COP30: indígenas presentes, pero no escuchados

La COP30, celebrada en Belém, Brasil, llegó cargada de promesas: la COP amazónica, la de la verdad, la de la implementación. Pero, pese a una participación indígena sin precedentes, los pueblos que habitan la Amazonía quedaron al margen de las decisiones que afectan sus territorios.

Mientras exigían un lugar en la mesa, las negociaciones volvieron a diluir compromisos y a esquivar mecanismos vinculantes. El tiempo corre: la ciencia advierte que la Amazonía se acerca a un punto de no retorno. ¿Qué queda tras esta cumbre y si aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo?

Por Patricia Saavedra

Así, en medio de una visibilización inusual,   se incrementaron las expectativas tanto de líderes y organizaciones ya experimentados en estos espacios como de quienes por primera vez hacían parte de una conferencia del clima.

Este último fue el caso de Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), quien vio en su visita a Belém una oportunidad de poner sus “propuestas y luchas en una vitrina” con grandes posibilidades de resonancia internacional, según explicó; algo que le parecía, en su balance, favorable y alentador.

“Por ser nuestra primera vez, yo le pondría positivo porque en realidad nos ha permitido conocer y presentar nuestras iniciativas y problemáticas que tenemos y que estamos enfrentando en un evento de nivel mundial. Esta experiencia que hemos tenido en la COP30 ha sido buena para nosotros porque no sabíamos cómo funciona ni cuáles son los eventos en los que tenemos que estar”.

Así lo explicó el joven dirigente, cuya organización representa a 45 comunidades nativas de la Selva Central del Perú, en la región de Junín.

Sin embargo, más allá del entusiasmo por la oportunidad de estrechar alianzas en un espacio de alta exposición como la COP, esto es solo una parte accesoria frente a la agenda integral,  programática y consensuada que traen los pueblos y nacionalidades indígenas amazónicos a través de sus organizaciones territoriales representativas.

Es aquí donde la participación indígena sigue siendo un punto de preocupación, ya que, pese a los esfuerzos por llegar a este espacio, siguen viéndose imposibilitados de ser parte de la toma de decisiones, tal como exigen.  

“Nos llevan a los eventos grandes donde quienes hablan son los gringos, los grandes. A nosotros nos mandan a hacer trabajos por ahí”, expresó Teresita Antazú, lideresa yanesha y directiva de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP).

Y es que, mientras las expectativas indígenas apuntaban a que se reconociera su rol como guardianes de los bosques, se asegurara financiamiento directo para sus propias iniciativas (como el fortalecimiento de la vigilancia territorial, proyectos comunitarios o el monitoreo indígena) y se establecieran compromisos vinculantes contra el extractivismo, en la práctica, los compromisos financieros anunciados carecieron de mecanismos claros de acceso directo.

Estos seguirán dándose a través de intermediarios como gobiernos y grandes ONG, perpetuando así una dependencia en lugar de fortalecer autonomías.

 

“Algunas hermanas se van una semana o casi toda la COP y se sienten mal y tristes porque dicen: he estado todos los días acá y solo voy a hablar seis minutos”, contó Marisol García Apagüeño, quien participó en la COP30 representando a la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA), de Perú.

Marisol es una lideresa kichwa peruana que ha encabezado luchas como la interpelación a la petrolera TotalEnergies por la compra de créditos de carbono del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ), lo que ha generado despojo territorial para el pueblo kichwa de su territorio ancestral.

Siendo una lideresa de trayectoria, y sin ser la primera vez que participa en una COP, Marisol afirmó que son los propios pueblos los que deben hacerse un lugar dentro de una estructura que no contempla las voces indígenas cuando se toman decisiones.

“Allá [en la COP] nosotros buscamos nuestros propios espacios, agendamos nuestras ponencias, pero nada vinculado con el Estado o con los espacios de toma de decisión”, sostuvo.

A ello se suman limitantes como el idioma, tal como recordó sobre la COP27, celebrada en Sharm el-Sheikh, Egipto. 

“Con un aliado logramos entrar a una de las salas donde iban a estar presidentes y ministros de diferentes países, pero el problema fue que todos hablaban inglés. Fue un poco vergonzoso porque nos dijeron que a esas salas no podíamos entrar porque todo es en inglés y no hay intérprete  . Entonces, ¿cómo negocias si también existe esta brecha del idioma?”, indicó.

Para la lideresa kichwa, quien también compartía expectativas por una COP con participación más efectiva, se trató de una conferencia “totalmente excluyente (…) pese a que había mucha esperanza de que sería la COP de los pueblos”.

