Organizaciones que velan por los derechos humanos lamentan la impunidad institucionalizada que impera en El Salvador.

Por: Iván Escobar

Las organizaciones que forman parte de la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) condenaron que en el país centroamericano, muchos casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el pasado conflicto armado, es decir hace más de 40 años, siguen sin esclarecer y a la fecha se mantiene un Estado que promueve la “impunidad institucionalizada”.

El asesinato de Mons. Óscar Arnulfo Romero, la masacre de El Mozote, el crimen contra cuatro periodistas holandeses, la desaparición forzada de niñas y niños durante el conflicto, la desaparición y tortura a civiles, entre otros, son algunos de los casos en los cuales MECIES hizo ver que la justicia salvadoreña no avanza, y la impunidad sigue reinando, los responsables de este tipo de crímenes de Lesa humanidad siguen gozando de libertad y prevalece un sistema judicial protector de los agresores y ajeno al dolor de las víctimas.

“Seguir luchando, que es lo que hacen las víctimas, nos toca como organizaciones acompañarlas”, aseveró Juan Carlos Sánchez, representante de la mesa, y de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), al consultarles respecto a qué camino continuar frente a la diversas de obstáculos para garantizar la justicia esperada. Es de señalar, que algunos de estos casos citados, han sido llevados a instancias internacionales, a fin de lograr justicia.

Y subrayó que estos casos “son una muestra de la criminalidad en la guerra…la lucha de las organizaciones se mantiene vigente, pese a todo lo sucedido, seguiremos dejando en evidencia la impunidad desde el Estado”.

Por su parte, David Morales, de Cristosal y también de MECIES, indicó que, en estos casos emblemáticos, en los cuales día a día se ha sumado pruebas, y evidenciado la responsabilidad de altos mandos del ejército en tiempos del conflicto armado, la fiscalía general de la República ha jugado un papel meramente de “espectador”.

En el caso de la masacre de El Mozote, señaló que “es un caso comprobado, y con la mayor cantidad de pruebas”, pero también un caso “estancado”. En el cual, el sistema de justicia salvadoreña no permite que se llegue hasta los responsables, y sean condenados por el masivo asesinato de civiles en esta zona oriental del territorio nacional, en diciembre de 1981.

“La respuesta de todos los poderes e instituciones del Estado ante los crímenes de lesa humanidad y de guerra que ocurrieron en el marco del conflicto armado sigue siendo la impunidad institucionalizada” enfatizaron los representantes de MECIES.

“Tales prácticas han derivado, inevitablemente, en la protección estatal de los criminales de guerra salvadoreños…los patrones de impunidad ante crímenes de guerra fueron adoptados desde la firma de los Acuerdos de Paz…y se han reproducido hasta hoy”, manifestaron.

Desde entonces, “ningún gobierno ha tenido la valentía y honor de saldar las deudas con las víctimas”, aseveró Sánchez.

Morales precisó que un elemento común en todos estos casos, y miles más que siguen en la impunidad hasta hoy en día, es que se cometieron atendiendo órdenes desde las estructuras institucionales, siguiendo las cadenas de mando de la fuerza armada con el objetivo de eliminar población civil.

El caso de los periodistas holandeses

Pedro Cruz, abogado representante de las víctimas en el caso del asesinato de cuatro periodistas holandeses, en marzo de 1982, señaló que, a 43 años, el caso continúa en la impunidad, y es por la constante lucha de sus familiares y colegas periodistas que el mismo ha tenido ciertos avances, pero no la culminación del mismo. “La justicia va lenta”, enfatizó.

Todo esto a pesar de que el caso es una clara violación al derecho de Libertad de Expresión y al ejercicio del periodismo libre, no obstante, la “cadena de mando” ordenó en aquel entonces el asesinato de estos profesionales de la prensa, a quienes se les dio seguimiento desde México, mucho tiempo antes de que llegaran al país, es decir, no fue una simple emboscada en la cual murieron, y que en un primer momento las fuerzas militares, aseguraron que fueron víctimas de un fuego cruzado.

“El caso se encuentra por hoy, en la fase de esperar la vista pública”, dijo el abogado y añadió que la última información la recibieron hace unas horas, en la que se les notificó por el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, que la Corte Suprema de Justicia, votó por la extradición de Mario Adalberto Reyes Mena, “uno de los principales Altos Mandos militares acusados del asesinato”. Por tanto, se ha dado paso a trabajar en este nuevo escenario, y continuar en la búsqueda de la justicia y castigo de los responsables.

El caso de los periodistas holandeses es un caso ejemplar de lucha y resistencia, en el cual los familiares de las víctimas mantienen su presencia para que el Estado salvadoreño responda, por ahora, la estructura judicial no ha permitido que las investigaciones avancen.

El caso de Mons. Romero “sigue estancado”

Uno de los casos que MECIES condena que a la fecha siga en la impunidad, es el asesinato de Mons. Óscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980. 45 años de aquel hecho, la justicia salvadoreña no ha condenado a los responsables intelectuales ni materiales de este magnicidio.

Alejandro Díaz, abogado del caso, lamentó que el mismo en la actualidad “sigue estancado”. “A 45 años hay impunidad en el caso…es una vergüenza para nuestro país que no se quiera investigar este caso”, concluyó.

MECIES continuará con el acompañamiento a las familias de las víctimas de estos crímenes y otros más, a través del trabajo de cada una de las organizaciones responsables de atender los casos que se conocen, como parte de un esfuerzo por alcanzar la justicia, esperan que se cambie el trabajo investigativo de la fiscalía, se logre el compromiso de los jueces, que por ahora basan la aplicación de la justicia en un Código Penal que data de 1974, con evidentes vacíos; que se desbloqueen los archivos militares, y se dé por terminada “la instrumentalización del gobierno de algunos casos de justicia transicional con fines de propaganda política”.