Fracking en México: estudio advierte los impactos en el agua y territorios para más de 6 millones de personas
Mientras en México se discute la posibilidad de expandir el uso del fracking, poco se dice sobre dónde se podría llevar a cabo y qué impactos podría tener. Un reciente informe de la organización CartoCrítica advierte que la extracción de gas y petróleo mediante este método implicaría una gran intervención en territorios que habitan casi seis millones de personas en el país.
El estudio —que recopila información de instituciones públicas, atlas geológicos, informes, presentaciones, asignaciones, pozos exploratorios, entre otras fuentes— advierte que las regiones con principales yacimientos no convencionales de hidrocarburos (donde se busca impulsar el fracking) abarcan una zona de influencia de 7.7 millones de hectáreas de siete estados del país. En estas zonas, donde viven unos 6 millones de personas, los investigadores identifican potenciales conflictos por la escasez de agua ante una actividad que demanda grandes cantidades de este recurso, como el fracking.
La investigación identifica también que las zonas de interés atraviesan localidades rurales dispersas, así como a 2405 propiedades comunales, varias de ellas indígenas o con acceso limitado a servicios básicos, como agua, drenaje y servicios de salud.
Autores del estudio alertan que la falta de información pública actualizada impide a las comunidades conocer con precisión si sus territorios forman parte de los planes energéticos del país. Además, especialistas consultados por Mongabay Latam explican los impactos que el fracking tiene en este tipo de territorios no solo en México, sino en otras regiones del continente, como la Patagonia argentina o en la Cuenca Pérmica de Estados Unidos.
Este medio también consultó a la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) para saber si los datos de este estudio forman parte del análisis que realiza el Comité de Científicos y Especialistas creado por la presidenta Sheinbaum para dar una recomendación sobre el tema. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta de la dependencia.
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Fracking en zonas donde falta agua
Una de las zonas que destaca el estudio es la región petrolera Sabinas-Burro Picachos, al norte del país, que se ubica en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, fronterizos con Estados Unidos. La investigación señala que para extraer solo el 10 % de los recursos proyectados en la región se requeriría la explotación de 2233 pozos y 167.5 millones de metros cúbicos de agua dulce para recuperar 6.7 billones de pies cúbicos de gas, equivalentes a dos años del consumo nacional actual de gas.
Sin embargo, el estudio advierte que la demanda de agua para fracking recaería en una región donde el 83 % de la superficie se encuentra en estrés hídrico. Además, cuenta con acuíferos en declive y con una proyección de estrés hídrico alto o extremo hacia 2050.
Manuel Llano, director de CartoCrítica y autor del estudio, explica el dato más relevante tomando en cuenta el contexto hídrico: a nivel nacional 18.6 % del agua requerida para fracking caería en cuencas o acuíferos sin disponibilidad actual. En el caso de la región Sabinas-Burro Picachos ese porcentaje es del 100 %, de acuerdo con la investigación.
“¿De dónde van a sacar el agua, si la cuenca y el acuífero ya no tienen? En el caso de Estados Unidos, ellos utilizan el agua del Río Bravo, pero en el caso de México no tenemos. El conflicto del agua es muy evidente en Sabinas Burro Picachos”, explica el autor a Mongabay Latam.
En esta región del país donde se podría explotar la extracción de no convencionales viven cerca de 1.3 millones de personas, distribuidas en su gran mayoría en 26 localidades urbanas y 1850 rurales.
La demanda de agua para uso de fracking es un punto clave para dimensionar los impactos ambientales de esta industria no solo en México sino en el mundo. Un ejemplo ocurre en la extracción de gas y petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta, en la Patagonia Argentina, donde cada pozo consume durante su estado operativo cerca de 80 millones de litros de agua, cuenta Javier Grosso, profesor de geografía en el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) Fiske Menuco y de la Universidad Nacional del Comahue.
“Los impuestos que se paguen por agua van a ser clave. Si vas a dar prioridad al uso que tengan las petroleras versus el uso productivo o el consumo humano también va a ser clave. No hay fracking seco, necesita gigantescos volúmenes de agua”, dice el especialista a Mongabay Latam.
Grosso destaca que si se decide expandir el fracking, las autoridades deben reconocer que los impactos ambientales van a ser grandes y que se debe considerar al abastecimiento de agua no solo en el presente, sino para los próximos 10 años, así como los pasivos ambientales que se acumulen por el agua contaminada que genera esta actividad.
“Lo que cobre el Estado por esa agua es a sabiendas de que la petrolera te va a devolver un agua totalmente contaminada y que va a inyectar en el subsuelo, ese es un pasivo ambiental acumulativo que en el caso de Texas a fines de 2024 incluso hizo que no se emitieran más permisos de inyección de agua porque no había donde alojarla en el subsuelo. Esa ecuación no se le puede escapar a [Claudia] Sheinbaum”, insiste el especialista.
