Informe advierte que el auge de la minería informal en Perú está redefiniendo los conflictos sociales y ambientales en todo el país.
Servindi, 18 de julio de 2025.- La minería informal continúa expandiéndose en el Perú con impactos cada vez más notorios en el territorio, los conflictos sociales y la vida comunitaria.
El 36.º reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), señala que esta actividad, lejos de limitarse a la ilegalidad, convive y hasta se articula con empresas formales para avanzar sobre tierras comunales y ecosistemas estratégicos.
El informe precisa que el 15 % del territorio nacional —equivalente a 19 millones de hectáreas— está concesionado a la minería, con regiones como Apurímac y La Libertad superando el 50 %.
En zonas como Pataz, donde las concesiones cubren el 80 % del área, la minería formal, informal e ilegal operan juntas bajo un régimen que permite el desorden y la violencia, según denunció la abogada Mirtha Vásquez, de Grufides.

Por otro lado, el nuevo ciclo de precios internacionales del oro y el cobre ha generado ingresos récord de 19.000 millones de dólares solo en 2024, incentivando aún más la expansión informal.
El OCM advierte que si bien se presenta a los mineros informales y a las empresas formales como actores enfrentados, ambos sectores comparten una agenda común: ampliar la frontera extractiva y reducir sus obligaciones sociales y ambientales.
Daniel Hernando, investigador en minería ilegal, alertó que muchos jóvenes se ven atraídos por los ingresos rápidos que ofrece la actividad minera, dejando de lado alternativas como la educación o la agricultura.

Esto genera deserción escolar, violencia y nuevos ciclos de pobreza, especialmente en zonas como Loreto, donde la minería ilegal convive con otras economías ilícitas.
A pesar de las denuncias y protestas como las que están en contra del proyecto Río Blanco o Tía María, el Estado sigue promoviendo concesiones sin delimitar previamente zonas de protección ambiental o seguridad alimentaria.
Frente a este panorama, las organizaciones sociales exigen ser parte activa en la discusión de una nueva Ley de la MAPE, incluyendo la participación de pueblos indígenas, autoridades locales y comunidades afectadas.
Lea el informe completo en: https://conflictosmineros.org.pe/wp-content/uploads/2025/07/36-OCM-primer-semestre-2025-1.pdf
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