Los líderes sociales indicaron que esta norma restringe el trabajo de las organizaciones no gubernamentales a favor de los derechos humanos.
En una conferencia de prensa en el Congreso, junto a la congresista Ruth Luque, anunciaron la presentación de una acción de amparo contra la ley por vulnerar el derecho a la libertad de asociación y debilitar la democracia en el país.
La Ley 32301 modifica las competencias de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y permite un mayor control estatal sobre las organizaciones que reciben cooperación internacional.
“El Congreso pretende callar las voces críticas de la sociedad civil”, declaró Javier Azpur, presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC), al explicar que la norma obstaculiza el trabajo de quienes luchan por la verdad y la justicia.
Por su parte Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostuvo que la ley impide que las organizaciones litiguen contra el Estado, beneficiando así a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Tania Pariona advirtió que esta medida se inscribe en un intento por borrar la memoria histórica del país y debilitar la lucha sostenida por miles de familias durante décadas.
Asimismo, Betty Águila, hermana de una víctima de la represión en Puno, exigió que se deje de legislar a favor de quienes han cometido crímenes: “Seguimos luchando con niños huérfanos y sin justicia”, reclamó.
Por su parte, Eusebio Vásquez, dirigente agrario, recordó que muchas comunidades sobreviven y se organizan gracias al apoyo de la cooperación internacional.
Las organizaciones reafirmaron su compromiso con la democracia y la justicia frente a lo que consideran un intento de imponer el silencio y la impunidad desde el poder político.
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