Un planeta habitable es posible, pero para ello debemos enfrentarnos a los más ricos

El futuro no tiene por qué ser caos climático y destrucción social. El «Global Justice Report», elaborado entre otras personas por Thomas Piketty, ofrece una alternativa concreta, pero una que se enfrenta frontalmente al poder de los multimillonarios.

El Global Justice Report traza una senda de transición esperanzadora y concreta para la humanidad desde 2026 hasta el año 2100. La conclusión principal es sencilla: es posible unir el bienestar para todos con una Tierra habitable. Pero esa transformación se apoya en tres pilares igualmente importantes.

En primer lugar, es necesaria una rápida descarbonización de nuestros sistemas energéticos. En segundo lugar, debemos pasar drásticamente al principio de «suficiencia»: suficiente para vivir bien sin sobrecargar el planeta. Eso significa menos horas de trabajo, una huella material más pequeña y otros patrones de consumo. En tercer lugar, se debe abordar la desigualdad mundial de forma drástica y estructural, tanto entre países como dentro de ellos.

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Esa reducción de la desigualdad no es simplemente una idea socialmente deseable. Es una condición para poder financiar las inversiones climáticas necesarias y mantener el apoyo social a una transformación semejante. Sin igualdad no hay futuro habitable.

El informe se publicó en junio de 2026 y está escrito por un equipo central de siete investigadores, entre ellos los conocidos economistas Thomas Piketty y Lucas Chancel. Es una iniciativa colectiva del World Inequality Lab y se basa en datos recogidos por más de 200 científicos en todo el mundo.

¿Qué propone concretamente el informe? El plan prevé que el ingreso mensual medio por persona en cada país llegue a 5.000 euros en 2100. Hoy todavía se abre una brecha que va desde los 290 euros en el África subsahariana hasta los 4.590 euros en Norteamérica. Un ingreso mundial de 60.000 euros al año se convierte en la nueva normalidad.

Esa convergencia de ingresos va acompañada de una verdadera revolución en la distribución de la riqueza. La parte del 50 % más rico de la población mundial en la riqueza total desciende del 6 % al 0,05 %. Al mismo tiempo, la parte de la mitad inferior sube del 2 % hasta nada menos que el 30 %. Casi el 90 % de la población mundial duplica sus ingresos.

Una de las propuestas más llamativas es la reducción drástica del tiempo de trabajo. Mientras que ahora trabajamos de media en todo el mundo 2.100 horas al año, debería bajar a 1.000 horas en 2100. Es una tendencia histórica que podemos continuar, aunque exige una fuerte movilización colectiva.

El tiempo ganado no se llena simplemente con no hacer nada. El plan prevé un desplazamiento desde los sectores materiales hacia sectores más inmateriales como la educación y la sanidad. La parte de las horas de trabajo mundiales dedicada a estos sectores sube del 11 % al 43 %. Países como Noruega y Suecia ya muestran que es alcanzable.

A ello se suma también la aspiración a una igualdad de género completa: igual participación laboral, iguales horas de trabajo remunerado y no remunerado, e igual salario. Eso significa una redistribución fundamental del poder y del tiempo, vinculada a menores diferencias de ingresos.

El plan muestra que podemos limitar el calentamiento a 1,8 °C en 2100. Eso es bastante mejor que los más de 4 °C que nos esperan si no hacemos nada. La combinación del principio de suficiencia (trabajar y consumir menos) y una rápida transición energética es el único camino.

Esa transición exige una inversión del 3 al 4 % del PIB mundial al año durante las próximas tres décadas. Ese dinero debe venir sobre todo de los ricos globales, que se han beneficiado de manera desproporcionada del crecimiento económico y cargan con una gran responsabilidad por las emisiones históricas.

Importante: el plan no opta por una simple contracción de la economía. Un desplazamiento dirigido hacia sectores menos materiales y otra producción de alimentos es más efectivo que una reducción general del bienestar. Así, un nivel de bienestar de 60.000 euros por cabeza puede combinarse con un aumento de temperatura menor que en una contracción general.

El motor detrás de esta transformación es el Global Justice Fund (GJF). Esta nueva institución internacional debe recaudar y gestionar los ingresos de impuestos mundiales sobre la riqueza y los ingresos. Esos impuestos afectan solo al 1 % más rico de la población mundial y se suman a los impuestos nacionales.

El fondo paga dividendos nacionales sobre la base de cantidades iguales por habitante. Para los países pobres eso puede llegar hasta el 9 % de su PIB, mientras que para los países ricos es solo del 2 al 3 %. Sin embargo, esos dividendos no carecen de un compromiso: están vinculados a condiciones estrictas en materia de clima, educación, salud y desigualdad.

Los gastos anuales del fondo ascienden de media al 10,3 % del PIB mundial. Es una cantidad gigantesca, comparada con el 0,4 % actual que va a la ayuda al desarrollo. Pero el desafío también es inédito: solo las inversiones climáticas ya requieren entre el 3 y el 4 % del PIB.

¿Quién se beneficia ahora de este plan? Una mayoría abrumadora: el 89 % de la población mundial duplica sus ingresos. En el Sur global llega incluso al 95 o 98 % de la población. En el Norte se beneficia entre el 85 y el 95 %. Solo una pequeña minoría, principalmente los ricos, ve caer sus ingresos.