En la misma línea, Teresita Antazú López, lideresa del pueblo Yanesha y directiva nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), quien también estuvo en Belém, se pregunta: “¿quién nos escucha?”.

“Nos llevan a los eventos grandes donde quienes hablan son los gringos. A nosotros nos mandan a hacer trabajos por aquí y por allá. Nosotros, como AIDESEP, hemos hecho grandes presentaciones sobre los bosques, género, de todo hemos hecho, pero ¿quién nos escucha? Si al menos estuvieran ahí los presidentes para que nos escuchen y sepan cuál es nuestra necesidad”, expresó.

Asimismo, según explicaron tanto Antazú como García, los planteamientos llevados como Estado peruano a la COP30 no han sido del todo consensuados con los pueblos indígenas, lo que refuerza la situación excluyente.

“Pregunté quién iba a sacar las conclusiones y dijeron que los Estados. Pero si el Estado en el Perú no nos hace caso, mucho menos lo hará en el extranjero. Entonces, ¿para qué hemos venido? Mejor allá, en la casa, conversábamos entre conocidos. Yo me desilusiono mucho porque veo que en la COP se discute mucho, pero ¿quién lleva nuestra voz? Estamos un poco decepcionados de la COP”, indicó.

La participación indígena también fue evaluada por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización transnacional que congrega a los pueblos indígenas de nueve países amazónicos.

La COICA sentenció que la COP30 fue más simbólica que efectiva , pese a la sólida logística desplegada para congregar a las delegaciones indígenas. Sin embargo, respecto a una participación real y efectiva, consideraron que no hubo acceso a la información, a la negociación directa ni al reconocimiento de la gobernanza indígena. 

Ruth Alipaz, presidenta de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) de Bolivia, cuestionó que, si en 30 años transcurridos “no hubo capacidad para hacer cambios sustanciales y conscientes con la prioridad  de preservar la vida, esta COP30 es otra versión más de la mentira”, según declaró para el medio Mongabay Latam. 

Este descontento, sin expectativas de cambio por parte de líderes de otros pueblos, también se debe a que consideran que la reunión de la COP30 congregó principalmente a empresarios y políticos en los que no confían, porque “no respetan” sus territorios.

Es por ello que tanto organizaciones indígenas, de la sociedad civil, así como científicas coinciden al identificar las fallas estructurales de la COP30, tales como: la baja ambición climática de los Estados, las dudas sobre la implementación de lo ya acordado y firmado, y la persistente exclusión de pueblos indígenas y comunidades locales de los espacios de toma de decisión donde se negocian los textos finales.

Así, la participación indígena, por muy concurrida que pueda verse —como ocurrió en Belém—, en los hechos es más simbólica que efectiva. Esto no quiere decir que sus aportes y demandas queden por fuera de las discusiones, ya que cuentan con espacios paralelos o foros donde incluso pueden emitir declaraciones públicas. Sin embargo, al estar fuera del espacio de decisiones, se reproducen las desigualdades estructurales, lo que dificulta que sus propuestas se conviertan en compromisos vinculantes. 

De otro lado, sin ser parte de los Estados, las industrias extractivas se hacen presentes en los espacios de la COP, pero, a diferencia de los pueblos indígenas, tienen capacidad de influir en las decisiones finales. ¿Cómo ocurre esto si son solo observadores?

La diferencia radica en las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas para llegar a un espacio como la COP, que van desde barreras logísticas, políticas y económicas. Asimismo, en lo que implica contar y sostener una capacidad técnica en sus equipos (especialistas en los temas de discusión) y sortear barreras incluso idiomáticas, alineadas a los idiomas oficiales que maneja la COP.

Por otro lado, las corporaciones y los países ricos llegan con equipos técnicos numerosos y multidisciplinarios, con capacidad de incidir en el lenguaje de los acuerdos, a pesar de ser solo “observadores”. Esto se debe también a que, por su posición privilegiada, tienen acceso a alianzas con delegaciones estatales o grandes ONG. Es decir, disponen de recursos, equipos técnicos y, además, redes de influencia.

Bajo esta influencia, los acuerdos y decisiones ya adoptados pierden fuerza y se frenan cuando se espera avanzar hacia metas, plazos e implementación frente a la urgencia de la crisis climática, incluso en medio de la presión de la opinión pública, que no siempre se traduce en poder. 

