Las portadas en blanco de los diarios de circulación nacional Expreso y Extra constituyen una señal de alerta en medio de un clima creciente de amenazas contra quienes ejercen un periodismo crítico.

La empresa Gráficos Nacionales denunció públicamente una presunta estrategia jurídico-política, liderada por el Gobierno Nacional, para apoderarse del 40 % de su paquete accionario. Esta acción se ejecutaría a través de la Fiscalía General del Estado y de un liquidador, con el fin de transferir dichas acciones al control estatal.

La compañía ya había advertido anteriormente sobre lo que denomina “falsas acusaciones” de fraude tributario y lavado de activos, así como sobre la filtración de datos por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI), hechos que interpreta como parte de una estrategia sistemática de desprestigio y asfixia económica.

Si bien el gobierno de Daniel Noboa no ha clausurado directamente medios ni ha instaurado una censura abierta, la libertad de expresión no debe medirse únicamente por lo que el poder prohíbe, sino por las condiciones reales en las que se ejerce. Y en Ecuador, desde hace tiempo, esas condiciones se han ido deteriorando.

Se está configurando un clima de temor. A ello se suma la compra —literal— de medios de comunicación, a través de asambleístas oficialistas o de empresarios afines, que terminan convirtiendo a medios tradicionales y digitales en meras cajas de resonancia de la “verdad” oficial, en difusores de contenidos banales o en plataformas de ataques selectivos contra adversarios políticos.

En paralelo, proliferan en el ecosistema digital múltiples cuentas pseudoperiodísticas que funcionan como punta de lanza de campañas de desprestigio claramente direccionadas.

Todo esto contamina la opinión pública, genera confusión y contribuye a un clima de polarización, odio y distorsión de la verdad. Frente a ello, la sociedad ecuatoriana, las organizaciones sociales y los gremios nacionales e internacionales deben mantenerse vigilantes ante las amenazas a la libertad de expresión.

Radio Pichincha también alerta a su audiencia sobre un prolongado historial de ataques, acoso institucional disfrazado de control y amenazas de diversa índole, ya denunciadas ante el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico.

Las instituciones del Estado no pueden convertirse en herramientas de persecución del poder de turno. Es indispensable garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.

Los medios que mantienen una línea editorial crítica no pueden ser objeto de acoso, amenazas o represalias por cumplir su compromiso con la ciudadanía.

Fuente: rebelion.org

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