Si también contabilizamos el valor del tiempo libre y de un planeta habitable, sale ganando más del 99 % de la población mundial. Aun así, el plan chocará con una fuerte resistencia, no solo de los multimillonarios. También una parte de la clase media en los países ricos puede oponerse a la elección de más tiempo libre en lugar de más consumo.

La ejecución de este plan requiere una democratización fundamental de las instituciones internacionales. Europa y Norteamérica tienen hoy cuatro veces más derecho de voto en el FMI y el Banco Mundial que su proporción de la población. El plan aboga por un voto por persona: una transición de la plutocracia mundial a la democracia mundial.

Eso significa también el fin de los «privilegios exorbitantes» de los países ricos, que ahora se benefician de rendimientos más altos sobre sus posesiones extranjeras que los que pagan por sus deudas. Una nueva moneda internacional y una Unión Internacional de Compensación deben poner fin a eso, y obligar no solo a los países deudores, sino también a los países con grandes superávits, a ajustar su economía.

El informe es único y muy importante porque es el primer intento de presentar un plan completamente cuantificado. Combina la redistribución a escala mundial, la reforma del orden financiero, la transición energética y los cambios en el consumo. Mientras que los escenarios climáticos tradicionales, como los del IPCC, separan estas cosas, este modelo las reúne. En cuanto a material estadístico, el informe es monumental.

Según las tendencias macroeconómicas actuales, el mundo se dirige hacia un calentamiento catastrófico de más de 4 °C. El modelo integral propuesto consigue limitar el calentamiento a 1,8 °C para 2100. Con ello, el informe ofrece una alternativa científica realista al capitalismo contemporáneo destructivo.

Aun así, el informe contiene una serie de déficits fundamentales. El primero es que la línea de tiempo no es suficientemente urgente. El Global Justice Report apunta a grandes cambios de cara a 2100. Eso lo hace ambicioso sobre el papel, pero al mismo tiempo también muy lento, vista la urgencia climática, la crisis social y la destrucción ecológica que ya están en marcha hoy.

Para miles de millones de personas en la pobreza, para los países que ya son golpeados por desastres climáticos y para ecosistemas que están al borde del colapso, 2100 no es un horizonte tranquilizador. La pregunta no es solo si un mundo justo es posible, sino por qué no debe ser impuesto mucho más rápidamente.

Un segundo punto débil del informe es que apuesta sobre todo por la redistribución de la riqueza, pero toca poco o nada las causas del problema. Gravar a los multimillonarios y redistribuir la riqueza está bien y es necesario, pero mientras las grandes empresas, bancos, compañías energéticas y gigantes tecnológicos sigan controlando las decisiones de inversión, la economía seguirá girando en torno al beneficio en lugar de las necesidades sociales y ecológicas.

El hecho de centrarse en los impuestos, la redistribución y los fondos públicos no cambia nada de las relaciones de propiedad ni de la lógica del beneficio que causa y agranda estructuralmente la brecha entre ricos y pobres, y hace degenerar el clima. Aun siendo importantes, estas medidas permanecen atrapadas dentro de la misma lógica de sistema que ha causado los problemas actuales y los seguirá causando.

Un tercer déficit es el débil análisis del poder. El informe demuestra de manera técnicamente convincente que un mundo más justo es posible, pero sigue siendo mucho más vago sobre quién tiene el poder para imponerlo. Según el profesor Duncan Green, de la London School of Economics, el informe no ofrece una teoría del cambio convincente.

Un núcleo dominante de 147 empresas posee conjuntamente, a través de ramificaciones en otras empresas, el 40 % de la riqueza mundial. 737 empresas poseen el 80 % de la riqueza total. Estos gigantes, las empresas fósiles y las élites financieras no cederán voluntariamente su enorme poder porque un informe demuestre que otro mundo sería mejor y necesario.

Para eso hace falta un contrapoder organizado: sindicatos, movimientos sociales, movimientos climáticos, partidos políticos, huelgas, boicots y solidaridad internacional.

El Global Justice Report es fuerte como brújula matemática y moral, pero más débil como estrategia de lucha. Entre lo «posible» y la «realidad» están la lucha de clases, la geopolítica, la fuga de capitales, la extrema derecha, los intereses fósiles, las economías de guerra y la débil solidaridad internacional. Quien quiera un planeta habitable y una vida digna para todos no solo debe demostrar que es posible. También tendrá que organizar el poder para imponerlo.

Se habla ciertamente de una sociedad civil organizada, pero sin analizar concretamente qué coaliciones, organizaciones y relaciones de poder son necesarias para imponer el cambio propuesto.

Con ello, el informe sigue siendo en parte tecnocrático. Los impuestos, las reformas institucionales y los procedimientos democráticos son necesarios, pero no bastan si siguen funcionando dentro de la misma lógica de sistema que ha causado la crisis. El informe muestra que un futuro mejor sí es matemáticamente posible, pero la pregunta abierta es cómo se construirá la fuerza social para hacer realidad también ese futuro.

El Global Justice Report es importante porque muestra que el futuro no está fijado. Sin embargo, el camino hacia él es menos claro que los propios cálculos. El verdadero desafío no reside solo en diseñar medidas justas, sino en quebrar el poder que hoy las impide. Todavía queda mucho trabajo por hacer.

Texto original: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2026/07/07/een-leefbare-planeet-kan-maar-dan-moeten-we-de-rijksten-aanpakken

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