Entre otros impactos socioambientales asociados al fracking, Grosso también destaca la sismicidad inducida, un fenómeno relacionado a la extracción de no convencionales y que ha sido ampliamente documentado en Sauzal Bonito, una localidad de la provincia de Neuquén, vecina a Vaca Muerta, en Argentina. La zona no había registrado sismos hasta la llegada del fracking.
“Se transformó en la rotura de muchas viviendas, en algunas con colapsos importantes. Las consecuencias de los sismos se materializaron tanto en la calidad de vida de la población como en la infraestructura”, sostiene el investigador e integrante del Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI), que desde el 2019 hace un seguimiento científico del tema.
De acuerdo con el informe de CartoCrítica, la sismicidad asociada al fracking en Estados Unidos también se ha documentado en Kansas con un sismo de magnitud 4.9 vinculado a la inyección de aguas residuales, así como en Oklahoma, donde se detectó un incremento de 900 veces en la actividad sísmica desde 2008, con sismos de magnitud 5.8 en 2011 y 2016.
Una actividad que revela más desigualdades
La región petrolera de Burgos, que abarca zonas de los estados fronterizos de Nuevo León y Tamaulipas, es otra de las áreas que concentran un gran interés de hidrocarburos no convencionales, especialmente gas seco, compuesto esencialmente por metano; y húmedo, con una proporción de hidrocarburos líquidos, de acuerdo con el estudio, el cual detecta otro conflicto potencial: la dispersión de la población rural de 2651 localidades.
En el área susceptible de explotación mediante fracking viven más de 358 944 personas y el 22 % de la zona de no convencionales corresponde a ejidos —una forma de propiedad social del territorio— y comunidades.
El estudio advierte los riesgos de implementar fracking en una región donde una de cada cinco viviendas no tiene drenaje y donde hay mayores dificultades para recibir servicios de salud. “Esto vuelve la extracción de gas no convencional no sólo un asunto técnico o energético, sino una intervención territorial que implicaría ocupación de tierras, servidumbres, tránsito pesado, infraestructura y posibles conflictos por agua y compensaciones”, señala la investigación.
Llano afirma que en esta región del país la población está “atomizada”, es decir, pocas personas con alta dispersión geográfica, lo que dificulta el monitoreo y atención de cualquier impacto que pueda producir el fracking en sus vidas.
“¿Cómo le haría la autoridad? Que no monitorea ni los pozos que tiene regados en una densidad altísima en torno a Papantla, Poza Rica [en el estado petrolero de Veracruz], una zona súper intervenida por los hidrocarburos y donde están completamente fuera de cualquier regulación”, cuestiona el investigador.
Para Aleida Azamar Alonso, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y vicepresidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, este tipo de conflictos potenciales revelan las desigualdades y presiones que se viven en los territorios donde se busca extraer hidrocarburos no convencionales, por lo que considera que deben evaluarse no solo impactos ambientales, sino también sociales y culturales.
“El fracking no llega a territorios vacíos ni homogéneos. En Burgos, la dispersión de las comunidades rurales dificulta la información, la organización y la vigilancia, por eso las afectaciones quedan fragmentadas e incluso invisibilizadas. Se demuestra que el fracking agrava problemas preexistentes y produce nuevas formas de despojo y conflictividad”, señala la experta a Mongabay Latam.
Esto suele reflejarse, explica Azamar, en la privatización de espacios comunes necesarios para la vida y para actividades productivas que van fragmentando el paisaje. “Se cierran pozos, se impide el paso a lagos o se contaminan los ríos y eso afecta el consumo doméstico, la agricultura, la ganadería y la vida misma de las familias. Son afectaciones que pueden parecer aisladas, pero que juntas modifican la vida de estos lugares”, agrega.
Al respecto, Grosso señala que la llegada de fracking a zonas que no estaban habituadas a este tipo de actividades cambia drásticamente el territorio, lo que impacta en la vida diaria de las poblaciones, como en el caso de Sauzal Bonito, Argentina, que desde 2018 comenzó a registrar actividad sísmica frecuente por la extracción de hidrocarburos. De acuerdo con el Observatorio de Sismicidad Inducida, hasta mayo de 2026 se registraron 508 sismos en torno al proyecto de Vaca Muerta.
“El paisaje del fracking en una zona en la que no ha habido actividad hidrocarburífera es muy acelerado, cambia drásticamente en poco tiempo. En los alrededores de Añelo, que es el centro del fracking en Vaca Muerta, en los 15 años en los que ha desembarcado el proyecto ha cambiado absolutamente”, cuenta el especialista.
La transformación, especialmente en ambiente semiáridos, implica el levantamiento de polvo que provoca deficiencia en la fotosíntesis de la vegetación cercana a las rutas de los pozos y de la cual se alimentan otras especies.
