Las portadas en blanco de los diarios de circulación nacional Expreso
y Extra constituyen una señal de alerta en medio de un clima creciente
de amenazas contra quienes ejercen un periodismo crítico.
La empresa Gráficos Nacionales denunció públicamente una presunta
estrategia jurídico-política, liderada por el Gobierno Nacional, para
apoderarse del 40 % de su paquete accionario. Esta acción se
ejecutaría a través de la Fiscalía General del Estado y de un
liquidador, con el fin de transferir dichas acciones al control estatal.
La compañía ya había advertido anteriormente sobre lo que denomina
“falsas acusaciones” de fraude tributario y lavado de activos, así como
sobre la filtración de datos por parte del Servicio de Rentas Internas
(SRI), hechos que interpreta como parte de una estrategia sistemática de
desprestigio y asfixia económica.
Si bien el gobierno de Daniel Noboa no ha clausurado directamente
medios ni ha instaurado una censura abierta, la libertad de expresión no
debe medirse únicamente por lo que el poder prohíbe, sino por las
condiciones reales en las que se ejerce. Y en Ecuador, desde hace tiempo, esas condiciones se han ido deteriorando.
Se está configurando un clima de temor. A ello se suma la compra
—literal— de medios de comunicación, a través de asambleístas
oficialistas o de empresarios afines, que terminan convirtiendo a medios
tradicionales y digitales en meras cajas de resonancia de la “verdad”
oficial, en difusores de contenidos banales o en plataformas de ataques
selectivos contra adversarios políticos.
En paralelo, proliferan en el ecosistema digital múltiples cuentas
pseudoperiodísticas que funcionan como punta de lanza de campañas de
desprestigio claramente direccionadas.
Todo esto contamina la opinión pública, genera confusión y contribuye
a un clima de polarización, odio y distorsión de la verdad. Frente a
ello, la sociedad ecuatoriana, las organizaciones sociales y los gremios
nacionales e internacionales deben mantenerse vigilantes ante las
amenazas a la libertad de expresión.
Radio Pichincha también alerta a su audiencia sobre un
prolongado historial de ataques, acoso institucional disfrazado de
control y amenazas de diversa índole, ya denunciadas ante el Mecanismo
de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico.
Las instituciones del Estado no pueden convertirse en herramientas de
persecución del poder de turno. Es indispensable garantizar el
ejercicio de la libertad de expresión.
Los medios que mantienen una línea editorial crítica no pueden ser objeto de acoso, amenazas o represalias por cumplir su compromiso con la ciudadanía.
Fuente:
rebelion.org