Amenazan líderes shawi por denunciar corrupción
Protesta en Balsapuerto.
Líderes Shawi reciben amenazas al protestar por supuesta corrupción en el distrito de Balsapuerto, en Alto Amazonas, Loreto.
Por Victoria Carlos Herrera
7 de febrero, 2026.- Líderes y pobladores indígenas de la Nación Shawi del distrito de Balsapuerto, en la provincia de Alto Amazonas (Loreto), son criminalizados tras manifestarse frente a la Municipalidad Distrital al agotarse las vías de diálogo con el alcalde Luis Nazario Peña Torres.
Los líderes reclaman por la falta de transparencia en el gasto municipal, y denuncian ser víctimas de falsas denuncias por parte de personal de la municipalidad, acusándolos de coerción y hurto en contra del municipio.
El Comité de Lucha de las comunidades Shawi, el Consejo Indígena y la Federación de comunidades nativas Chayahuitas (Feconacha) de Balsapuerto han presentado denuncias ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Alto Amazonas.
Ello luego de haberse detectado graves irregularidades en la ejecución del presupuesto municipal 2023-2025.
La denuncia penal fue presentada el pasado 23 de enero y detalla indicios de los delitos de peculado, colusión agravada y falsedad ideológica.
Lo que comenzó como un pedido de información y luego una demanda de transparencia se transformó el domingo 1 de febrero en una huelga indefinida acordada por las comunidades indígenas shawi.
Esto ocurre ante la negativa de la municipalidad de entregar informes sobre proveedores y gastos efectuados durante la gestión.
Las comunidades shawi exigen la intervención inmediata de representantes de la Contraloría General de la República de Lima, ya que desconfían de las instancias locales que, hasta el momento, han mostrado una lentitud alarmante.
Los pobladores denuncian que en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas figuran una serie de proyectos como ejecutados y liquidados por el Municipio, los cuales, según su versión, se han ejecutado parcialmente o no existen.
De acuerdo con las versiones de líderes indígenas, varios de estos proyectos corresponden a estructuras abandonadas y otros se habrían construido en localidades donde no existe ninguna población.
Además, conforme a la información publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Municipalidad Distrital de Balsapuerto habría recibido transferencias presupuestales superiores a diecisiete millones de soles anuales.
Sin embargo, dichos recursos no se han traducido en obras reales, servicios básicos ni mejoras sustanciales en la calidad de vida de la población.
Según documentos y actas presentadas a la Fiscalía Especializada por dirigentes de las organizaciones indígenas, la ausencia continua del alcalde, quien no se encontraría en el distrito para atender las demandas de la población, constituiría en un presunto abandono de cargo.
Además, dicha ausencia habría generado paralización de la gestión municipal, retraso injustificado en la ejecución de proyectos, falta de atención a los servicios básicos y grave afectación a la gobernabilidad local, particularmente en comunidades en situación de vulnerabilidad.
Los líderes locales denunciantes han pedido proteger su identidad al ser víctimas de intimidación por personal de la municipalidad.
Lejos de abrir canales de diálogo, la respuesta municipal ha sido el silencio y, según denuncia la población, la intimidación a través de la criminalización de 12 líderes a quienes se les acusa del hurto de equipos y documentos de la Municipalidad Distrital.
Este medio intentó comunicarse con la funcionaria municipal que realizó la denuncia, pero no se obtuvo ninguna respuesta, excepto una llamada en tono amenazante de una persona que rehusó brindar su nombre.
Ante esto, representantes de organizaciones indígenas de Balsapuerto como FECONACHA y el Consejo Indígena han solicitado garantías constitucionales ante la Subprefectura Distrital por las amenazas directas y el temor de represalias por ejercer su derecho a la protesta y a la fiscalización ciudadana.
“Se está vulnerando nuestro derecho fundamental al acceso a la información y a la participación política. No solo nos roban el presupuesto, ahora intentan silenciar a quienes nos atrevemos a denunciar”, señala uno de los documentos dirigidos a la Defensoría del Pueblo.
Balsapuerto cuenta con más de 120 comunidades nativas tituladas, entre otras con demandas territoriales pendientes, y tiene una fuerte presencia de población indígena, principalmente del pueblo Shawi (o Chayahuita).
La falta de ejecución de obras no es solo un dato estadístico; se traduce en la ausencia de servicios básicos que afecta desproporcionadamente a pobladores indígenas del distrito.
Un claro ejemplo de ello son las irregularidades del Programa Vaso de Leche. Pese a contar con presupuesto asignado y estar destinado a población vulnerable, no se ejecuta de manera efectiva o se ejecuta de forma irregular y discontinua.
Esta omisión estaría vulnerando derechos fundamentales vinculados a la alimentación y salud.
Además, esta situación se agrava en un contexto donde líderes indígenas de la Nación Shawi vienen recibiendo amenazas contra su vida por denunciar invasiones a territorios comunales y la deforestación ilegal para el cultivo de coca.
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