Gobierno de Bukele acusado por graves crímenes
Informe señala que durante estado de excepción se han cometido graves violaciones a los derechos humanos_Foto: HRW
Informe concluye que el régimen de excepción habría permitido asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias.
El documento que será presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, concluye que existen motivos razonables para creer que el Estado salvadoreño habría cometido asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
La investigación fue elaborada por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador, creado en 2024 e integrado por especialistas independientes.
El informe de 275 páginas se basa en más de 1700 fuentes entre entrevistas a víctimas, documentos oficiales, informes de organismos internacionales, reportes de prensa y estudios de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña.
Según los expertos, el régimen de excepción perdió su carácter temporal y se convirtió en una política de Estado que habría provocado violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos.
El documento sostiene que miles de personas detenidas habrían sido privadas de libertad sin garantías del debido proceso. Además, que en muchas detenciones no se informó razones del arresto y que se basaron en apariencia físico o tatuajes de la persona.
El informe también documenta denuncias de tortura y tratos crueles como golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, privación de alimentos y atención médica, así como condiciones severas de hacinamiento en centros de detención.
Organizaciones de derechos humanos citadas por el documento reportaron cerca de 500 muertes bajo custodia del Estado y al menos 540 casos de desaparición forzada desde el inicio del régimen de excepción.
Los expertos advierten además que la medida también habría sido utilizada contra opositores políticos y voces críticas, lo que configuraría un patrón represivo dentro de la política de seguridad del gobierno.
El informe recomienda crear una comisión independiente de revisión de casos que permita analizar expedientes y buscar soluciones legales para personas detenidas injustamente.
De acuerdo con los especialistas, la posible calificación de estos hechos como crímenes de lesa humanidad implicaría responsabilidades penales individuales que podrían ser investigadas por la justicia internacional.
Con información de El País y SWI
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