Pueblos indígenas y colectivos sociales anuncian proceso de revocatoria ante medidas impopulares y retrocesos en derechos del Gobierno ecuatoriano.

Leonidas Iza, recientemente elegido como presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), anunció que buscarán articular con otros sectores del país.

“Es una decisión del congreso y, en consecuencia, lo que tenemos que hacer luego de la posesión es mirar la parte estratégica y lo que corresponda en nuestros territorios“, aseguró Iza en una entrevista radial.

La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine) también han manifestado una postura a favor de la revocatoria.

El líder de Ecuarunari, filial de la la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), también señaló que en este momento existe una reacción negativa frente a lo que está haciendo el Gobierno Nacional.

Para la revocatoria del mandatario, la normativa exige que haya transcurrido el primer año de gestión, que en el caso de Daniel Noboa se cumple el próximo 24 de mayo, tras lo que se puede presentar la solicitud de revocatoria ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Finalmente, para conseguir la revocatoria se debe conseguir al menos el respaldo del 15% del padrón electoral nacional, lo que equivale a cerca de un millón de firmas.

Como se recuerda, Daniel Noboa asumió su segundo periodo como presidente de Ecuador el 24 de mayo del 2025, tras ser elegido a pesar del amplio rechazo de sectores indígenas.

En menos de un año, el Gobierno de Noboa ha impulsado medidas antipopulares y que atentan contra los derechos de pueblos indígenas y campesinos.

Una de las medidas cuestionadas es la expansión del extractivismo mediante reformas normativas que ponen en riesgo derechos colectivos y territorios ancestrales, como han denunciado pueblos indígenas del país.

De igual manera, en alianza con la Asamblea Nacional, ha publicado un decreto que restringe y censura la defensa de derechos, de territorios y de la naturaleza bajo argumentos de ‘fiscalización’ y ‘transparencia’. 

Mientras que, en noviembre del 2025, la propuesta del Gobierno por reducir derechos conquistados y reformar la Constitución ecuatoriana fue ampliamente rechazada.

Estas medidas se enmarcan en un “retroceso de las protecciones medioambientales y el asalto a la integridad constitucional», como han alertado expertos internacionales.
 

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