“La fauna natural se ha ido alejando de esos espacios por el propio movimiento, el ruido. Animales que antes se veían en estas zonas, como el guanaco, los armadillos, liebres, siempre han estado presentes. Hoy ya se ven muy pocos animales”, señala Grosso.
Conflictos potenciales (y actuales) en territorios indígenas
La investigación de CartoCrítica expone un tercer foco rojo en la explotación del fracking ubicado en la región Tampico-Misantla, que abarca zonas de los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Además del riesgo crítico por el agua, el estudio apunta a conflictos territoriales, ya que atravesaría 2081 ejidos y bienes comunales y los territorios de 871 066 hablantes de lenguas indígenas, entre ellas teenek, nahua, otomí, tepehua y totonaco.
En la zona de potenciales impactos viven más de 4.4 millones de personas, distribuidas entre 132 localidades urbanas y más de 13 500 localidades rurales. “Tampico-Misantla plantea un balance difícil de sostener: recursos prospectivos y de horizonte limitado frente a una intervención hídrica, territorial y social de gran escala”, advierte el documento.
En esta región los conflictos por fracking ya existen desde 1997 en el municipio de Papantla, Veracruz, donde las comunidades indígenas mantienen una resistencia a la expansión del fracking en sus territorios.
Francisco Xavier Martínez Esponda, fundador y coordinador de Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), una organización que acompaña casos de poblaciones indígenas afectadas, explica que pueblos totonacos han sido desplazados y afectados por esta industria, por lo que existe una fuerte resistencia a que la extracción de no convencionales avance en la región.
“En el caso de los totonacos, estamos viendo la invasión de su territorio sin que se les haya brindado información suficiente, completa y culturalmente adecuada, sin que hayan obtenido su consentimiento. El fracking a la escala que se practica es un megaproyecto y la consecuencia es que te desplazan”, dice el defensor a Mongabay Latam.
Si bien en esta región el estudio identifica un menor estrés hídrico que las otras regiones, un 9 % de la zona de interés y con declive en un 27 % de sus acuíferos, la demanda de fracking consumiría casi el 75 % del agua disponible en la zona.
“En el pueblo de Emiliano Zapata [Papantla, Veracruz] la gente construyó sus pozos artesanales con sus manos, con sus recursos y de pronto el agua empezó a aparecer con aceites”, cuenta Martínez y agrega que desde 2022 se presentó un amparo para detener la exploración y explotación de pozos del municipio mediante fracking.
La Asamblea del Trueno, que agrupa a poblaciones indígenas que rechazan el fracking en la región, emitió un posicionamiento en junio pasado donde expone afectaciones históricas en la región y la falta de consulta. Además, llama a la presidenta Claudia Sheinbaum a replantear la intención de seguir explotando hidrocarburos.
“Evidenciamos afectaciones en la salud de nuestros animales, plantas y cultivos, así como la esterilización de la tierra como resultado de la presencia de sustancias venenosas en el subsuelo, lo que a su vez provoca una baja producción en el campo y la migración constante de nuestros jóvenes fuera del territorio, ante la falta de oportunidades y la preocupación e incertidumbre permanente por el futuro en la región”, sostiene el posicionamiento ante lo que identifican como una cada vez mayor contaminación de agua y el suelo por derrames.
Azamar, quien ha estudiado la conflictividad del fracking en México, sostiene que en esta región el principal riesgo es que profundice procesos de despojo que suelen darse mediante la expulsión directa de comunidades o el abandono institucional.
“Muchas veces el despojo también lo hacen por medio de contratos leoninos, servidumbres, ocupaciones temporales, compensaciones económicas o acuerdos de palabra que no se cumplen”, explica la especialista a Mongabay Latam y agrega que la regulación y la consulta son indispensables.
“En las condiciones actuales difícilmente serían suficientes para prevenir los conflictos, pues para regular una actividad de alto riesgo se necesita, primero, información pública, precisa y verificable. Desafortunadamente no es algo a lo que se pueda acceder en nuestro país de forma sencilla”, sostiene.
Azamar advierte que sin información pública sobre la ubicación de los pozos, las sustancias utilizadas, los volúmenes de agua requeridos y las condiciones ambientales de cada territorio, la vigilancia se vuelve “prácticamente imposible”.
Tanto Azamar como Grosso coinciden en que existe también un riesgo de cooptación y división en los territorios que son de interés para la industria del fracking.
“Van a buscar la ruptura, las tensiones y van a romper lazos comunitarios a través del dinero. Tienen un caudal de capital gigantesco, además de que el tiempo corre a favor de ellos. El escenario para el que deben prepararse es de fractura”, advierte Grosso
*Imagen principal: las regiones donde se busca expandir el fracking en México son zonas donde viven más de 6 millones de personas. Foto: cortesía Alianza Mexicana contra el Fracking
Fuente: es.mongabay.com
