El poder económico concentrado requiere desde hace tiempo un cambio regresivo en la relación laboral, disminuyendo la capacidad de negociación de las trabajadoras y los trabajadores.
¿Desde cuándo el poder sostiene la ofensiva contra el trabajo?
Es un programa desde la crisis de rentabilidad de los
60/70 del siglo pasado que se respondió con una ofensiva reaccionaria desplegada
en varias etapas, con violencia del terrorismo de Estado desde hace medio siglo.
Por eso, la ofensiva patronal se reconoce en el “rodrigazo”
en 1975, la dictadura genocida del 76/83 y las incursiones derechistas y
liberalizadoras de los ´90 con Menem y De la Rúa, el gobierno Macri (2025-19) y
ahora Milei y cómplices en todos los poderes del Estado con su avance de media sanción
de la reforma laboral.
El objetivo es incrementar la posibilidad de
apropiación del excedente económico, producto de la disminución del poder de
trabajadoras y trabajadores. De ese modo, se acrecienta la apropiación de
plusvalor de las y los propietarias/os de medios de producción.
Por eso, crece la desigualdad, aun cuando la
producción está estancada desde hace más de una década. No se produce más, pero
la distribución es desigual, acrecentando ingresos y riquezas de pocos.
La fragmentación del movimiento obrero y popular
constituye el paso necesario para la consolidación en el proceso legislativo
actual, que pretende sellarse con la sanción legislativa en Diputados antes del
fin de febrero.
Esta dinámica se asienta en cambios estructurales de
la organización de la producción, con millones de trabajadoras/es en situación
irregular de empleo, desfinanciando la seguridad social y condenando a millones
a la inseguridad sanitaria, social y previsional.
Mientras esto sucede, una parte importante de la
burocracia sindical defiende su condición y negocia con el poder.
No debe sorprender que eso ocurra, ya que las propias
bases del sindicalismo tradicional acuerdan con el rumbo ideológico de la
derecha liberalizadora que induce el sálvese quien pueda.
Las cúpulas sindicales burocráticas se subordinan a
ese marco ideológico política de una parte de sus afiliadas/os y de la sociedad
y desde una lógica “posibilista” intenta sostener concesiones en negociaciones
con la patronal y los gobiernos de turno.
Por eso, la movilización contra la reforma, siendo muy
importante y de carácter federal, no tiene el alcance necesario para derrotar
la ofensiva del capital y el gobierno de la ultraderecha.
Resulta imprescindible reorganizar al movimiento
sindical, de trabajadoras y trabajadores, en el sentido inicial del
reagrupamiento que dio origen al Congreso de Trabajadores de la Argentina en
los 80/90 del siglo pasado.
Es un propósito vigente y más necesario aun, que trasciende
iniciativas parciales de grupos, movimientos y partidos, y demanda más unidad
de acción en la resistencia, al tiempo que se articula un proyecto político alternativo
que le otorgue posibilidad de existo a la confrontación con la liberalización
en curso. Se trata de animar un nuevo tiempo de acumulación de poder popular
para la emancipación.
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Fuente:
rebelion.org