Condenable masacre de campesinos hondureños
Foto: Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)
Organizaciones llaman a investigar crimen con celeridad y transparencia. Denuncian relación del agronegocio con la violencia en zona que forma parte del Bajo Aguán.
La Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) repudió el hecho en esta zona agraria marcada por la violencia y exigió a las autoridades estatales investigar el crimen de manera inmediata, exhaustiva y transparente.
Ante el hecho, la organización campesina denunció la violencia sistemática y criminalización que sufren familias campesinas de la zona por defender su derecho a la tierra y a una vida digna.
Tras la masacre, ocurrida en la madrugada del 21 de mayo, el Ministerio Público de Honduras informó que se logró identificar a 19 víctimas, entre hombres y mujeres de diversas edades, incluyendo dos menores de 14 años.
Las víctimas se habrían estado preparando para iniciar su jornada laboral en una finca de palma africana cuando fueron atacadas por varios hombres armados que habrían estado con vestimenta similar a la de efectivos policiales, de acuerdo a fuentes locales.
Entre las víctimas se encontraban integrantes de la CNTC, así como jóvenes hijos de socios del Movimiento Campesino de Rigores.
“La sangre de la juventud campesina sigue corriendo ante la mirada indiferente de quienes deben garantizar la seguridad ciudadana”, señaló la organización.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunció que las masacres son utilizadas como un instrumento de terror y control.
“Este acto brutal de exterminio es una clara amenaza para quienes defienden la tierra y el territorio y luchan contra el despojo de los terratenientes y empresarios de la palma que se han encargado de ensangrentar el territorio del Bajo Aguán”, alertaron.
De igual manera, la Red rechazó la militarización de la zona, debido a que las fuerzas armadas serían “perpetradores y cómplices” de la violencia hacia los campesinos.
La zona del Bajo Aguán, ubicada en en el departamento de Colón, al noreste de Honduras, es conocida por ser una región agrícola que en la década de 1970 atravesó por un proceso de reforma agraria que benefició a cooperativas campesinas.
Sin embargo, en 1990, el Estado hondureño creó leyes que generaron el despojo de comunidades campesinas por grandes corporaciones agroindustriales, con lo que se dio pie a un conflicto que sigue vigente en la actualidad.
“La violencia contra las comunidades rurales está profundamente vinculada al modelo de concentración de tierras, al avance del agronegocio y a la criminalización de quienes defienden la tierras, el territorio, las semillas y la vida campesina”, resaltó la CNTC.
De igual manera, La Vía Campesina Honduras instó al Estado a un reconocimiento público del vínculo entre la concentración de tierras en manos del agronegocio y la violencia que padecen las comunidades rurales del país.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras llamó a desmantelar las estructuras criminales que operan en la zona.
Como ha constatado el organismo, la violencia en la zona ha provocado desplazamientos forzados, riesgos para las comunidades rurales y afectaciones al ejercicio de los derechos humanos.
“Esta problemática constituye un desafío persistente con raíces estructurales, que se entrecruza con la pobreza y la desigualdad, la violencia, la impunidad y la limitada presencia estatal”, señaló Juan Carlos Monge, representante del organismo en Honduras.
La OACNUDH apuntó que los hechos de violencia evidencian la necesidad urgente de abordar de manera integral la conflictividad histórica vinculada a la tierra y el territorio, así como fortalecer respuestas integrales de prevención y protección.
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