Esto se debe a que las empresas energéticas recurren a estrategias como el financiamiento directo de delegaciones, la organización de eventos paralelos y la promoción de estudios que impulsan narrativas de transición gradual.

También se fomenta un lenguaje ambiguo o suavizado que termina diluyendo los compromisos en los textos, sustituyendo términos como “eliminar” por “reducir progresivamente”, lo que permite evadir compromisos claros.

Estas narrativas, además, priorizan soluciones tecnológicas por encima de transformaciones en las matrices energéticas actuales, como la captura de carbono o el hidrógeno azul, que perpetúan la explotación de combustibles fósiles bajo la apariencia de innovación. Asimismo, sus discursos “advierten” sobre la amenaza económica que implicaría para el empleo y la competitividad un abandono acelerado de los combustibles fósiles. 

De la COP30 también se esperaba un énfasis en la visibilidad de la Amazonía, no solo por ser un bioma capaz de influir en el clima global, al ser el principal regulador climático del planeta, sino por su inminente acercamiento a su punto de inflexión o de no retorno, el denominado tipping point.

Y es que la expectativa principal de que esta conferencia de las partes se celebrara en Belém simbolizaba un giro hacia una protección urgente de la selva amazónica. 
    
El bioma amazónico cumple funciones esenciales para el equilibrio climático global. Almacena grandes cantidades de carbono en sus árboles, raíces y suelos, estimándose en decenas de miles de millones de toneladas métricas de CO₂ equivalente, una cifra comparable a varios años de emisiones globales por la quema de combustibles fósiles.

Desde tal magnitud, es capaz de regular el ciclo hidrológico mediante la evapotranspiración, dando origen a los llamados “ríos voladores”, que son grandes flujos de vapor de agua que transportan humedad hacia otras regiones de Sudamérica y definen los regímenes de lluvia.

Su cobertura forestal también genera un efecto de enfriamiento, al reflejar menos radiación solar que los suelos deforestados y al reducir la temperatura del aire mediante sombra y evaporación.

A esto se suma su papel en la circulación atmosférica, el equilibrio químico del planeta y la conservación de una biodiversidad clave para la resiliencia frente a incendios, sequías y eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes e intensos por el aumento de la temperatura global.

Dicho esto, podemos explicar el punto de inflexión o de no retorno, una amenaza real, cercana y cada vez más palpable.

Aunque la Amazonía tiene capacidad de regeneración, esta podría perderse si continúan aumentando la deforestación, el calentamiento global y la presión humana. Cruzar este umbral implicaría la pérdida de su resiliencia climática y, con ello, uno de los principales escudos naturales del planeta.

Entonces, cuando hablamos de una sabanización de la Amazonía, esto alude a la pérdida de su capacidad reguladora.

Pablo Pacheco, científico líder global de Bosques en WWF, advierte que no es posible fijar una fecha exacta para este colapso, pero señala que podría manifestarse de forma gradual o repentina, con mayor mortalidad de árboles, sequías más intensas, reducción de la transpiración forestal y un aumento significativo de los incendios.

Asimismo, la Amazonía experimenta una atmósfera cada vez más seca y cálida, con fenómenos extremos que reducen la resiliencia del bosque, según afirma el Foro Económico Mundial . Ello se debe a una combinación entre el cambio climático y el uso de la tierra, reconociendo que se encuentra al borde del punto de inflexión.

“La Amazonía necesita ser declarada una zona libre de todo tipo de extractivismo destructivo, como condición mínima para evitar el punto de no retorno en su degradación ambiental”, sostuvo tras la COP30 la COICA.

Pacheco también enfatiza la urgencia de contener la expansión de los monocultivos, establecer áreas intangibles, proteger el bosque en pie y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, plantea priorizar la protección de bosques primarios, reformar las políticas de cambio de uso del suelo, frenar la agricultura extensiva y avanzar en la restauración forestal.

A esto se suma la necesidad de adoptar objetivos claros de deforestación cero, mejorar la trazabilidad y la transparencia en las cadenas de suministro, y promover la transición hacia sistemas integrados de agricultura, ganadería, silvicultura y agroforestería, explica Pacheco.

Mientras estas medidas no se concreten y la ambición climática siga sin traducirse en implementación real, el tiempo para proteger la Amazonía —y con ella la lucha contra el cambio climático— continuará acortándose.

Pese a que la deforestación es una de las principales amenazas para la Amazonía, no se acordó una hoja de ruta clara hacia la deforestación cero para 2030.

Uno de los principales balances tras la COP30 fue el de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), saludando los avances, pero enfatizando en los puntos débiles y pendientes.

