INFLACIÓN PRIMARIA: Argentina en CRISIS total

Argentina en disputa: energía, territorio y soberanía en tiempos de extractivismo global

Argentina atraviesa una crisis que excede lo económico. La suba de combustibles, tarifas y alimentos se inscribe en una trama donde confluyen geopolítica, extractivismo y control del territorio. La paradoja es evidente: un país con recursos energéticos propios paga precios internacionales como si dependiera del exterior.

Este fenómeno responde a un modelo orientado a la exportación, donde los precios internos del petróleo y el gas se fijan según el mercado global. Así, conflictos lejanos impactan directamente en la vida cotidiana local. El resultado es una “inflación del sector primario”, es decir, un encarecimiento de insumos básicos definido externamente, que se traslada al conjunto de la economía y encarece transporte, alimentos y servicios.

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Lejos de ser neutro, este esquema expresa un alineamiento geopolítico que prioriza la generación de divisas por exportación por sobre el abastecimiento interno. En lugar de consolidar soberanía energética, los recursos se integran como commodities en un sistema global que subordina las necesidades locales.

El fracking condensa esta lógica. Su expansión, orientada a mercados externos, transforma territorios como Neuquén, Río Negro y Chubut en “zonas de sacrificio”, donde el deterioro ambiental y social se acepta como condición para sostener exportaciones. A la par, la compra de tierras en la Patagonia por capitales extranjeros —incluidos actores vinculados a Emiratos Árabes Unidos— profundiza la disputa por el control de recursos estratégicos como el agua y el territorio.

En este contexto, emerge el concepto de post-soberanía. No implica la desaparición del Estado, sino su reconfiguración: las decisiones clave dejan de estar plenamente bajo control nacional y pasan a ser condicionadas por actores globales —corporaciones, finanzas, intereses geopolíticos—. La soberanía se fragmenta y se desplaza, operando en múltiples niveles donde lo local queda subordinado a dinámicas externas.

Sin embargo, esta post-soberanía también abre un campo de disputa. Movimientos socioambientales, comunidades locales y pueblos indígenas redefinen la soberanía desde abajo, como capacidad concreta de decidir sobre los bienes comunes. En ese marco, la soberanía energética deja de ser solo producción y pasa a ser control social sobre el destino de la energía: para quién se produce, bajo qué condiciones y con qué impactos.

La tensión central se expresa en la figura del “ocupante” —ligado al extractivismo— frente al “habitante”, que defiende el territorio como espacio de vida. Esta disputa no es solo ambiental, sino política y económica.

A su vez, este proceso está atravesado por una forma específica de conflicto: la guerra cognitiva de proximidad (proxy). No se libra con armas, sino en el terreno de la percepción. A través de medios mainstream y dispositivos culturales, se construyen narrativas que naturalizan la dependencia, presentan el extractivismo como inevitable y ocultan las decisiones políticas que sostienen este modelo. Es una guerra “de proximidad” porque actúa dentro del propio tejido social, moldeando el sentido común y limitando la capacidad crítica de la población.

Así, la crisis actual no es solo económica: es una crisis de soberanía en transformación. Frente a un modelo que convierte recursos en mercancía y territorios en zonas de sacrificio, emergen alternativas que buscan reconfigurar la soberanía en clave antihegemónica, vinculada a los bienes comunes, la justicia ambiental y la autonomía de los pueblos.

En un mundo en transición hacia la multipolaridad, la disyuntiva es clara: profundizar la dependencia extractiva o construir un horizonte basado en soberanía energética y control social del territorio. El resultado de esa disputa definirá no solo la economía, sino el futuro político y civilizatorio del país.