Audiencia clave para Perú en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Los participantes destacaron las restricciones sistemáticas a las organizaciones de la sociedad civil y el deterioro del entorno para la participación democrática bajo el actual gobierno de Dina Boluarte
La audiencia se efectuó como parte del 193 periodo ordinario de sesiones de la CIDH para ventilar los impactos de la Ley 32301 que aprobó el Congreso y que modifica la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Las organizaciones de la sociedad civil alertaron que la Ley 32301 vulnera derechos fundamentales, restringe la libertad de asociación, obstaculiza la defensa de derechos humanos y favorece la impunidad.
Todo ello ocurre en un contexto de marcado deterioro institucional, hostigamiento a fiscales y a personas defensoras y riesgo democrático en Perú.
Entre los participantes estuvieron Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y Cyrus R. Vance Center for International Justice.
Asimismo, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Red Pro Bono de las Américas y Robert F. Kennedy Human Rights.
También participaron –con igual número de tiempo– los representantes del Estado de Perú quienes defendieron la legalidad de la norma con el argumento de que fue expedida por un Congreso legítimamente democrático.
Los voceros del Estado peruano insistieron en que quienes se oponen a la legalidad de la Ley 32301 deben agotar el espacio nacional y presentar cualquier cuestionamiento ante el Tribunal Constitucional.
Como si el Perú viviera en un paraíso democrático el Estado sostuvo que la Ley 32301 está orientada a fortalecer la transparencia, sin criminalizar a las organizaciones no gubernamentales ni restringir derechos.
También reafirmó su compromiso con la democracia, la justicia, la cooperación y la libertad de asociación.
Por su parte la CIDH reiteró su preocupación por los efectos de la ley en organizaciones defensoras y víctimas, así como por su impacto en la sostenibilidad financiera de quienes defienden derechos, y solicitó autorización para realizar una visita in loco al país.
A continuación compartimos el vídeo de la audiencia desarrollada:
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