La presidenta del Perú, promulgó la Ley de amnistía o impunidad a pesar de las recomendaciones de la Corte IDH. 

A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió al Perú no promulgar la norma y abstenerse de aplicarla, en un acto de rebeldía, Boluarte dio el visto bueno a la autógrafa en un evento público, en presencia de ministros y otras autoridades.

La ley otorga amnistía a militares, policías e integrantes de comités de autodefensa que cumplen condena efectiva o suspendida por delitos cometidos durante el conflicto armado interno.

“Hoy con la promulgación de esa Ley de amnistía, el Gobierno peruano y el Congreso de la República, les devolvemos [a los policías y militares], la dignidad que nunca debió ser cuestionada. Con esta amnistía histórica, el Perú está honrando a sus defensores rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa” dijo la mandataria.

A través de un pronunciamiento la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), mostró su profundo rechazo e indignación a la decisión de Boluarte.

“No puede haber paz sin justicia. Pretender voltear la página sin verdad y justicia es un grave retroceso para nuestro país (…). Los crímenes cometidos no fueron excesos ni errores: fueron violaciones graves a los derechos humanos”, escribieron.

Sin embargo, según el discurso preparado por Boluarte, los policías y militares actuaron en defensa del estado de derecho y fueron “los verdaderos defensores de la patria”.

“No podemos aceptar que hombres de 70 u 80 años que cumplieron con su deber constitucional de defender el estado de derecho sigan cargando cadenas judiciales que destruyen sus vidas y sus familias”, declaró Boluarte.

La presidenta deja de lado el reclamo y búsqueda de justicia de miles de familiares de víctimas que hasta ahora siguen procesos judiciales en busca de la verdad y sin encontrar a sus desaparecidos.

A través de sus redes sociales el abogado y fundador del Instituto de Defensa Legal, Ernesto de la Jara, señaló entre los asistentes a Juan Rivero Lazo, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), que fue procesado junto a otros miembros del Grupo Colina.

“A él se le condenó a 25 años, al igual que a muchos otros colinas. Recordemos que, sobre este grupo militar asesino, que fue ejecutando extrajudicialmente por todo el país durante los años de Fujimori y Montesinos existen unas 10 colaboraciones eficaces, aprobadas por fiscales y jueces, en las que se cuenta al detalle sobre cómo se secuestraba, torturaba y matada” escribió a través de su cuenta de Facebook.

Para la presidenta la norma fue promulgada considerando el marco jurídico nacional e internacional, respetando los derechos humanos. Sin embargo, el derecho internacional no admite amnistía alguna para violadores de derechos humanos ni por crímenes de lesa humanidad.

En un artículo reciente, Juanita Goebertus directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) calificó la aprobación de la ley como “una traición a las víctimas”.

Agregó que: “La ley socava décadas de esfuerzos que buscan garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas y debilita aún más el Estado de derecho en el país”.

En el documento publicado por HRW hace énfasis en que el Perú tiene la obligación de investigar, enjuiciar y sancionar las violaciones graves de derechos humanos en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Resalta que, las leyes de amnistía que impiden la rendición de cuentas por delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura violan estas obligaciones y les niegan a las víctimas su derecho a la justicia.

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