Durante décadas, la historia oficial australiana ha silenciado uno de los capítulos más oscuros de su pasado: el exterminio sistemático de los pueblos aborígenes tras la llegada de los colonos europeos.
Sin embargo, una reciente investigación académica ha calificado por primera vez estos crímenes como un auténtico genocidio, desafiando los cimientos de la narrativa nacional y abriendo una herida que sigue supurando en la memoria colectiva del país.
Según un informe elaborado por
historiadores de la Universidad de Newcastle, más de 10,000 aborígenes fueron
asesinados deliberadamente entre los siglos XVIII y XX. Las matanzas no fueron
aisladas ni fortuitas, sino parte de una política encubierta —aunque a veces
explícitamente justificada— para “limpiar” territorios que los colonos
británicos codiciaban para la agricultura y la expansión.
El estudio localizó más de 420 sitios de
masacres distribuidos por todo el continente, desde Queensland hasta Tasmania,
confirmando lo que las comunidades indígenas han denunciado por generaciones.
Muchas de estas matanzas fueron perpetradas por milicias paramilitares
contratadas por colonos, o incluso por unidades policiales bajo el auspicio del
Estado colonial. La mayoría de las víctimas eran hombres, mujeres y niños
desarmados, asesinados sin juicio ni remordimiento.
A pesar de la magnitud de estos crímenes,
el Estado australiano ha tardado más de dos siglos en comenzar a asumir su
responsabilidad. El negacionismo ha sido un componente estructural de la
educación, los medios de comunicación y la política nacional. Sólo en los
últimos años —y con una presión creciente desde las comunidades indígenas y
organizaciones de derechos humanos— ha comenzado a abrirse paso una narrativa
más honesta.
El informe destaca que el genocidio no sólo
fue físico, sino también cultural. La separación forzosa de niños indígenas de
sus familias, lo que hoy se conoce como las «Generaciones Robadas»,
constituye otra forma de exterminio: el intento deliberado de erradicar una
cultura, una identidad, una cosmovisión.
Aún más alarmante es la escasa o nula
rendición de cuentas. No hay registros de que los responsables de estas
masacres —muchos de ellos incluso celebrados como «pioneros» en
monumentos públicos— hayan sido juzgados. Este silencio institucional ha
perpetuado el trauma y el racismo estructural que persiste hasta hoy.
El reconocimiento de estos crímenes como
genocidio no es solo una cuestión semántica. Es un paso esencial hacia la
justicia histórica. Llamar genocidio al genocidio obliga al Estado australiano
a replantear su relación con los pueblos indígenas, desde el reconocimiento
territorial hasta la reparación simbólica y material.
La gran pregunta que se impone ahora es: ¿tendrá Australia el valor político y moral de afrontar las consecuencias de esta verdad histórica? ¿O seguirá navegando en la cómoda niebla del olvido, mientras sus primeros habitantes continúan esperando justicia?
Ver: https://c21ch.newcastle.edu.au/colonialmassacres/introduction.php
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Fuente:
rebelion.org