Junta Nacional de Justicia (JNI) aceptó renuncia de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en medio de un acaparamiento de instituciones.
“Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés que se organicen y ejecute la segunda vuelta de elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”, dijo Corvetto en su carta de renuncia.
La decisión se da en medio de investigaciones y denuncias de irregularidades por la demora en la distribución del material electoral y la instalación incompleta de mesas de sufragio que provocaron la prórroga de las elecciones por un día más.

Según reconoció la misma ONPE, el material electoral debía ser distribuido el 11 de abril, pero el despliegue no se cumplió. Esto habría derivado de la falta de unidades de transporte lo que genero un retraso en la instalación de mesas.
A la tardía entrega del material se sumaron denuncias de la pérdida y abandono de actas y cédulas de sufragio en distintos distritos, especialmente de la capital del país, que encendieron las alarmas sobre la custodia del material electoral.
Lo cierto es que la JNJ –un organismo cuestionado por sus vínculos con el pacto mafioso– demoró minutos en aceptar la renuncia de Corvetto y el martes 21 la aprobó por unanimidad y declararó su vacancia del cargo.
La vacancia se produce a pesar de que el cargo de Jefe de la ONPE es irrenunciable en un proceso elec toral. La JNJ advirtió que las investigaciones en contra de Corvetto seguirán en curso.

El día 12 de abril en la mañana, el mismo día de la jornada electoral, la JNJ anunció el inicio de investigaciones disciplinarias e incluso la revisión del proceso de ratificación del entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto.
A su comunicado le siguieron diligencias apresuradas del Ministerio Público que a través de la Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima realizaron acciones de fiscalización por la demora de instalaciones de mesa de sufragio.
A estas acciones se sumó el discurso de fraude impulsado por la extrema derecha, liderada por Rafael López Aliaga y otros candidatos, quienes cuestionaron la transparencia del proceso electoral y aprovecharon las circunstancias para pedir la nulidad del mismo.
El 22 de abril se supo que el Ministerio Público solicitó la detención preliminar de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE por los hechos ocurridos el 12 de abril, es decir, todo un contexto desfavorable en medio de un acaparamiento de instituciones.
La situación genera un panorama de incertidumbre e inseguridad para la segunda vuelta electoral, pues hay temor que el próximo jefe de la ONPE sea más afín al pacto mafioso que ya ha tomado varias instituciones del Estado.
Esto genera un clima de desconcierto y desconfianza frente al proceso electoral realizado el 12 de abril y que –aunque parezca sorprendente– aún no culmina y carece de visos claros de solución.
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