Mulino recrudece la persecución contra el movimiento social y sindical panameño

Saúl Méndez, principal líder sindical, se refugió en la embajada boliviana. Trabajadores, indígenas y estudiantes se movilizan en todo el país contra la agenda Mulino-Trump. Publicado en Diario Red América Latina el 24 de mayo de 2025.

El día miércoles Méndez, entrevistado por Diario Red hace pocas semanas, se refugió en la sede diplomática boliviana, en donde se presentó con una solicitud formal de asilo. A través de su encargado de negocios, el gobierno del Estado Plurinacional decidió otorgarle una protección temporaria hasta que su pedido sea evaluado de manera formal. Con un escenario convulso, sin garantías de continuidad política y con una interna que no deja de escalar, la coyuntura boliviana se articula de manera conflictiva con la panameña. Así, Evo Morales se posicionó rápidamente, exigiendo al gobierno de Luis Arce que otorgue el correspondiente asilo diplomático a Méndez y a otros dirigentes sindicales perseguidos.

¿Lawfare contra el movimiento social?

Pocas horas antes el dirigente Genaro López, secretario del SUNTRACS durante dos décadas, había sido detenido en el centro penitenciario La Joya. Él, Erasmo Cerrud, el propio Méndez y otras figuras son acusados de delitos presuntos como estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato. Una imputación cuando menos curiosa en un país mundialmente conocido por fungir de guarida fiscal y por garantizar impunidad total para el lavado de activos de los políticos corruptos y las economías ilícitas, como quedó demostrado con el caso de los Panamá Papers y los Pandora Papers. 

Mulino ha sido un personaje controvertido desde antes de su llegado al Palacio de las Garzas, sobre todo en su rol de “mano dura” al frente de las carteras de Gobierno y de Justicia. Sin carisma y con un capital electoral casi nulo, vino a reemplazar a su mentor, el ex presidente Ricardo Martinelli, después de que éste abandonara la carrera presidencial por una condena por peculado y por otras cusas abiertas, vinculadas a Odebrecht y a un caso masivo de espionaje a opositores.

Pero tampoco faltaron las polémicas en la campaña electoral, cuando sus aspiraciones fueron impugnadas por la Corte Constitucional, debido a que su candidatura no fue fruto de una interna partidaria, como lo establece la ley electoral, y a que se presentó con un fórmula incompleta, sin vicepresidente que le acompañe. Finalmente, con argumentos más políticos que jurídicos, fue la Corte Suprema de Justicia la que le permitió concurrir a las urnas y hacerse con la presidencia.

No es la primera vez que Mulino arremete contra el movimiento sindical y social panameño en general, y contra este poderoso sindicato en particular. En una de sus habituales conferencias de prensa de los días jueves, el mandatario aseguró en febrero que “reduciría al SUNTRACS a su mínima expresión”, después de definir a sus líderes como “mafiosos y maleantes”. El correlato práctico de esta arremetida ha sido de momento el congelamiento de las cuentas bancarias del sindicato, por parte del poder judicial y en connivencia con el poderoso capital internacional asentado en la zona financiera de la Ciudad de Panamá. 

Otro antecedente inmediato se dio el 12 de enero de este año. Una protesta del sindicato, desarrollada en la obra en construcción de un hospital, generó como represalia una violenta represión de las fuerzas de seguridad del Estado que dejó varios heridos, 518 detenidos y 83 trabajadores judicializados, algunos con caratulas tan graves como la de terrorismo. 

Cabe destacar que el control de Mulino sobre el Ministerio Público es total, hasta el punto de que el Procurador General de la Nación, el señor Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, se desempeñó antes como asesor y como abogado personal del mandatario en ejercicio. 

La agenda Mulino-Trump

Como Méndez adelantó a este diario en febrero, las principales demandas del movimiento social panameño son tres, a contramano de la regresiva agenda impuesta por el gobierno de Mulino, estrictamente alineado en lo local con la burguesía financiera y canalera, y en lo internacional con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. 

En primer lugar están los intentos de privatización de la seguridad social de los trabajadores del país, codificados en la Ley 462, resistida por una huelga general que lleva ya 26 días -hasta el cierre de esta edición-, y que involucra no sólo al SUNTRACS sino a centrales sindicales como la CONUSI. La regresiva ley busca emular el modelo chileno de las administradoras privadas de fondos de pensión, implantadas en toda la región a partir de la dictadura de Augusto Pinochet. 

En segundo lugar están las tentativas de retomar el proyecto extractivo de la mina de cobre de Donoso, algo que Mulino, estrechamente ligado al lobby minero, prometió desde el primer día. El resistido proyecto de la trasnacional First Quantum Minerales fue suspendido durante la administración anterior de Laurentino Cortizo tras las masivas protestas ciudadanas desarrolladas en 2023, las más importantes en décadas. 

Por último y no menos importante está la militarización del Canal de Panamá por parte de los Estados Unidos, acordada a través de un memorando de entendimiento que viola de manera flagrante la constitución panameña y el Tratado de Neutralidad de 1977. En virtud de este acuerdo el gobierno estadounidense podrá volver a instalar bases estadounidenses en la zona del Canal, vulnerando la soberanía de un país que se movilizó por ella, con numerosos mártires, a lo largo de todo el siglo XX. Y que en 1989 fue directamente invadido por los marines en la Operación Causa Justa, con un saldo de al menos 500 víctimas fatales.  

La disputa del paso interoceánico es vital, dado que concentra hasta el 6 por ciento del tráfico marítimo mundial anual, y se enmarca en la puja geopolítica global desatada contra China. Tanto es así que tras la visita del Secretario de Estado Marco Rubio al istmo en febrero, Mulino anunció el retiro del país de la Iniciativa de la Franja y de la Ruta que comanda el gigante asiático. Casualmente o no, la fecha coincide con el recrudecimiento de la persecución oficial contra el movimiento social y sindical panameño. 

La respuesta no se ha hecho esperar, y proviene no sólo de los sindicalistas de todo el país, sino también también de indígenas, campesinos y estudiantes. Así, el Congreso General del muy organizado pueblo Kuna, así como representantes estudiantiles de la Universidad de Panamá, anunciaron su participación unitaria en la movilización nacional convocada para el día 23 de mayo, que promete ser multitudinaria. 

Paralelamente a las manifestaciones en la capital, se producen conatos de protesta en provincias tan importantes como Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. En esta última, la filial local de la tristemente célebre empresa bananera Chiquita Brands anunció el jueves el despido masivo de cientos de trabajadores, vulnerando su derecho a huelga. Otro indicio más de que la persecución desatada contra el SUNTRACS y otras organizaciones sólo puede comprenderse en el marco de la agenda nacional y hemisférica de Mulino y Trump. Esto se debe a que Panamá, en el vórtice de la geopolítica continental, es uno de los países en donde cabría esperar una insurrección popular como las que muchos países tuvieron antes de la pandemia. La articulación de demandas soberanistas, económicas y medioambientales podría ser crucial en este sentido. 

fuente: https://todoslospuentes.com/