“Esta COP (…) representaba un momento histórico para que los derechos, las prioridades y las propuestas de solución de los pueblos indígenas se reflejaran en decisiones vinculantes y ambiciosas”, refiere la declaración que emitieron.

Y es que, si bien reconocieron como un avance sin precedentes, por ejemplo, la inclusión de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) en el Programa de Trabajo de Transición Justa  al incorporarse por primera vez a un grupo extremadamente vulnerable en un instrumento global bajo la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, lamentaron el que no se haya concretado el establecimiento de territorios libres de actividades extractivas como petróleo, minería, monocultivos, así como otras actividades intensivas y extensivas, a las que los PIACI son extremadamente vulnerables. 

Y es que, para la COICA, voz oficial de nueve países amazónicos, el “extractivismo sin freno” permanentemente denunciado desde la Amazonía como fuera de ella, es considerado así: “la mayor amenaza para nuestras vidas, nuestras culturas y la estabilidad climática global”.

Asimismo, pese al lanzamiento por todo lo alto del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF por sus siglas en inglés), que asigna un porcentaje de al menos 20%  para ser dirigidos por pueblos indígenas y comunidades locales para la conservación, esto fue considerado insuficiente frente al rol que cumplen los pueblos indígenas, indicaron.

Otros aspectos hechos notar en la declaración de la COICA fueron respecto a la distinción entre conocimientos tradicionales de sistemas indígenas, donde estos últimos son de mayor amplitud, abarcando territorio, espiritualidad y gobernanza, exigiendo su reconocimiento holístico. Asimismo, se exigió protección diferenciada para los defensores y defensoras indígenas, con mecanismos operativos claros para prevenir violencia y criminalización hacia ellos.

Desde la COICA reconocieron ciertos avances, pero consideraron los resultados como insuficientes para garantizar seguridad jurídica y protección efectiva, denunciando falta de ambición gubernamental y de compromisos vinculantes reales, remarcando que la de los indígenas fue una participación más simbólica que efectiva, expresando con claridad que “presencia no es participación plena y efectiva”.

“Como titulares de derechos y actores fundamentales de la acción climática necesitamos acceso oportuno a la información, participación directa en los espacios de negociación, reconocimiento de nuestras estructuras propias de gobernanza, y la incorporación generalizada de negociadores indígenas en las delegaciones oficiales”, remarcando la urgencia de contar con estos para un “diálogo continuo con la Presidencia de la COP.”

Respecto al extractivismo, se esperaba un calendario para frenar la expansión petrolera, gasífera y minera en la Amazonía. Sin embargo, en el texto final se evitó hablar de la eliminación de los combustibles fósiles para plantearlo como “reducción progresiva” o “transición justa”, dando así un margen más amplio a las corporaciones, en desmedro de las comunidades. 

Este mismo revés lo sufrió la lucha contra la deforestación, al no incluirse una hoja de ruta global para frenarla al 2030. El cuestionamiento surge al compararse cómo en la COP26 (Glasgow) más de 140 países se comprometieron a detener y revertir la deforestación al 2030, mientras que en la COP28 (Dubái) se reafirmó el objetivo, integrándolo con otros temas. Si bien en ambos casos no eran vinculantes, se esperaba esta vez materializarlo. Sin embargo, el resultado fue la eliminación de una hoja de ruta concreta del texto final, sin metas claras ni mecanismos, debilitando lo avanzado antes.

Cabe remarcar que tanto el abandono de los combustibles fósiles como la lucha contra la deforestación están entrelazados, por lo cual la debilidad de los compromisos en uno arrastra al otro. Esto se debe a la estrecha dependencia de muchos países hacia un modelo económico extractivo, donde confluyen minería, expansión agrícola y energías basadas en hidrocarburos. Esta dependencia frena regulaciones y limita los compromisos ambientales cuando llevan estas posturas a la COP.

De otro lado, los pueblos indígenas seguirán dependiendo de otros para acceder a financiamiento directo para la protección de sus territorios. Asimismo, la imagen de la Amazonía, en el escenario de Belém, que debía insuflar urgencia de acción, tuvo solo una dimensión simbólica: mucha visibilidad, pero bajos compromisos.

Al cierre de la cumbre, el presidente de la COP, André Corrêa do Lago, anunció la intención de trabajar en un plan que aborde aquellos puntos en los que no hubo acuerdo mediante iniciativas paralelas al proceso oficia l, como una forma de destrabar las negociaciones climáticas.

