Padecer el fujimorismo, una lacra institucional
El 5 de abril de 1992 es una fecha luctuosa para la entonces naciente democracia en el Perú. Esta fecha debe ser recordada siempre y en especial las nuevas generaciones que quizás desconocen cómo se incubó el fujimorismo y el actual pacto mafioso liderado por Keiko Fujimori, la hija del dictador.
El 5 de abril de 1992 es una fecha luctuosa para la entonces naciente democracia en el Perú. Esta fecha debe ser recordada siempre y en especial las nuevas generaciones que quizás desconocen cómo se incubó el fujimorismo y el actual pacto mafioso liderado por Keiko Fujimori, la hija del dictador.
Por Jorge Agurto
Entonces, Alberto Kenya Fujimori Fujimori disolvió el Congreso y tomó el control total del aparato estatal para imponer un régimen protervo gobernado por el triunvirato integrado por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza Ríos.
El fujimorismo envileció al país. Lo degradó moralmente. Y es oportuno recordar que gobernó de la mano con los grupos de poder económico (GPE).
Al gran empresariado articulado en la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) no le importó que se arrase con los principios básicos del estado democrático de derecho mientras el régimen les aseguraba pingües beneficios.
Esa herencia nefasta es la que hoy vuelve de la mano de Keiko Fujimori, que ha encontrado la forma para gobernar desde el Congreso y manejar como títeres a Dina Boluarte, José Jerí y ahora José María Balcázar.
Desde el Congreso de la República no solo ha tomado el control de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación sino que además busca presionar a los magistrados del Poder Judicial a través de Fernando Rospigliosi.
En el interín ha logrado frenar el mega juicio contra Keiko Fujimori y devolverlo a sus inicios, destituir a los fiscales que la investigan, expedir leyes a favor de la criminalidad y promulgar el esperpento de ley que busca diluir los procesos contra los crímenes de lesa humanidad.
A todo eso se suma la Ley contra el Cine, la norma que modifica la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para desaparecer a las oenegés críticas que defienden los derechos humanos, entre otras perlas.
Obviamente, todo esto no lo hace el fujimorismo solo. Está acompañado por el partido de César Acuña Peralta, Alianza para el Progreso (APP), personaje cuya fortuna tiene un origen oscuro y hace política a pesar de ser un deficiente mental.
También lo acompaña a manera de comparsa el “cerronismo” de Vladimir y Waldemar Cerrón Rojas, quienes ávidos de mendrugos de poder han perdido todo horizonte ético –si es que alguna vez lo han tenido– y son políticamente capaces de cualquier cosa.
No podemos dejar de señalar al Partido Aprista Peruano (PAP) que desde soterrados escondrijos asesora a los gobiernos de turno para mancillar a los sectores sociales democráticos que buscan justicia.
No hay que dejar de mencionar a la prensa corporativa envilecida que opera funcionalmente, ocultando lo grave de la situación y generando una narrativa como si todo fuera normal y tranquilo.
Salvo el semanario Hildebrandt en sus trece y la cada vez mayor prensa de investigación, alternativa e independiente, se escribe cotidianamente la historia profunda del país que otros medios buscan soslayar.
El fujimorismo ha blindado la criminalidad y sofoca todo vestigio de justicia. De alcanzar un control, aunque sea parcial, del Senado impuesto a su conveniencia podrá controlar a los gobiernos que salgan electos.
Su ansia de poder puede tramar hasta lo imposible para asegurarse un control del nuevo Senado a decidirse en las elecciones del 12 de abril de 2026.
Todo es posible para una mujer que ya perdió tres elecciones a la presidencia y no tendría reparos de acusar de fraude si perdiera por cuarta vez.
Su oscurantismo y terquedad le pasará una gran factura histórica al país. Desmontar todo lo que se viene ejecutando tomará tiempo y revertir sus consecuencias mucho más.
Quizás se necesite una nueva Comisión de la Verdad sobre este periodo para esclarecer responsabilidades y encontrar un hilo conductor para renovarnos moralmente en aras de la verdad y la justicia.
En esta fecha la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) recuerda un nuevo aniversario del quiebre institucional ocurrido en 1992 y que ha marcado al país.
Señala que durante dicho régimen el ejercicio del periodismo enfrentó graves afectaciones, las peores, el asesinato y la desaparición forzada.
Diversos casos evidencian las consecuencias de la violencia contra la prensa, como los de Melissa Alfaro (asesinada en octubre de 1991), Pedro Yauri (desaparecido en junio de 1992) e Isabel Chumpitaz (asesinada en abril de 1998), cuyos procesos siguen siendo parte del reclamo por verdad y justicia.
Asimismo, se registraron actos de hostigamiento, persecución y vulneraciones a periodistas como César Hildebrandt, Gustavo Gorriti y Fabián Salazar, entre otros.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, como organización que históricamente ha defendido la libertad de prensa también fue objetivo de la pretendida censura que se intentó imponer a medios e instituciones de prensa.
Por esa razón, la ANP reafirma su compromiso con la protección del ejercicio periodístico, el respeto a los derechos fundamentales y el fortalecimiento de una democracia basada en instituciones sólidas y garantías para todas y todos.
A continuación compartimos un vídeo elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos respecto a la aciaga fecha:
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