Familiares de víctimas exigen destitución del titular de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) por obstaculizar el avance de los procesos.
Los familiares de víctimas de desapariciones lo acusan de paralizar procesos humanitarios y promover cambios normativos que ponen en riesgo miles de casos aún pendientes.
Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), la gestión de Pacheco, ha paralizado procesos de búsqueda humanitaria en varias regiones sin justificación técnica ni legal, afectando esfuerzos que durante años han sostenido los familiares.
Además, la Cnddhh precisa que Pacheco ha implementado una nueva directiva sin consultar a los familiares de las víctimas en las que reduce el tiempo de búsqueda a 18 meses, lo que favorece la impunidad.

“La búsqueda no puede tener plazos. Hemos buscado por más de 40 años y vamos a seguir buscando”, dijo Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz, desaparecido durante la dictadura de Fujimori, en una entrevista para La Jornada.
Según el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, la actual gestión ha paralizado búsquedas en regiones como Ayacucho, Junín y Huánuco, afectando más de 19 mil casos aún sin resolver.
Las asociaciones también cuestionan que durante la gestión de Pacheco se hayan dejado de convocar a espacios participativos creados en 2017, como los grupos de trabajo con familiares, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público.
Por este motivo a través de un comunicado la Cnddhh y otras organizaciones rechazan los intentos de imponer una nueva normativa que desconoce el enfoque territorial y por patrones de desaparición colectiva de muchos crímenes.
El documento señala que de implementarse esta nueva normativa, la búsqueda de personas desaparecidas será reducida a trámites administrativos ignorando su carácter humanitario, histórico y reparador.
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