“La participación en la COP, en general, siempre es compleja. Hay que entender bien el espacio, las diferencias entre estos, los procesos y también los espacios previos a la COP. Creo que todavía hay bastantes brechas en cuanto a entender y conocer de qué se trata específicamente el espacio y cuáles son las mejores oportunidades de participación dentro de todo el proceso de la agenda climática del año”, explicó Esteban Morales, especialista técnico del programa Bosques y Clima de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP).

Morales, quien viene acompañando estos procesos desde hace varios años —tanto a nivel territorial como nacional, y en ámbitos internos y externos—, ha formado parte de equipos técnicos que han dado soporte a organizaciones indígenas en espacios con el Estado y en eventos internacionales.

No se trata solo de contar con expertos en las organizaciones, sino también de hacer sostenible y permanente la participación de sus representantes en los diversos espacios estratégicos, para generar una sistematización o memoria de estos procesos que sea transferible a los nuevos liderazgos que continuarán las luchas. Asimismo, se requiere una formación constante.

“Sabemos que hay bastantes desafíos para la continuidad, porque los liderazgos cambian o se delegan participaciones a dirigentes que no han estado mucho tiempo en el tema, pero son cosas que siempre se van a dar. Entonces, siempre toca mantener un proceso de formación, al menos todos los años. Creo que AIDESEP ha estado trabajando bastante en impulsar una formación que permita preparar a los dirigentes, líderes, lideresas y jóvenes para entender un poco estos procesos”, enfatizó el especialista.

En ese sentido, el dirigente asháninka Ángel Pedro Valerio coincidió con esta reflexión: “¿En qué podemos mejorar? Si queremos participar en esta nueva COP31, tenemos que prepararnos mucho más y ya estamos empezando a trabajar en poder lograr un espacio dentro del estand de nuestro país, Perú”.

Por su parte, Morales también indicó que, además de la agenda que preparan los pueblos para llevar a espacios como la COP, deben atender las agendas que trabajan con sus aliados, muchas veces en temas más específicos y no necesariamente alineados de manera frontal con sus propias demandas, lo que termina ocupando sus espacios cuando asisten.

“Hay una agenda que tienen las organizaciones indígenas con los aliados, que a veces también copan sus espacios, sus tiempos, y suele ser muy apretada durante los días que dura la COP. A veces eso no da mucho espacio para hacer un seguimiento minucioso a los avances de las negociaciones de las partes, en las que las organizaciones indígenas tienen cierto nivel de acreditación”, explicó el técnico.

Sin embargo, sin estas preparaciones y sin el apoyo de aliados, el desafío de la participación indígena sería aún mayor, incluso para lideresas con cierta experiencia como Marisol García:

“A nosotros nos dan nuestras acreditaciones como observadores y siempre te están diciendo que no puedes cuestionar nada sobre el Estado, porque supuestamente eres parte de él, pero no hay nada que sea articulado. Además, vemos que siempre se están haciendo las COP en espacios donde está el centro de la globalización, donde están los que están destruyendo el planeta; no se hace en territorios donde realmente se necesita encontrar la solución o proteger”, sostuvo la lideresa kichwa.

Uno de los espacios que merece mayor atención y donde los pueblos pueden incidir desde adentro es la Plataforma de los Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC), que fue creada oficialmente en 2020.

En algunas regiones, y por el esfuerzo de organizaciones indígenas y gobiernos regionales, se han impulsado iniciativas que emulan la plataforma a nivel más local y que buscan reflejar y atender mejor las realidades específicas de los territorios, especialmente de aquellos con presencia de varios pueblos indígenas.

Entre estas iniciativas, que han conformado su Plataforma Regional de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático, podemos citar a las regiones de Ayacucho, Ucayali y Junín, instaladas en 2023, 2024 y 2025, respectivamente, siendo procesos que siguen en marcha.

Cabe indicar que la plataforma, si bien ha sido una iniciativa por la que se ha felicitado al Estado peruano, originalmente nació desde las organizaciones indígenas, que lucharon por su incorporación hasta que se concretó en el espacio que es en la actualidad.

En medio de una participación que sigue sin suficiente apertura para los pueblos indígenas y una sensación de dejar algo inconcluso la COP30 finalizó. Mientras, son ellos quienes viven diariamente la urgencia de actuar frente a los nuevos escenarios de la crisis climática: sequías prolongadas, friajes, inundaciones o incendios forestales. La realidad y diplomacia siguen el ritmo de relojes distintos.

 

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