La siembra de Berta: memoria viva, organización y continuidad de la lucha
Por Noelia Carrazana
Fotografía: Barracón Digital
En el marco del décimo aniversario, el COPINH y organizaciones aliadas realizaron la llamada siembra de Berta, una serie de actos políticos, espirituales y comunitarios desarrollados entre el 1 y el 3 de marzo de 2026 en La Esperanza y en comunidades lencas como Río Blanco, territorio emblemático de la resistencia contra el proyecto Agua Zarca.
Las actividades incluyeron ceremonias ancestrales, ofrendas colectivas, encuentros de reflexión política, paneles con participación nacional e internacional y movilizaciones públicas. Participaron comunidades lencas, organizaciones sociales hondureñas, movimientos indígenas y feministas de Mesoamérica, redes internacionales de derechos humanos, sindicatos y medios comunitarios.
Durante uno de los actos centrales, Bertha Zúñiga Cáceres, hija de Berta y actual coordinadora general del COPINH, afirmó que la siembra no es un homenaje simbólico, sino un acto político de continuidad. Señaló que, a diez años del asesinato, la justicia sigue siendo incompleta porque no se ha juzgado a todos los responsables intelectuales ni desmontado la estructura económica y estatal que permitió el crimen. Subrayó que la lucha no se limita a los tribunales, sino que se expresa en la defensa cotidiana del territorio, del agua y de la autonomía de los pueblos.
La siembra de Berta tuvo también una fuerte dimensión internacional, con acciones simultáneas, pronunciamientos y ceremonias en distintos países. Para las organizaciones convocantes, Berta Cáceres se ha convertido en un símbolo global de la lucha contra la impunidad corporativa y estatal, y su legado continúa vivo en cada proceso de organización comunitaria.
El asesinato de Berta no fue un hecho aislado. En América Latina, numerosas lideresas indígenas y defensoras del territorio han sido asesinadas o desaparecidas por enfrentar intereses extractivos. Entre ellas se encuentra Julia Chuñil, lideresa mapuche de Chile desaparecida tras años de amenazas por la defensa de tierras ancestrales, así como otras defensoras en Honduras, Guatemala, Colombia y México cuyos casos permanecen impunes. Sus historias revelan un patrón regional de violencia contra mujeres indígenas que defienden la vida y los bienes comunes.
A diez años del crimen, la verdad sobre el asesinato de Berta Cáceres ha sido ampliamente documentada. La justicia, sin embargo, sigue pendiente. La siembra realizada en marzo de 2026 reafirma que su memoria no es pasado: es organización, es resistencia y es una lucha que continúa.
Berta Cáceres: diez años después, un crimen impune y una siembra que sigue creciendo
Al cumplirse el décimo aniversario del asesinato de la lideresa indígena lenca Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) difundió un comunicado dirigido al pueblo hondureño y a la comunidad internacional en el que reafirma que, a pesar del crimen, “Berta triunfa sobre la muerte”:
https://copinh.org/2026/03/comunicado-3-26-berta-caceres-10-anos-de-luz-rebeldia-y-justicia/: La siembra de Berta: memoria viva, organización y continuidad de la luchaEl texto sostiene que la verdad sobre el asesinato ya ha sido esclarecida por investigaciones independientes y peritajes internacionales, y que lo único pendiente es el camino de la justicia. El COPINH identifica como responsables intelectuales a miembros del poder económico vinculados al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, señala la complicidad del Estado hondureño y menciona el financiamiento internacional que sostuvo el proyecto. A diez años, la organización afirma que no existen dudas sobre la autoría estructural del crimen y convoca a la unidad de los pueblos frente al capitalismo extractivo, el racismo y el patriarcado.
El asesinato de Berta Cáceres ocurrió el 2 de marzo de 2016, durante el gobierno del entonces presidente Juan Orlando Hernández, una administración señalada por organismos internacionales por graves violaciones a los derechos humanos, militarización de los territorios y criminalización de defensores y defensoras ambientales. Bajo ese gobierno se profundizó la entrega de concesiones energéticas y mineras sin consulta previa a los pueblos indígenas, en un contexto de violencia e impunidad estructural.
Las investigaciones judiciales demostraron que el crimen estuvo vinculado directamente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.). El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluyó que el asesinato fue previsible y prevenible, y que el Estado hondureño contaba con información suficiente para evitarlo, pero no actuó.
El informe del GIEI documenta una arquitectura criminal compleja que articuló intereses empresariales, financiamiento internacional, estructuras de seguridad privadas y estatales, y omisiones deliberadas de las autoridades. En esa trama aparecen los bancos de desarrollo Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO), cuyos fondos, según la investigación, fueron utilizados dentro del entramado que permitió sostener el conflicto territorial, pagar informantes, logística y acciones criminales.
Hasta la fecha, la justicia hondureña ha condenado a ocho personas por el asesinato, entre ellas a David Castillo, exgerente de DESA y exoficial de inteligencia militar, y a Sergio Rodríguez, también directivo de la empresa, además de exmilitares y sicarios que ejecutaron materialmente el crimen. Sin embargo, los principales autores intelectuales y responsables financieros de más alto nivel no han sido juzgados. El propio GIEI subraya que no se ha esclarecido la autoría colectiva y estructural ni la responsabilidad del Estado por acción y omisión.
La búsqueda de justicia ha sido sostenida por la familia de Berta, el COPINH y un equipo legal nacional e internacional. La representación jurídica ha contado con el acompañamiento de organizaciones hondureñas de derechos humanos y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que ha impulsado el caso en el sistema interamericano, aportado peritajes y exigido la responsabilidad internacional del Estado hondureño. A lo largo de estos diez años, el equipo legal ha insistido en que las condenas obtenidas son parciales y que sin juzgar a los autores intelectuales no puede hablarse de justicia integral.
Fuentes: Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) – CIDH, PlanetaReportaje, 03/03/2026, Mª Ángeles Fernández, Rel UITA – Cobertura a diez años del asesinato, Comunicados y documentación de CEJIL y ERIC, Informes de Naciones Unidas y Global Witness sobre defensoras ambientales, Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) – CIDH
Fotos: https://barracondigital.org/
