradas; b) identificar las demandas prioritarias de las comunidades y utilizarlas como base para proponer los términos de un acuerdo. Cuando las comunidades presentan una propuesta propia desde el comienzo, aumentan su capacidad de influir en el resultado.

4. Contar con apoyo jurídico

Las comunidades pueden negociar exitosamente por sí mismas, pero resulta útil contar con el apoyo de promotores jurídicos comunitarios o de abogados en etapas clave, especialmente durante la recopilación de información, la evaluación de ofertas y la revisión final de los borradores contractuales para asegurar que sean ejecutables y compatibles con la legislación vigente. Los promotores jurídicos comunitarios o defensores de la justicia de base también pueden acompañar a las comunidades durante todo el proceso: desde la comprensión de sus derechos y la recopilación de información hasta las negociaciones, el monitoreo y la exigibilidad de los acuerdos alcanzados.

En conjunto, estas estrategias pueden ayudar a las comunidades a participar desde una posición de mayor fortaleza, al tiempo que refuerzan las luchas más amplias y continuas por la libre determinación, los derechos territoriales y la justicia climática.

A partir de la experiencia acumulada en el acompañamiento a comunidades que enfrentan proyectos de carbono en más de 20 países, integrantes de la Red de Justicia de Base (Grassroots Justice Network) han impulsado una campaña global para situar los derechos y el liderazgo comunitarios en el centro de los mercados de carbono. En conjunto, identificaron seis principios fundamentales para que los proyectos de carbono sean justos.

El primero establece que los créditos de carbono no pueden sustituir la obligación de las empresas de reducir sus propias emisiones de gases de efecto invernadero. Los otros cinco principios se centran en las personas que habitan los territorios donde se desarrollan estos proyectos: respetar los derechos sobre la tierra y el agua; garantizar el derecho al CLPI, incluido el derecho a rechazar proyectos propuestos; promover que la mayor parte de los ingresos beneficie a las comunidades; reconocer y valorar el liderazgo comunitario en el cuidado de la tierra; y asegurar la aplicación efectiva de salvaguardas.

Actualmente, se está trabajando para convertir los Principios de Justicia del Carbono en una realidad a escala comunitaria, nacional y global mediante procesos de aprendizaje entre pares y acción colectiva. En primer lugar, con herramientas y recursos prácticos para que los pueblos indígenas y las comunidades de primera línea puedan afrontar los desequilibrios de poder. Recientemente, se recopilaron enseñanzas en la guía práctica “Cómo negociar con desarrolladores de proyectos de carbono”, que ofrece estrategias para acceder a información clave sobre un proyecto, negociar desde una posición de mayor fortaleza y supervisar y exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. La publicación incluye estudios de caso de Kenia, Liberia, Zambia, Brasil, Colombia y Filipinas. Asimismo, desarrollamos Carbon Justice 101, un curso virtual que ofrece una introducción práctica al funcionamiento de los mercados de carbono, así como a los riesgos y oportunidades para las comunidades. 

En segundo lugar, promovemos acciones colectivas para influir en las normas que regulan los mercados de carbono. Las leyes nacionales sobre comercio de carbono pueden establecer disposiciones fundamentales para garantizar los derechos territoriales de las comunidades, el derecho al CLPI y mecanismos justos de distribución de beneficios. Con este objetivo, elaboramos una segunda guía práctica, “Cómo la legislación nacional puede avanzar la justicia del carbono”, dirigida a organizaciones de la sociedad civil que participan en la formulación de políticas públicas.

Los marcos normativos internacionales también desempeñan un papel clave al definir los estándares que rigen el mercado global de carbono. Guiados por los Principios de Justicia del Carbono, miembros de la red han impulsado de manera colectiva reglas más estrictas en el marco de Verra y del artículo 6.4 del Acuerdo de París, el mecanismo de las Naciones Unidas que regulará la forma en que los Estados y las empresas podrán comerciar créditos internacionales de carbono mientras cumplen sus compromisos climáticos.

Para más información sobre Carbon Justice 101.

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* Elijah Lempaira es gerente del Programa de Tierra y Justicia Ambiental de Namati Kenia. Erin Kitchell es directora de Tierra y Justicia Ambiental en Namati, donde trabaja junto a equipos nacionales e integrantes de la red para construir estrategias colectivas en el marco de la campaña por la justicia del carbono. Dominique Calañas es oficial de programa en Namati y apoya iniciativas globales de fortalecimiento de movimientos sociales vinculadas a la justicia territorial, ambiental y climática.

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