La Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Fundación para la Libertad de Prensa advirtieron públicamente sobre las acciones y la postura hostil del ultraconservador hacia la libertad de expresión.

La Fundación para la Libertad de Prensa advierte que: “El patrón de ataques de Abelardo de la Espriella en contra de la prensa es evidente: descalificaciones públicas, señalamientos sobre presuntas agendas políticas, acoso judicial contra periodistas”.

Asimismo, “cuestionamientos infundados a la independencia y acciones orientadas a deslegitimar el trabajo periodístico sobre asuntos de interés público relacionados con su candidatura”,

Como abogado, de la Espriella promovió demandas penales y civiles en contra de la difusión de inofrmaciones y opiniones y hubo casos en los que contó con la complicidad de jueces que impusieron embargos a propiedades de periodistas querellados, sin que hubiera sentencia firme.

Este tipo de riesgo coloca en aprietos al periodista acusado, que termina “censurándose y pensándolo dos veces, porque tiene que enfrentarse a estos casos judiciales complicadísimos”, declaró Óscar Parra, director de la publicación Rutas del Conflicto, a France 24.

La emisora francesa citó el caso del periodista Ignacio Gómez, director actual del medio Noticias Uno, a quien De la Espriella denunció judicialmente porque expresó en su cuenta en X que el abogado se vio beneficiado con una “absolución exprés” en un proceso disciplinario.

France 24 agregó que el litigio duró varios años, durante los cuales el periodista sufrió el embargo de inmuebles.

Otro medio local, Cuestión Pública, publicó en X que De la Espriella denunció a periodistas en 109 oportunidades, entre 2008 y 2019 acusados de calumnias e injurias.

El medio Cambio recibió una solicitud de rectificación a nombre del movimiento Defensores de la Patria por publicar el artículo “Campaña de Abelardo de la Espriella registró pagos por 1.299 millones a una empresa fantasma”.

De la Espriella y su abogado, Germán Calderón España, aseguraron que el medio publicó información falsa y la acusó de hacer “un juego sucio para causar un desequilibrio informático y presuntamente pretender alterar el resultado electoral de segunda vuelta”.

En el documento, etiquetan al periodista Daniel Coronell como “periodista activista ideológico de izquierda”, y anuncian la posibilidad de acudir a instancias judiciales si el medio no responde a la solicitud.

Horas después, Germán Calderón España publicó un video en su cuenta de X afirmando que “la Revista Cambio se ha perfilado por tener unos periodistas activistas ideológicos que han atacado a Abelardo de la Espriella desde el inicio de la campaña”.

Y posteriormente, haciendo referencia al medio, le escribió al director de Cambio, Federico Gómez Lara, que son “éticamente responsables indirectamente” con la comisión de algunos delitos.

El 17 de junio y en una entrevista con Caracol TV, el candidato De La Espriella aseguró que “hay periodistas que ejercen proselitismo político. A esos no les va a ir bien en mi gobierno”.

Una diferencia sustancial entre ser de derecha y de ultraderecha es que éste último no respeta los derechos y las libertades fundamentales de un estado democrático de derecho.

Por esto, bajo la promesa conservadora de “seguridad”, De la Espriella recibió el apoyo de otros exponentes ultraderechistas y opuestos a la libertad de expresión, como el presidente estadounidense, Donald Trump, y el argentino, Javier Milei.

También Keiko Fujimori, sin haber juramentado como presidenta, no dudó en expresar su saludo a De la Espriella. No es casualidad que en Perú la mayoría del parlamento unicameral dejó una secuela de amenazas a la libertad de expresión.

Para la FLIP, las afirmaciones de Abelardo De la Espriella sugieren un trato diferenciado hacia periodistas en función de sus opiniones o de la percepción que el propio candidato tenga sobre su trabajo. 

En una democracia, ningún gobernante puede condicionar las garantías para el ejercicio periodístico al grado de afinidad o simpatía que le generen los medios y periodistas que lo cubren.

Estas acciones limitan el debate público, reducen el flujo de información para la ciudadanía y afectan las condiciones necesarias para la rendición de cuentas democrática.

Si bien los actores políticos pueden acudir a los mecanismos legales disponibles para controvertir información que consideren inexacta, estas herramientas no pueden convertirse en mecanismos de silenciamiento ni para castigar, intimidar o desalentar la labor periodística.

Esta preocupación se profundiza si se tiene en cuenta que los ataques de De La Espriella también han alcanzado a organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de prensa, como la FLIP. 

Deslegitimarlas busca debilitar la credibilidad de quienes documentan, denuncian, acompañan y protegen a periodistas víctimas de agresiones, y deteriora las condiciones para la defensa del espacio cívico y las libertades fundamentales.

La protección de la libertad de prensa consiste en asegurar las condiciones para que las y los periodistas, incluidos quienes investigan, cuestionan o incomodan al poder, puedan ejercer su labor sin estigmatización, represalias o presiones indebidas.

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