«En los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí hay una continuidad en la defensa de la minería»

En septiembre se han producido 230 acciones colectivas de protesta social en Perú (150 en 2024), informa el Observatorio de   Conflictos Mineros en el Perú con datos de la Defensoría del Pueblo; asimismo, cerca de la mitad de los conflictos sociales son de carácter socioambiental (relacionados principalmente con la actividad minera y también los hidrocarburos); las concesiones mineras ocupan cerca del 16% del territorio nacional.

La Red Muqui defiende los derechos de las comunidades al desarrollo sostenible frente a la gran minería; surgida en 2003, desarrolla labores de acompañamiento a las poblaciones afectadas; el colectivo está formado por 30 organizaciones de 11 regiones de Perú.

Jaime Borda es secretario ejecutivo de la Red Muqui y comunicador social; participó el 20 de noviembre en un conversatorio organizado en la Facultat de Ciències Socials de Valencia por la ONG Entrepobles, con el título de Cuerpos, territorios y derechos en disputa.

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-P: En los últimos años la Red Muqui ha documentado numerosos casos de conflictos mineros en Perú, de gran impacto en los derechos humanos y ambientales. ¿Puedes mencionar algún caso representativo?

-JB: Por ejemplo el protagonizado por la compañía suiza Glencore, que desde hace años emprende un proyecto de explotación de cobre en la provincia de Espinar (Cusco), al sur del país; en mayo de 2012 se produjo un enfrentamiento y represión muy dura contra las comunidades que protestaban; como periodista hice la cobertura de los hechos; se declaró el Estado de Emergencia, y tanto la acción de las fuerzas armadas como de la policía se saldó con tres personas asesinadas, decenas de heridas, detenidas y torturadas; asimismo fuimos acusados de una serie de delitos que no cometimos: instigadores, promoción de la violencia u obstrucción de las vías.

-P: ¿Destacarías algún ejemplo más reciente?

-JB: Los últimos casos que hemos acompañado, mediante asistencia y defensa legal, están relacionados con la represión promovida por la expresidenta, Dina Boluarte, en 2022 y 2023 contra la población que se manifestaba; murieron 49 personas; informes de Human Rights Watch (HRW) denunciaron ejecuciones extrajudiciales y otros abusos brutales de las fuerzas de seguridad;  Amnistía Internacional (AI) señaló que a las personas manifestantes se las calificó de “terroristas”.

En sólo un día, el 9 de enero de 2023, la Policía Nacional asesinó a 18 personas en la ciudad de Juliaca, durante el paro desarrollado en el departamento de Puno; fue atroz, una brutalidad; de hecho, los manifestantes muertos y heridos eran civiles desarmados.

­-P: En las conferencias organizadas por Entrepobles en Valencia, ha participado la docente y defensora ambiental, Lizbeth Abarca Peña. ¿Por qué es relevante la lucha de esta lideresa?

-JB: Lizbeth viene de la provincia de Cotabambas, en el departamento de Apurímac, al sur del Perú; un conflicto emblemático es el del megaproyecto minero Las Bambas para la extracción de cobre; en septiembre de 2015 hubo tres personas asesinadas y decenas de heridas -durante las protestas- por la intervención de los agentes policiales; sin embargo, 11 personas defensoras, entre ellas Lizbeth, fueron denunciadas y -tras casi diez años de proceso judicial- resultaron absueltas en abril de 2025; Lizbeth Abarca es integrante de la Asociación de Defensoras y Defensores Criminalizados de Cotabambas.

-P. ¿Cómo resumirías el caso de Tía María, en el Valle del Tambo (provincia de Islay, Arequipa)?

-JB: Es otro ejemplo de imposición en un proyecto de minería de cobre -sin aceptación social- operado por la el grupo mexicano Southern Cooper Corporation; el movimiento de resistencia a Tía María defiende -durante más de 15 años- un modelo económico local basado en la agricultura, ya que en el Valle del Tambo se produce ajo, arroz, maíz, cebolla y otros alimentos.

Una consulta vecinal organizada por los agricultores en 2009 registró un rechazo del 97% al proyecto minero; pero el gobierno continúa imponiéndolo; el año pasado y éste se han producido constantes ataques, hostigamientos y citaciones judiciales a los voceros y defensores ambientales del Valle del Tambo; en realidad, con Dina Boluarte y el actual presidente, José Jerí, hay una continuidad en la política minera.

-P: ¿Destacas algunas victorias de las organizaciones populares?

-JB: Creo que hay que valorar algunas sentencias positivas; como la absolución de los defensores de Cotabambas, aunque sea después de una década.

Otra resolución judicial reseñable es la relacionada con el río Marañón, en la Amazonía peruana; en marzo de 2024, la Corte Superior de Justicia de Loreto sentenció que el río es sujeto de derechos, ya que tiene un carácter sagrado y forma parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas.

Asimismo, en la región de Puno, el Consejo Regional  ha reconocido a finales de abril que el lago Titicaca es sujeto de derechos.

-P: ¿Se hacen eco los medios de comunicación de los conflictos territoriales y ambientales?

-JB: Llegan a algunos medios informativos de cobertura más o menos mediana; sin embargo, no alcanzan necesariamente a los grandes medios, porque estos trabajan de cerca con los grandes intereses de la minería; pero hay otros canales, como el periódico digital Wayka, el medio de investigación OjoPúblico y también La Mula.

Hoy la población de clase media y joven se informa, en general, a través de las redes sociales; los medios tradicionales, como el Grupo El Comercio, difunden básicamente información que no es real o hacen propaganda al Estado y las grandes empresas.

-P: ¿De qué modo se estructuran, a grandes rasgos, los grandes intereses que citas?

-JB: Los gremios mineros están organizados en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); en Perú están implantadas las compañías canadienses, estadounidenses, chinas o suizas; así, la minera china Shougang explota el hierro en la región de Ica; esta compañía ha sido denunciada por vulneración de los derechos laborales.

Southern, que desarrolla el proyecto Tía María, fue sancionada por violar las normativas ambientales en sus minas de Moquegua y Tacna.

Por otra parte, en la ciudad de Cerro de Pasco se ubica un tajo abierto enorme y la población vive afectada por la contaminación ambiental y las problemáticas de salud (metales pesados en el cuerpo y la sangre); el motivo es la actividad de la minera Volcan, cuya matriz fue la suiza Glencore y actualmente está controlada por Integra Capital.

-P: Por último, ¿se han producido avances respecto a la protección de la salud?

-JB: Lamentablemente hemos mejorado poco; tras más de 30 años de explotación minera en Perú -gran minería, principalmente- los impactos ambientales y en la salud humana son evidentes. Hay reportes del Ministerio de Salud que afirman que más de 10 millones de personas están expuestas a los metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas -plomo, arsénico, cadmio o mercurio-, principalmente en zonas de actividades extractivas;  en muchos casos los afectados son niños.

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